Es el litigio por la expropiación que ordenó Cristina Kirchner de la petrolera estatal. Si no se cumple pueden correr los embargos. El Gobierno solicitó más plazo para «familiarizarse con el caso».
La Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de la Argentina para presentar la garantía en el multimillonario juicio por la expropiación de YPF.
El Gobierno tiene tiempo ahora de pagar hasta el 10 de enero. Caso contrario, comenzarán los pedidos de embargo.
La jueza Loretta Preska, que condenó a pagar US$16.000 millones, dio tiempo hasta el 10 de enero para concretar el depósito de acciones de la petrolera por el monto total de la sentencia.
Pero los abogados del país solicitaron la suspensión o la extensión por otros 90 días de esa obligación. “Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por US$16.000 millones”, señaló el escrito, que asegura que ese monto representa 32% del Presupuesto 2023, a la cotización oficial.
Los abogados insistieron que el gobierno de Javier Milei recién empieza su mandato y si bien nombró a Rodolfo Barra como el Procurador General del Tesoro, todavía falta la designación de quién será el encargado de llevar adelante los litigios internacionales contra el país.“
«Circunstancias excepcionales justifican retrasar hasta el 22 de febrero -y no el 23 de enero- el plazo para los argumentos de la apelación” ante el tribunal neoyorquino, indica el escrito elevado ante la jueza de primera instancia de Nueva York.
El fallo por la expropiación de YPF es el más alto contra un estado en la historia. El 26 de octubre Argentina solicitó suspender la ejecución de la sentencia definitiva pendiente de $16.1 mil millones y apelarla sin fianza o imponer una sentencia provisional.
Pero la jueza Preska se sorprendió ante el pedido de prórroga encabezado por la solicitud de 30 días para familiarizarse con el caso.“Si este juicio es tan crítico, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, sentenció Preska.
De esta manera, el Gobierno tiene tiempo de pagar hasta el 10 de enero. En caso contrario, comenzará a correr los pedidos de embargo.
El experto Sebastián Maril que sigue este caso criticó al nuevo gobierno por no haberse puesto de inmediato sobre este tema. «Durante la campaña presidencial todos los candidatos y asesores más cercanos se familiarizaron con los temas más importantes que afectan al país para encararlos en caso que llegasen a la presidencia. Aparecieron en TV, radio y las redes mostrando sus conocimientos sobre economía, seguridad, justicia, etc. Ahora piden 30 días para familiarizarse con este caso. Nunca pensaron que el riesgo legal argentino es importante? Vengo hablando sobre los problemas que generan estos litigios desde el primer día. Si yo fuese uno de los jueces en la Corte de Apelaciones, rechazo el pedido», sostuvo en X, la ex twitter.
La jueza le hizo caso.
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