En una reunión de la Auditoría General de la Nación celebrada este mediodía se decidió aprobar un controvertido documento sobre la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia. El oficialismo hizo pesar su mayoría y, pese a los cuestionamientos de la oposición, aprobó el informe que valida las operaciones sanitarias, que demandaron una inversión de US$ 1.737 millones.
En aquel entonces, el 11 de septiembre de 2001, el juicio político al juez -ahora fallecido- se llevó adelante en el Senado el mismo día en que se produjo el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Ahora, dicen, el Gobierno buscó impulsar el informe en coincidencia con la realización del Mundial de Qatar, justo el día en que Argentina se juega la clasificación a octavos de final frente a Polonia.
La reunión en la sede de la Auditoría comenzó a las 11.30 con la presencia de todos los integrantes del cuerpo, que preside el radical Jesús Rodríguez. Por el oficialismo estuvieron Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, María Graciela de la Rosa y Gabriel Mihura Strada. Por la oposición, además de Rodríguez, participaron Miguel Ángel Pichetto y Alejandro Nieva.
Contratos bajo la lupa
Luego de que Forlón en el inicio de la cumbre planteara que la sesión, por razones de confidencialidad, debía ser secreta, el auditor empezó a describir cómo se cumplió contrato por contrato, enumerando la lista de laboratorios a los que se les compraron vacunas: AstraZeneca, el Instituto Serum de India, Sinopharm, Sputnik, Moderna, Cansino, AstraZeneca vía Covax, el Instituto Beijing vía Covax, Richmond y Pfizer. Ese tramo de la presentación estuvo a cargo de Forlón, ex director del Banco Nación, y actual presidente de la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero.
Posteriormente, expuso quien en Tribunales es definido hace años como el principal operador judicial del kirchnerismo, Javier Fernández, que repitió la defensa que había hecho Forlón sobre la necesidad de que la cumbre sea confidencial.
El argumento tenía que ver con la aplicación del artículo número 10 de la ley que rige a la Auditoría, que establece la confidencialidad de los contratos, en este caso, aplicados a los cerrados con laboratorios. Prevaleció esa postura y el contenido del documento fue secreto.
Prosiguieron reflexiones críticas de Pichetto y Nieva, opositores en el cuerpo, que se quejaron de la «pobreza» del informe. En ese momento, el jujeño Nieva se cruzó con Forlón, que salió a responderle y hubo una discusión acalorada entre ambos auditores.
Una queja que surgió de fuentes del ala opositora fue que «el equipo de Forlón no investigó nada y ni escuchó las observaciones que les hacían otros auditores sobre el curso del trabajo». Además, insistieron con las demoras en la presentación del documento.
Finalmente, antes de que el oficialismo avanzara con la aprobación del documento, tocó el turno de que cerrara las exposiciones Jesús Rodríguez, el presidente de la AGN y principal referente de la UCR en el cuerpo.
Cerca de las 13.30, Rodríguez dijo que iba a acompañar la postura de Pichetto y Nieva acerca de la negativa al pedido de confidencialidad del oficialismo. Y rechazó fuertemente el contenido del documento que se terminó aprobando. «En 30 años de la Auditoría es difícil encontrar un tema más relevante que este de los contratos», sostuvo Rodríguez.
El jefe de la AGN detalló que los contratos por vacunas cerrados por el Gobierno fueron por 120 millones de dosis por los que pagó US$ 1.737 millones. «La transparencia está siendo afectada por esta circunstancia», insistió Rodríguez, en relación a la condición de secreto del acuerdo.
El voto de rechazo de la oposición
Desde la oposición, no bien se supo que se iba a tratar la auditoría de las vacunas y que el oficialismo iba a presentar su propio documento, empezó a elaborar un voto de rechazo que concretó este miércoles, en un texto de 12 páginas.
En el mismo, se planteó que «desde los inicios de los trabajos del Proyecto de Auditoría, se puede advertir el manejo arbitrario y el criterio restrictivo que desde la Gerencia interviniente se ha utilizado en la elaboración de los informes que trató la AGN».
Y sostienen que «desde nuestro lugar se buscó -sin éxito- que se permitiera al equipo de auditoría acceder a la totalidad de la documentación recibida para efectuar su análisis y revisión». Agregaron que «lamentablemente no pudieron alcanzarse los resultados esperados».
En el documento se elaboraron una serie de preguntas que, según la oposición, no tuvieron respuestas.
1) ¿Se contrató contando con la necesaria asignación presupuestaria?
2) ¿Se cumplieron todas las etapas previstas normativamente para librar los pagos?
3) ¿Los pagos se realizaron, considerando importe y plazo, conforme se pactó en los contratos?
4) ¿Los pagos parciales se imputaron correctamente?
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