El 7 de octubre de 2021, en un fallo inesperado y controvertido, el Tribunal Oral Federal n° 8 sobreseyó a Cristina Kirchner y varios exfuncionarios, como Luis D´Elía, por los delitos de encubrimiento agravado por el denominado Pacto con Irán. Lo hizo sin llevar adelante el juicio oral, como marca la ley, y por eso la decisión fue muy cuestionada.
También quedaron bajo la lupa los jueces que tomaron aquella decisión. Los integrantes del tribunal eran Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini. Estos dos últimos, incluso, habían accedido a la causa luego del apartamiento y las impugnaciones que registraron otros magistrados. ¿Tribunal a medida?
El juez Obligado integra el TOF 5 desde 2007. En febrero de 2021 le redujo unos 10 meses la condena a Amado Boudou por la causa Ciccone en beneficio por los cursos y talleres que realizó el exministro de Economía mientras estuvo detenido en el penal de Ezeiza. Antes, le había concedido la presión domiciliaria con la excusa de la pandemia pese a la protesta de los fiscales del caso.
López Iñiguez, en tanto, comenzó su carrera en la Justicia porteña y luego ganó un concurso por el que ingresó al fuero federal. Como integrante del TOF 4 avaló en su momento la excarcelación de Boudou por la causa Ciccone pero condenó a Julio De Vido por la tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012.
Michilini, en tanto, es uno de los magistrados que condenó a José López por enriquecimiento ilícito en un expediente iniciado tras haber revoleado bolsos con unos 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.
Los jueces de Hotesur
Un mes y medio después, el 26 de noviembre de 2021 el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos en una causa en la que se los investigó por el supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras de las sociedades Hotesur y Los Sauces.
La resolución salió con la firma de los jueces Daniel Obligado (el mismo del Pacto con Irán) y Adrián Grunberg, pero en disidencia votó Adriana Palliotti, la magistrada que no acordó con la decisión de no realizar el juicio oral y público a los acusados.
El juez Grunberg ya había firmado el sobreseimiento de la expresidenta en la causa de dólar futuro y también exculpó al ex vicepresidente Boudou en el proceso que se le siguió por tener documentación falsa de uno de sus vehículos.
Hace algunos años este magistrado había reconocido su admiración por el exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y también había integrado la agrupación «Justicia Legítima», que reúne a juristas con posturas afines al kirchnerismo como la desplazada procuradora general, Alejandrá Gils Carbó.
También participó del juicio contra José López, en el cual si bien votó por la condena del exsecretario de Obras Públicas por enriquecimiento ilícito luego apoyó su excarcelación, sin imponerle una caución real. En marzo de 2020, en tanto, se pronunció a favor de liberar a De Vido por el expediente en el que se lo investigó por los desvíos de fondos de la planta de Río Turbio.
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