Un juez federal ordenó al dueño de una finca de Anta y a su hijo pagar $3.360.000 a un trabajador rural víctima de trata de persona con fines de explotación laboral, que recibía un bajo salario y vivía en condiciones precarias junto a su familia.
El juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar al pago por parte de dos imputados de trata laboral de una suma de $3.360.000 en favor del trabajador rural.
La reparación integral fue cancelada el 14 de noviembre pasado tras un acuerdo conciliatorio tuvo su origen en una investigación formalizada por la fiscalía el 17 de marzo pasado, contra el propietario de una finca dedicada a la curtiembre.
La misma se encuentra ubicada en la localidad de Apolinario Saravia, a casi 250 kilómetros al sur de la capital salteña, y su hijo.
La víctima es un trabajador de una curtiembre, que recibía un bajo salario -con descuento de alimentos que le debía comprar a su empleador- por largas jornadas de trabajo sin los recaudos de bioseguridad mínimos. El hombre vivía en condiciones precarias junto a su familia en el mismo lugar de trabajo.
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