Por Joaquín Morales Solá
El Presidente está débil, su vicepresidenta se esconde y la economía parece fuera de cualquier control, al igual que la política.
Los piqueteros y los productores rurales podrían cruzarse fieramente el sábado, cuando se realizará la inauguración formal de la exposición anual de la Sociedad Rural. Movimientos sociales como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa ya anticiparon su marcha de protesta hacia la principal sede ruralista, en Palermo, pero podrían agregarse también las organizaciones de extracción trotskista. Anunciaron que reclamarán que los productores rurales liquiden los supuestos 20.000 millones de dólares que aún almacenan. Son supuestos porque nadie sabe a ciencia cierta, salvo Alberto Fernández, que se trate exactamente de esa cifra. La primera chispa de ese eventual fuego la encendió el propio Presidente cuando acusó a los ruralistas de atesorar productos que podrían convertirse en dólares para las reservas de un Banco Central desnutrido e insaciable. La primera advertencia que debe hacerse es que el Gobierno está jugando con la propiedad privada (está jugando con fuego, en realidad); el trigo, el maíz y la soja que los productores guardan es el capital de su trabajo. Pueden hacer lo que quieran con lo que es suyo, aunque, según el discurso oficial, parece pertenecer al Estado o a la Providencia.
Pero, ¿es cierto que los productores están acumulando reservas de sus productos de manera inusual? No, no es cierto. En poder de los productores hay ahora 41 millones de toneladas de esos cereales, la misma cantidad que tenían a estas alturas del año pasado. La diferencia de la producción total entre un año y otro es de poco más de un millón. En al campaña 2020/2021 fue de 114 millones de toneladas. La de 2021/2022 fue de 115,3 millones de toneladas. Además, el 64 por ciento de la producción ya está comprada. Debe aclararse que los productores no liquidan los cereales; son los exportadores lo que lo hacen. Los productores sí deciden cuándo entregan sus mercaderías, pero no cuándo las liquidan. También en esta época del año pasado había uno 16.000 millones de dólares en manos del productor; este año hay 17.606 millones de dólares. La cifra de 20.000 millones de dólares es errónea, salvo que el Presidente tenga información adicional sobre productos almacenados por los exportadores. Alberto Fernández no acierta, entonces, ni cuando habla de una excepcional acumulación de producción rural ni cuando señala un monto valuado en dólares. La única diferencia entre el año pasado y el actual es que el Banco Central está ahora absolutamente carenciado de dólares. Esto es cierto. No hay ninguna duda. Pero, ¿quién tiene la culpa? Los productores rurales, desde ya, aunque la realidad es que nadie se explica la razón por la que el Banco Central no pudo acumular ni siquiera una parte del inédito ingreso de dólares (en este caso sí fue inusual) que se produjo en los primeros cinco meses del año.
Es cierto, por otro lado, que los productores rurales no son una excepción frente a la incertidumbre que agobia a toda la sociedad argentina. Un ejemplo: pasan 10 días entre que el productor toma la decisión de vender (y recibe el precio que le pagarán) y el momento en que se efectiviza el pago. En esa decena de días el valor del dólar puede variar enormemente, como se advirtió en las últimas semanas. El productor se arriesga a perder mucho dinero si toma una decisión inoportuna. El régimen especial para incentivar la venta de granos anunciado este martes por el Banco Central parece dirigido a reducir esa incertidumbre. Es comprensible que muchos productores esperen el momento en que se estabilice el precio del dólar para decidir la venta de sus productos. ¿No es lo que haría cualquiera que tuviera dólares (o productos valuados en dólares), sin ser acusado de especulador, golpista o antipatriota? “No es el 2008, pero veo una serie de hechos de parte de funcionarios del gobernante Frente de Todos que son directamente provocaciones”, denunció el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y agregó, desafiante: “Da la sensación de que el Gobierno no quiere que trabajemos”.
En su diatriba contra la gente del campo, el Presidente no advirtió ¿o sí? que la violencia ya está acosando a los productores rurales. La destrucción de silobolsas (que naturalmente están a cielo abierto) es un delito que se comete frecuentemente y que queda impune. Los autores son, por lo general, seguidores fanáticos del kirchnerismo que aplican la venganza de los hechos consumados. En los últimos días hubo episodios de esa naturaleza, que destruyen el esfuerzo de todo un año de un productor rural. No existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de silobolsas destruidos porque la mayoría de los productores ni siquiera denuncia esas violencias, pero los dirigentes rurales aseguran que son muchos casos por año. “La impotencia y la impunidad fatiga a la gente de campo, que no solo debe soportar un discurso oficial siempre agresivo, sino también los hechos violentos que se producen dentro de sus propiedades”, señala otro dirigente ruralista.
En ese clima confuso y oscuro, Alberto Fernández acusó falsamente, como hemos visto, a los productores rurales de especular con la acumulación de granos. Las palabras violentas siempre preceden a los hechos violentos. Inmediatamente después de la perorata presidencial, los movimientos sociales (algunos muy cercanos al oficialismo) anticiparon que se manifestarán contra los productores en el día institucional más importante del ruralismo y en la propia sede de la principal organización rural. Las mutaciones conceptuales del Presidente son sorprendentes: en 2008 renunció a la jefatura de Gabinete, cuando Cristina Kirchner era presidenta, porque disintió con el manejo prepotente de ese gobierno con el campo. Fue luego de la guerra perdida por la entonces presidenta contra la alianza de todas las organizaciones rurales. Después, en fin, de la famosa resolución 125, que terminó tumbada en una madrugada ingrata por el Senado.
Sin embargo, lo que Alberto Fernández no cambió es su convicción de que siempre hay un culpable detrás de los muchos problemas que lo abaten. Es un reflejo que comenzó con Néstor Kirchner y que está concluyendo con el actual presidente. Es una vocación constitucional del kirchnerismo en cualquiera de sus versiones. Alberto Fernández culpa, por ejemplo, a la crisis internacional de la inflación argentina. Todos los países vecinos (Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia) tienen una inflación mensual de menos del 1 por ciento mensual, mientras la Argentina se aproxima al 8 por ciento en el mes de julio, según casi todos los economistas, incluidos los más cercanos al Gobierno. ¿Qué rara conspiración acosa, entonces, al país que preside Alberto Fernández? ¿O es la administración del Presidente la que provoca tales adversidades? En la segunda alternativa se esconde la verdad. La culpa es de la situación internacional o de los supermercados y formadores de precios locales. Hay en la Argentina cadenas internacionales de supermercados y sus sucursales en otros países no hacen lo mismo. ¿Acaso el Presidente cree en una conspiración personal contra él de parte de esas compañías internacionales? Las razonables críticas de la oposición a una situación que ya fatigó definitivamente a la sociedad argentina fueron calificadas de “golpistas” por un documento oficial de Frente de Todos. No se hizo ninguna mención a la gestión ciertamente destituyente de la vicepresidenta, que se jactó en sus apariciones públicas de “revolear” ministros. El golpismo, si es que existe, anida en la propia y quebrada coalición gobernante.
Para peor, el Presidente tiene un control muy relativo de los movimientos sociales. Algunos de sus dirigentes (Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, o Daniel Menéndez, de Barrios de Pie) son funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Esas organizaciones han formado parte, sin embargo, de multitudinarias marchas en los últimos tiempos que bloquearon buena parte de la capital del país. Algunas de esas agrupaciones anunciaron que irán el sábado a la Sociedad Rural. Guste o no guste, lo cierto es que esos movimientos sociales están reemplazando el liderazgo social de los sindicatos peronistas, que callan o anuncian tibias marchas “por la patria”. ¿Le preocupa al Presidente que el sindicalismo (eterno aliado del peronismo) esté siendo relevado por inorgánicos movimientos cuyos líderes no surgen de ninguna elección legal y legítima? ¿Lo sorprende que los gremios estén perdiendo el señorío de la calle? Silencio. Nadie responde.
Desde el primer escrache instigado por el kirchnerismo (el de Néstor Kirchner contra la empresa Shell), esa corriente peronista prefirió apoyarse en los líderes piqueteros antes que en los dirigentes sindicales. El decurso del tiempo ha ido fortaleciendo a los piqueteros y debilitando a los otrora poderosos dueños de los gremios. Claro está que estos nunca se prestarían a un escrache a los productores rurales. De hecho, en 2008 el propio Hugo Moyano anduvo entre la Sociedad Rural, Julio De Vido y Néstor Kirchner para evitar la derrota del oficialismo que finalmente se produjo.
La situación ahora es otra. El Presidente está débil. Su vicepresidenta se esconde. La economía parece fuera de cualquier control, y la política también. Incitar a la violencia en medio de semejante crisis se parece demasiado a un audaz salto al vacío.
Por Joaquín Morales Solá para La Nación
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