Con el voto de cuatro jueces, pidió la causa “Vialidad” para analizar pedidos de las defensas. La audiencia debería empezar el 21 de mayo.
Cuando la enésima chicana parecía haber quedado atrás y la pista parecía despejada para que el próximo 21 de mayo comience el primer juicio a Cristina Kirchner por corrupción en su gobierno, la Corte Suprema de Justicia firmó este martes una inesperada resolución que logrará aquello por lo que tanto luchó la ex presidenta: aplazar la incómoda foto ante un Tribunal Oral flanqueada por Julio De Vido y Lázaro Báez.
Casi simultáneamente con el rechazo de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal a un puñado de reclamos de Cristina y de Carlos Kirchner -primo del ex presidente preso por este expediente- para evitar el comienzo del juicio por irregularidades en la obra pública vial de Santa Cruz atribuida por unos 46.000 millones de pesos al ex socio presidencial Lázaro Báez, el máximo tribunal del país escribía una resolución en sentido contrario.
Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, la Corte instruyó a su secretario penal para que pida el cuerpo principal de la causa «Vialidad» al Tribunal Oral Federal 2 para su análisis, atendiendo a una serie de reclamos procesales de Cristina y otros imputados. Aunque el lacónico oficio no lo dice en ningún lado, fuentes judiciales admitieron que en la práctica la jugada significará «una ralentización» del juicio oral. El pedido al TOF es «con carácter de urgente.»
En la Corte saben que la decisión desatará una fuerte polémica, y se apuran a avisar que «todos queremos que se haga justicia», y que justamente por eso, y paraevitar futuros -y supuestos- pedidos de nulidad de las actuaciones, van a revisar en detalle las intervenciones de la Cámara Federal de Casación Penal, que en reiteradas ocasiones rechazó los incontables pedidos de Cristina. «Puede haber definiciones fuertes respecto a esa instancia», se susurra en el intrigante palacio de Tribunales.
La Corte tiene en sus manos desde hace meses varios de aquellos recursos y apelaciones con que Cristina, De Vido, Báez y el resto de los imputados -varios ex directivos de Vialidad Nacional, por ejemplo- tapizaron los juzgados, como habitualmente hacen todos los acusados por corrupción en la Argentina.
Pero esas carpetas despertaron de golpe, días antes de la fecha establecida para el inicio de las audiencias orales. Cristina protesta porque no le hicieron lugar a varias de las medidas de prueba que pidió, como la recordada pericia sobre toda la obra pública licitada en los tres gobiernos K, aunque no pesen denuncias ni investigaciones sobre esos contratos.
Ella y otros acusados también reclaman que en el transcurso de la investigación, las decisiones del juez instructor Julián Ercolini revisadas luego por la Cámara Federal porteña después cayeron en dos salas distintas de la superior Cámara de Casación: la IV y la I. Eso, reclama el experimentado abogado Carlos Beraldi, que patrocina a la ex presidenta, vulneraría su derecho a la defensa.
El último de los planteos que le negaron fue la unificación del reclamo civil iniciado por Vialidad -por 22.500 millones de pesos- con el juicio penal. La sala IV de la Casación lo rechazó por última vez la semana pasada.
La jugada -cuyo análisis jurídico quedará en manos de especialistas- también es sorprendente porque hay una copiosa jurisprudencia respecto al rechazo de pedidos como los que este martes se aceptaron, por «falta de una sentencia definitiva» que justifique la intervención de la Corte. Esta vez, los jueces eligieron otro camino. Pueden hacerlo.
Cuando el TOF 2 envíe el expediente completo de la causa obra pública, el máximo tribunal lo analizará «lo más rápido posible», para que la segura demora del juicio sea lo más breve que se pueda. Pero aún trabajando a destajo, se descuenta que las audiencias difícilmente puedan comenzar antes de las elecciones primarias de agosto. Los más sensatos estiran ese plazo hasta fin de año. Cuando un nuevo presidente gobernará la Argentina. O presidenta.
Las especulaciones respecto al juicio por la obra pública -que debía comenzar en febrero, pero se pospuso por la operación y posterior muerte de uno de los jueces, Jorge Tassara- vienen multiplicándose en las últimas semanas. El domingo, Horacio Verbitsky anticipó en su sitio web que desde el poder judicial habrían llegado mensajes al Instituto Patria -donde el cronista tiene fuentes inmejorables – que «se hará todo lo posible para que este año no se eleve a debate oral ninguna de las causas que les interesan» a los ex funcionarios kirchneristas y empresarios embretados por casos de corrupción.
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