Denuncia Una abogada afirmó que el aborto de Tartagal fue «homicidio calificado» y apuntó al hospital

Entre los hechos más resonantes y polémicos de estas semanas, se encuentra el que se originó en el hospital de Tartagal donde una profesional, la doctora Miranda Ruiz, fuera denunciada por una paciente quien dijo que la obligó a abortar a los 6 meses de gestación cuando ella se habría arrepentido antes de iniciar el procedimiento, situación que dio lugar a todas las controversias posteriores.

En ese sentido y sumando un nuevo capítulo a esta polémica, quien habló fue una reconocida abogada de la ciudad tartagalense, la doctora Sarah Esper, quien consideró que este caso correspondería a un “homicidio calificado” en base a su consideración, como así argumentando que habría testimonios documentales de que la beba habría nacido con vida.

A través de expresiones que compartió por sus redes sociales, Esper aseguró que prefirió primeramente tomar silencio por el caso ante este aborto “realizado ilegalmente” según lo calificó. A esto habló sobre la denuncia del abogado Rambert Ríos, presentante de la joven madre, la cual “fue por homicidio, no fue por aborto; según tengo entendido por varios testimonios, la beba nació viva y no le dieron la atención que por derecho le corresponde. A mi criterio, al caso se aplica la figura de homicidio calificado”, espetó.

Dicho esto apuntó al gerente del hospital de Tartagal, el doctor Santiago Payo porque “está diciendo cualquier cosa”, como a la doctora Ruiz: “Quiero aclararles que la ley 27.610 se llama «de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo», si no hay voluntad, no se aborta. Tengo entendido que en este caso las pastillas que se dan para provocar el aborto se recetan de 1 a 20 unidades y el aborto se puede producir después de la primera o después de la 20, y si no ocurre, tienen que ir al legrado, de acuerdo a lo que explican los médicos”, reflexionó.

Siguiendo esta línea, la abogada analizó en base a sus entendidos que “la chica, si después de tomar 4 pastillas, dijo que no quería abortar, de inmediato debieron pasarla a internación y darle la medicación para contrarrestar los efectos de las pastillas abortivas. No escuché que lo hubieran hecho. Al contrario, el doctor Payo dijo que se continuó con el procedimiento porque había un riesgo a la salud integral de la joven. Eso va contra la ley, Payo, porque si la madre dice «no’, se debe detener el procedimiento. Por eso se llama «voluntaria» la ley, porque se cumple la voluntad de la gestante, no de ustedes».

La abogada continuó sus críticas al gerente subrayando que “las personas gestantes son las que tienen derecho a decidir, no los médicos. Payo dice que ellos decidieron que estaba en riesgo la salud integral de la gestante. La ley no los habilita para eso. Acá actuaron fuera de la ley. Háganse cargo”.

Para terminar con su consideración Esper señaló que «el delito se ha cometido. Y si es verdad todo lo que yo averigüé desde muy adentro, esto sería un homicidio. Porque hay testimonios que aseguran que la beba se movía, que se la sintió que estaba viva y encima la metieron en una bolsa y la tiraron a la basura”.