El máximo tribunal reaccionó luego de que quedara vinculado a la idea de impunidad. Las internas entre los jueces.
En las últimas 48 horas, la Corte Suprema de Justiciafue protagonista de dos hechos sorpresivos que impactaron de lleno en la agenda política. El primero ocurrió el martes pasado por la noche, por fuera del horario judicial, cuando se conoció una resolución de dos líneas que solicitaba de manera «urgente» al TOF2 que le enviara el expediente de Vialidad donde se iba a juzgar a la ex presidenta Cristina Kirchner.
La movida apuntaba a desactivar el inicio del juicio oral que debía comenzar el martes 21 y en el que estará sentada por primera vez en el banquillo de los acusados la ex presidenta junto a Lázaro Báez, Julio De Vido y Carlos Santiago Kirchner, entre otros ex funcionarios de su Gobierno. E incluso desde algunos sectores de la Corte se envalentonaban y hablaban de una nueva doctrina para analizar algunos expedientes que tendría impacto en la Justicia. Se referían a los escasos antecedentes en los que el máximo tribunal había decidido intervenir antes de que hubiera sentencia, como se disponía a hacerlo en el caso de la obra pública K.
El segundo hecho sorpresivo ocurrió este jueves por la mañana cuando a través de un comunicado la Corte buscó aclarar que nada de lo que estaba haciendo era para garantizar la impunidad de la ex presidenta y confirmó que solo fotocopiará el expediente y lo devolverá en tiempo y forma para que todo siga su curso.
¿Qué pasó en el medio para que el máximo tribunal cambiara tan rápidamente? De todo.
El Gobierno salió a vincular la decisión de la Corte con la búsqueda de impunidad. El propio presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Justicia, Germán Garavano se refirieron al polémico fallo. Incluso Carrió fue más allá y habló de un pacto entre Ricardo Lorenzetti -uno de sus principales enemigos- con el kirchnerismo para que no haya Justicia. También hubo críticas de la oposición no kirchnerista que veía una jugada política detrás de la resolución de la Corte.
Pero dentro de la Corte también pasaron cosas en las últimas 48 horas de máxima tensión. La decisión de pedir el expediente al TOF2 tuvo los votos positivos de la llamada mayoría peronista que integran Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, más el agregado de Helena Highton Carlos Rosenkrantz se abstuvo de votar porque consideró que el tribunal no debía intervenir hasta que no haya una sentencia.
Las críticas desde la política sumadas al cacerolazo que el miércoles por la noche se sintió en algunos barrios de la Ciudad para repudiar el fallo de la Corte generó algunos cortocircuitos dentro del tribunal. Tampoco ayudó a calmar los ánimos la versión de una supuesta visita de Alberto Fernández -el principal operador de Cristina- a algunos de los jueces de la Corte los días previos a la resolución. Nadie dentro del máximo tribunal quería queda pegado, ahora, a la idea de impunidad.
Este jueves por la mañana, Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Highton tuvieron contactos informales para evaluar el impacto mediático y el enojo social. Algunos comentaron que tras los cacerolazos se empezaba a hablar de una marcha de repudio que los iba a tener en el centro de la escena.
Hubo otra señal que tomó la Corte para terminar de dar forma al volantazo. El TOF2, que debe juzgar a Cristina, demoró el envió del expediente y empezó a mandar señales de que ellos no estaban dispuestos a quedar como los responsables de haber frenado el juicio. No querían pagar los costos de una medida polémica. En la Corte también empezaron a evaluar que el escenario que se estaba abriendo los ubicaba como los responsables de haber beneficiado a Cristina, que desde hace tiempo viene intentando evitar la foto sentada en el banquillo de los acusados en el arranque de la campaña electoral.
El comunicado de diez puntos en el que la Corte salió a explicar que el pedido del expediente de Vialidad al TOF 2 «no suspende el juicio oral en trámite» también reveló las internas y diferencias que crecen dentro de la Corte Suprema. Rosenkrantz, el presidente del tribunal, no participó de la redacción. Se enteró de todo cuando ya estaba publicado en el Centro de Información Judicial.
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