Luis «Toto» Caputo, Guillermo Dietrich, y Bernardo Saravia Frías, diseñan en forma urgente un plan para proteger a las inversiones pactadas dentro del programa de Participación Pública y Privada (PPP).
Están preparando un decreto simple que reemplace al 1023 de contrataciones. Buscan que el Estado garantice la reputación de las empresas en la banca internacional. La urgencia son las PPP.
Dos viernes atrás el Gobierno convocó sorpresivamente a la cúpula cegetista a una reunión en la Residencia de Olivos. Fue el 10 de agosto. Ya se había desatado la furia de los cuadernos y los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña, acompañados por Gerardo Martínez, Omar Maturano, Armando Cavalieri, Andrés Rodriguez y José Luis Lingeri, acudieron a la cita con Marcos Peña, Jorge Triaca y Mario Quintana. No hubo fotos y la reunión fue larga, duró más de dos horas. Pero solo trascendió que la central obrera expresó su preocupación por la paralización de la obra pública y la pérdida en el corto plazo de más de 150.000 puestos de trabajo. Nada se supo de cuál fue el pedido de los funcionarios.
Lo contó el periodista Agustín Alvarez Rey en Crónica HD. Los miembros del Gobierno les dijeron que el lunes vendría Roberto Carderelli, el jefe de la misión para Argentina del Fondo Monetario Internacional, a monitorear la economía, y era muy importante que no hubiera movilizaciones, ni cortes de calle, ni expresiones de conflicto social que asusten al FMI, la última carta que tiene Cambiemos para lograr que la economía no implosione.
Y así fue. Las calles de la Ciudad de Buenos Aires lucieron particularmente tranquilas durante la semana que estuvo el equipo de Christine Lagarde. Pudo funcionar sin problemas el Metrobus de la 9 de Julio, donde habitualmente hacen piquetes las organizaciones sociales; no se cortó la avenida Leandro N. Alem frente al Ministerio de Trabajo, un lugar especialmente apetecible para la protesta de los gremios; tampoco el Congreso ni el cruce de las avenidas Corrientes con Callao, los lugares elegidos por la izquierda trostkysta en sus diferentes expresiones, que incluyen importantes fracciones docentes.
Creer o reventar, los pedidos de bajar un cambio alcanzaron a los líderes de las agrupaciones más radicalizadas. «Es el FMI el que garantiza, hoy por hoy, que se sigamos pagando los planes sociales», fue un mensaje que se escuchó y llegó. En el amplio espectro ideológico hay una clara conciencia de que el horno no está para bollos. Y hasta podría decirse que ni el Gobierno discuten que hubo incapacidad en la gestión de la salida del populismo. La economía agoniza y lo único que queda es correr a la crisis de atrás, buscando mantener activo, por lo menos, lo que depende del Estado.
Pudieron haberlo hecho cuando llegaron al Gobierno, o el año pasado. El 5 de octubre de 2017, al realizarse la 65º convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, su presidente Gustavo Weiss, se prestó al optimismo oficial y preanuncio «una revolución de la infraestructura que vino para quedarse». A menos de un año, se percibe que más que una revolución hubo una chirinada.
Por esos tiempos, el fantasma del Lava Jato se había transformado en realidad. En noviembre de 2016, el CEO del gigante brasileño Odebrecht, el empresario Marcelo Odebrecht, se había arrepentido y ya empezaba a lanzar sus esquirlas en los distintos países donde había ganado licitaciones, entre ellos, la Argentina. Para curarse en salud, la CAMARCO había convocado a la titular de la Oficina de Anticorrupción, Laura Alonso, para que hable de «integridad y transparencia».
En la ceremonia de apertura de la convención, Alonso pidió que «vengan a mí, pueden denunciar con identidad reservada -si lo prefieren- a cualquier empleado público o político que les pida algo». También anunció que los ayudaría a diseñar los programas de «ética y complaince» en las empresas (normas obligatorias a cumplir dentro de las compañías), como ya lo había desarrollado la Cámara Brasileña de Industrias de la Construcción, la poderorísima CBIC. Pero nada pasó, ni de parte de los empresarios, ni del Gobierno. Hubo otras urgencias. Se desplazó a Odebrecht de la concesión de la obra del soterramiento del Sarmiento, y a otra cosa.
A menos de un año, hay un grupo de funcionarios que corre contra el reloj, durmiendo cuatro o cinco horas diarias, para evitar que la economía colapse. El Presidente le encomendó al presidente del Banco Central, Luis «Toto» Caputo, al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al procurador general del Tesoro, el salteño Bernardo Saravia Frías, que diseñen en forma urgente un plan para proteger a las inversiones pactadas dentro del programa de Participación Pública y Privada (PPP), a punto de naufragar porque la banca internacional no puede dar crédito a empresas involucradas en casos de corrupción.
A sus inconsistencias internas, la economía argentina se le sumó el efecto dominó de empresas sometidas a causas de corrupción, que las lleva a derrumbes de sus acciones, lo que provoca mayor volatilidad, incremento del costo del crédito, necesidad de acudir al financiamiento externo, que no puede prestar fondos a empresas acusadas de coimas, y así. Más recesión, más ajuste, más pobreza.
«Hay una tensión entre la transparencia y la necesidad de mantener activa a la economía, nuestra obligación como Estado es salvar a las empresas y contener el daño buscando proteger el bien común», dijo a Infobae uno de los funcionarios dedicados al diseño de una normativa que permita que sea el Estado argentino quien garantice el riesgo de reputación frente a la banca internacional.
Mientras, urge la necesidad de modificar también el decreto 1023 -Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional- por otro que permita diferenciar la responsabilidad de los empresarios con la de las empresas. «Ese cambio normativo es central para todas las contrataciones, no solo la de las obras públicas», se explicó, detallando que no todos los casos son iguales, por lo tanto, debe existir la posibilidad de analizar obra por obra, contrato por contrato, con «nuevas herramientas que permitan proteger la utilidad pública de lo que se contrata».
De lo que se trata es de diseñar un sistema integrado y armónico con todas las oficinas del Estado, desde la Comisión Nacional de Valores, hasta la AFIP, la UIF y la Oficina de Anticorrupción, que tienen que formar parte de este plan que evite que colapsen las empresas, con el riesgo sistémico para la economía que eso significa, mientras se hacen recomendaciones de programas de transparencia a cada una de las compañías involucradas puedan empezar a implementar cuanto antes.
También participa de este sistema integrado que debería implementarse en pocos días el Ministerio de Modernización, que hoy maneja el sistema central de obra pública a través del Contrat.Ar, que contempla toda la contratación y ejecución de la obra pública, incluida la redeterminación de precios. También en Modernización funciona, además, la Oficina Nacional de Contrataciones, donde se busca estandarizar el proceso de contratación, para que sea lo menos discrecional posible. Por supuesto, la Secretaría de Defensa de la Competencia tiene mucho para decir frente a las denuncias de cartelizaciones.
Este «equipo» transversal a varias oficinas de Gobierno está coordinado por Gustavo Lopetegui, que ata aquí y allá los piolines sueltos y busca poner en línea resoluciones internas, culturas, tradiciones, cuando no corrupciones más o menos grandes enquistadas en todas las oficinas del Estados.
¿Funcionará? Si la economía ya estaba paralizada antes, por la decisión de concentrar todas las decisiones, de meterse en cada detalle, de intervenir en lo más nimio, por poner profesionales inexpertos en el manejo del Estado, nada indica que esta nueva normativa se ponga en marcha pronto. Este sistema forma parte de la cultura de gestión de un Gobierno que nadie, ni los mismos funcionarios, pueden caracterizar como eficiente. Aquí, además, los corre la urgencia. Y la necesidad de coordinar también con la legislación internacional en materia de contrataciones, porque necesitan financiamiento externo.
Agobiados por la extrema exigencia a la que están siendo sometidos y sin la preparación necesaria, el equipo presidencial busca sentido en un concepto popularizado por el economista austríaco Joseph Schumpeter en su libro Capitalismo, socialismo y democracia: la destrucción creativa. «El proceso de destrucción creadora es el hecho esencial del capitalismo» que tiene, como protagonista central, al emprendedor innovador, escribió Schumpeter.
Macri parece sentirse en estos días como un emprendedor innovador, un individuo fuera de la común por su vitalidad y por su energía a prueba de fracasos. Alguien que se destaca por su perseverancia y su ambición, antes que por su genialidad, ya que el emprendedor innovador no es un genio, sino una persona capaz de crear mercados para los inventos de los otros, o capaz de crear condiciones para una sociedad de inventores y realizadores.
En el Gobierno realmente están convencidos de que, a pesar de la durísima coyuntura, están produciendo las condiciones para generar la Argentina que se impone en el siglo XXI, que puede conllevar una que otra «destrucción creativa». Y están convencidos de lograrlo. Ahora solo falta que expliquen mejor al resto de los mortales, que todavía no entendemos muy bien a dónde vamos ni para qué. Mucho menos a quiénes les tocará la destrucción y a quiénes lo creativo.
Por Silvia Mercado para Infobae.com
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