La mitad de la empresa hotelera investigada por supuesto lavado millonario de dinero le pertenece al diputado y líder de La Cámpora.
A la espera de una decisión determinante por parte de la justicia federal, Máximo Kirchner presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) su declaración jurada patrimonial correspondiente al período fiscal 2022.
Según esa presentación, el patrimonio del diputado ascendió a 1.100 millones de pesos. Como parte de esa fortuna se encuentran las participaciones accionarias de las empresas familiares, investigadas por lavado de dinero. A la hora de consignar el 50% de las acciones de Hotesur, el líder de La Cámpora declaró que valen más de 173 millones de pesos, diecisiete veces más de lo que valían el año anterior, cuando dijo que costaban poco más de 10 millones de pesos.
En junio pasado, Máximo y Florencia Kirchner decidieron mudar el domicilio fiscal de la compañía hotelera a Santa Cruz. La sede ahora es en la calle Mascarello 441, en Río Gallegos. Se trata del chalet de Cristina Kirchner, ubicado en la costanera de la capital santacruceña.
Hasta ahora la compañía hotelera siempre tuvo sus domicilios fiscales en Capital Federal. Fue eso lo que permitió que se investigue a Hotesur por lavado de dinero en Comodoro Py. «Ahora se cambió la jurisdicción y como consecuencia a los jueces que pueden juzgar a la empresa», sostuvo en su momento la abogada Silvina Martínez cuando denunció esta decisión.
Hay que recordar que la empresa estuvo intervenida por la justicia durante cinco años, bajo las sospechas de que su único objetivo cuando fue adquirida era ser utilizada para operaciones de blanqueo de dinero ilegal. Esa acusación se encuentra ahora bajo revisión y en paralelo, la situación financiera de Hotesur sumó problemas.
A mediados del 2020, los mismos jueces que tiempo después sobreseyeron a la vicepresidenta, a sus hijos y a los demás acusados sin hacer el correspondiente juicio oral, devolvieron a la familia Kirchner el manejo de sus empresas (Hotesur y Los Sauces) y de 25 propiedades nucleadas en el Condominio Máximo y Florencia Kirchner. Hubo rechazo al planteo por parte de uno de los tres jueces del TOF 5, Adriana Pallioti, quien remarcó que las compañías seguían siendo sospechosas de operaciones de blanqueo de dinero.
En manos de sus dueños, Hotesur fue calificada por el Banco Central frente a sus deudores como “irrecuperable”. El Central aplica estas categorías de manera automática, tras la información que recibe de las entidades financieras.
Pese a ese aciago panorama comercial, que había sido advertido por los interventores judiciales -sugirieron liquidar la empresa hotelera porque su giro comercial era del 1%-, según la declaración jurada patrimonial de Máximo Kirchner el valor de las acciones de Hotesur creció exponencialmente en un año.
El año pasado ante la Oficina Anticorrupción (OA) Máximo Kirchner declaró que el 50% de las acciones de Hotesur -su hermana es dueña del 50% restante-, tenían un valor de 10.151.869,06 pesos.
En la documentación presentada ante el organismo oficial el 28 de julio pasado, consignó que esas acciones ahora tenían un valor de 172.318.380,00 pesos. Posiblemente, según fuentes del rubro consultadas, el salto responde a una reevaluación de las acciones atravesadas por la inflación interanual superior al 110%.
Pero no sucedió lo mismo con las otra firma familiar, Los Sauces SA, también investigada por lavado de dinero, que mantuvo el mismo valor accionario del año pasado.
Las sospechas por lavado
Las dos empresas fueron investigadas por haber sido utilizadas -determinaron los investigadores- para millonarias operaciones de blanqueo de dinero. En la resolución con la que la familia Kirchner fue enviada a juicio oral se sostuvo que Hotesur y Los Sauces no tenían fines comerciales reales, sino que fueron creadas para ser utilizadas como “una pantalla para maniobras de lavado de dinero”.
Más específicamente, se sostuvo: que Lázaro Báez y la ex presidenta -junto a los demás acusados- “elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades”.
Cuando Cristina Kirchner fue condenada en el caso Vialidad, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 señalaron que el contratista K “cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional y luego los destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.
Además concluyeron que “el lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de semejante operación defraudatoria”. En este punto se refirieron al esquema de “reciclaje” a través del cual parte de ese dinero volvía en concepto de alquileres por intermedio de contratos firmados con Hotesur y Los Sauces.
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