La acusación, formalizada ante el juez federal de garantías N°1, Julio Bavio, el fiscal general Villalba, junto a la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, imputó a un ciudadano boliviano el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
Al respecto, el fiscal señaló que la detención del imputado, cuya identidad se mantiene en reserva, se registró al día siguiente del hallazgo de la camioneta que fue avistada el lunes a la madrugada por un móvil de la Policía Rural, en el cruce de las rutas 46 y 16, en el sur provincial.
El rodado, ante la presencia de la patrulla policial, inició hizo un giro en “U” y se escapó por la ruta 16, en dirección a la localidad de Talavera. A unos cinco kilómetros, sin embargo, la policía encontró la camioneta abandonada con 11 bolsas de arpilleras, en las que había 408 paquetes de droga, con un peso total de 417 kilos de cocaína.
En el rodado también se hallaron elementos personales que permiten establecer que los ocupantes eran cuatro, siendo uno de ellos detenido en los alrededores, cuando deambulaba en cercanías del puesto de Rentas, de esa localidad, siendo abordado por efectivos policiales, quienes ya actuaban bajo las directivas de la fiscalía federal.
Al responder sobre los motivos de su presencia en el lugar, el acusado aportó una identidad falsa, al igual que el domicilio brindado. Tampoco pudo explicar de manera coherente la razón de por qué estaba allí, aunque sí señaló que fue víctima de un asalto.
Al fundar la imputación, el fiscal advirtió que nada de lo que dijo el acusado pudo ser comprobado, pues el nombre y residencia que dio eran falsos, como así también se estableció que no fue víctima de ningún robo y, por el contrario, presentaba evidentes signos de haber pasado la noche a la intemperie y oculto, pues presentaba evidentes lesiones de raspones en el cuello y brazos, al igual que gran cantidad de picaduras de mosquitos.
En razón de estas evidencias, y otros elementos de pruebas mencionados, la fiscalía solicitó la imputación penal aludida, la prisión preventiva y una serie de pericias técnicas a fin de poder avanzar con la investigación del caso.
Como fundamento de la medida de coerción, resaltó la gravedad del caso, pues se trata del mayor caso de transporte de estupefacientes que la Policía de Salta logró desbaratar, la complejidad de la investigación, el riesgo de fuga del acusado, quien tiene facilidad para salir del país, como así también el hecho de que podría entorpecer las diligencias procesales aún pendientes.
En su análisis del caso, el juez Bavio coincidió con la fiscalía, dio por legal la detención, formalizó la investigación penal por el delito requerido, dictó la prisión preventiva, al igual que autorizó las medidas investigativas del caso, el que consideró de alta complejidad.
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