El escrito, dirigido a Martín Menem, lleva la firma de dirigentes políticos e intelectuales vinculados al kirchnerismo. Aducen mal desempeño del Presidente y posible comisión de delitos.
Un grupo de dirigentes políticos e intelectuales kirchneristas presentaron formalmente ante el Congreso este lunes el primer pedido para que se someta a Javier Milei a juicio político. El grupo de firmas K le endilga «mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos» al Presidente.
A través de un escrito le solicitaron al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el inicio del proceso.
El documento lleva la firma de personalidades de notoria afinidad con el kirchnerismo. Entre ellos, el dirigente de derechos humanos y ganador del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la dirigente de Soberanxs y ex embajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro; el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat; el polémico ex juez Carlos Rozanski; la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista y ex funcionario del Banco Central Claudio Lozano; el sociólogo Jorge Elbaum.
También rubrican la investigadora y ex candidata K Dora Barrancos; la ex columnista de tevé y secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel; el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo y la ingeniera y referente del Movimiento La ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis, entre otros.
Según el comunicado difundido, los dirigentes K pretenden que se investigue al jefe de Estado y además se proceda a hacer lo mismo con otros funcionarios por posibles delitos que el texto menciona. «Instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; la posible comisión del delito de apología del crimen; el delito de abandono de personas», enumeran.
Además, le achacan «incumplimiento de deberes de funcionario público» al Presidente por un lista larga de reproches a su gestión y las presuntas consecuencias que le adjudican a las mismas. En ese orden, mencionan «el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre» que -sostiene- se llevó a cabo «poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios».
Enlistan también «el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos; la malversación de caudales públicos; mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial».
En clave política, el documento advierte que «la legitimidad de origen otorgada por el voto popular se concreta y agota al asumir el cargo» y, entre los argumentos centrales para solicitar el inicio del juicio político, el escrito también plantea que la puesta en vigencia del Decreto 70/2023 “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.
En paralelo a la presentación en el Congreso, los dirigentes K hacen circular el texto para «la recolección de firmas» en pos de criticar al Gobierno y sumar nombres por «la convicción de que el pueblo argentino no se someterá a estas políticas de sufrimiento y desprecio por la Constitución Nacional», según expresan.
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