El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA), la fiscalía especializada en casos de corrupción, insistió en que se debe realizar un amplio cruce de llamados y mensajes telefónicos de los organizadores del denominado Vacunatorio VIP.
En febrero pasado quedó al descubierto que gracias a la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García, se vacunaron varios funcionarios y allegados al oficialismo sin aguardar el turno como el resto de la población. Cuando los VIP recibieron la primera dosis de la Sputnik V las vacunas estaban destinadas solo a personal de salud y asignadas al Hospital Posadas que está bajo la jurisdicción nacional.
Fue por ello que desde el presidente de la Nación Alberto Fernández y sus más estrechos colaboradores fueron anotados como “personal de salud” al momento de recibir la vacuna Sputnik V. La vacunación de Fernández fue pública, la del resto de los VIP se mantuvo en secreto hasta que el periodista Horacio Verbitsky reveló que se había inoculado gracias a una gestión de “su amigo” González García.
En la misma condición fueron vacunados el canciller Felipe Solá, el embajador en Braisl, Daniel Scioli y Carlos Zannini (Procurador del Tesoro) y su esposa. El senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés fueron vacunados con antelación. Al igual que ex presidente Eduardo Duhalde y sus familiares, entre otros. Las dosis que recibieron pertenecían al Posadas.
La PIA detectó un total de 385 vacunados en el Hospital Posadas como “personal de salud” que no responden a esa categoría o al menos no figuran en los registros examinados por los investigadores que comanda Rodríguez. La PIA presentó el análisis sobre las vacunas al fiscal Eduardo Taiano quien investiga el caso que está radicado en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti.
En marzo pasado Taiano amplió la lista de imputados que originariamente abarcaba a Ginés González García y a su sobrino y ex jefe de Gabinete del ministerio de Salud, Lisandro Bonelli. Taiano sumó como imputados entonces a Alejandro Collia y Marcelo Guillé. Guillé fue secretario privado de González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al ministerio de Salud. En tanto, Collia, que era funcionario de González García, continúa -en la gestión de Carla Vizzotti- como subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación.
Cuando Taiano amplió la lista de imputados también le solicitó a la jueza Capuchetti que se hiciera un cruce de llamados entre los involucrados en el caso. Ayer, en la misma presentación en la que Rodríguez señaló lo de las 385 personas vacunadas de manera irregular, insistió con la necesidad de realizar el cruce de llamados y mensajes telefónicos de los imputados.
Según pudo confirmar Infobae a través de fuentes judiciales Capuchetti todavía no ordenó esa medida de prueba solicitada por Taiano y reiterada por el fiscal Rodríguez. Fue por eso que quien encabeza la PIA reforzó el pedido para que se le de intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) y se realice un análisis de los llamados y mensajes telefónicos. El estudio podrá arrojar luz sobre cómo se organizó el Vacunatorio VIP y quiénes estaban al tanto del funcionamiento de esa unidad especializada en vacunar a funcionarios y allegados al gobierno cuando las dosis estaban destinadas a personal de salud.
Capuchetti debe decidir si ordena los cruces telefónicos mientras en el expediente -que abarca desde diciembre de 2020 a febrero de 2021- se sigue sumando información sobre la vacunación que consiguieron algunos sin aguardar turno.
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