La asesora denunció irregularidades en el nombramiento de secretarios administrativos y terminó detenida en diciembre del 2021. Ahora la Justicia les puso restricciones a los funcionarios señalados.
El pasado 13 de diciembre a Liliana Hermosilla la desalojaban con uso de la fuerzas de seguridad de su oficina ubicada en la Cámara de Diputados de la Provincia, tras haber denunciado vía administrativa “irregularidades” en la designación en planta permanente de funcionarios que venían cumpliendo funciones en cargos políticos, cuyo hecho causó el desplazamiento de la abogada de su cargo de Jefa de Asesoría Jurídica.
En diálogo con Profesional FM, la asesora jurídica contó que tras su detención y posterior sobreseimiento presentó dos denuncias penales, una por violencia de género en contra de Medina, Miguel Patricio Mena, Dardo Nahuel Gutiérrez, Maximiliano Videla Montero y José Rizzo, quienes fueron los encargados de notificar a Hermosilla que había sido desplazada de su cargo y que debía entregarles la oficina donde se encontraba.
Finalmente, esta semana la Justicia ordenó a los funcionarios a través de un fallo abstenerse de realizar actos de violencia de género que afecten a la integridad psico-física de Liliana Hermosilla dentro del ámbito laboral que vincula a la víctima con los denunciados.
Además la juez dispuso que el presidente del cuerpo de la cámara baja, Esteban Amat, deba garantizar que donde sea que Hermosilla realice tareas, no sufra actos de violencia.
Por último, la letrada aclaró que si bien fue desplazada de la jefatura continúa trabajando para la Legislatura, aunque ahora pidió licencia, sostuvo que al regresar tomará conocimiento del lugar que se le asigne, pero advirtió que “de ninguna manera se pondrá a disposición de un señor que no puede ocupar el cargo” por no cumplir con ninguno de los requisitos.
A fines del año pasado, Hermosilla hizo público a través de Profesional FM que durante el 2020, en plena pandemia por el coronavirus, en la Cámara de Diputados de la Provincia se llevó a cabo un festival de designaciones, con la creación de cargos de planta permanente y con la categoría máxima, que implica sueldos de hasta $300.000. Los involucrados en el caso son Gastón Galíndez, Raúl Romeo Medina, Pedro Mellado y hasta familiares del presidente de la Cámara, Esteban Amat.
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