El funcionario fustigó al imputado por su particular forma de resolver las causas federales.Contó con detalles cómo resolvía las cuestiones de droga y el secuestro de divisas.
Cada vez se confirma con más fuerza que el particular manejo del Juzgado Federal de Orán por parte de Juan Raúl Reynoso, en sus 11 años de gestión, generó una ambiente hostil con sus subalternos inmediatos y con el entorno que rodea el funcionamiento de un órgano jurisdiccional abarrotado de causas complejas, la mayoría vinculadas con el narcotráfico. Con la caída en desgracia del exjuez norteño, sometido a juicio por asociación ilícita, se están desentrañando una serie de hechos reñidos con la administración de justicia en la caliente frontera.
A Reynoso se lo acusa de comandar una organización criminal por el dictado de resoluciones contrarias a derechos para beneficiar a narcotraficantes acusados del transporte y comercialización de voluminosos cargamentos de droga. Junto a él están imputados cuatro abogados, dos sumariantes del juzgado y la hermana de uno de estos empleados. Desde el inicio del debate, en septiembre del año pasado, muchos de los testigos que declararon ante el Tribunal Oral Federal de Salta comprometieron al exmagistrado, entre ellos sus colaboradores inmediatos: los secretarios.
Ayer fue el turno de Andrés Reynoso, quien se desempeñó como defensor oficial entre 2013 y 2015. El funcionario señaló que desde que asumió el cargo le llamó la atención las contradicciones y el criterio poco uniforme con que el juez resolvía determinadas causas. Puso como ejemplo el caso de Marcos Ricardo Mástaka y Luís Alberto Vera, quienes fueron detenido con un cargamento de 68 kilos de cocaína, en junio de 2014. Además de la droga, el primero tenía en su poder 485.000 pesos y 13.500 dólares. Mástaka fue procesado por transporte de estupefacientes en concurso real con lavado de activos. En tanto que a Vera se le imputó solo el delito de transporte de estupefacientes.
«El juez no midió con la misma vara la situación de los dos detenidos, porque Vera, a quien yo defendía, resultó el más perjudicado, pese a haber sido procesado por un solo delito», expresó Andrés Reynoso. Indicó que esto quedó en evidencia a los pocos meses cuando el magistrado le otorgó la prisión domiciliaria a Mástaka. «Pero lo más sorprendente de todo fue que le devolvió a la esposa del imputado el dinero secuestrado, sin exigirle a la mujer la presentación de ningún aval que justificara la procedencia de los pesos y los dólares», dijo el defensor. Y agregó: «Cuando el fiscal apeló y Reynoso tuvo que dejar sin efecto lo que había resuelto, intimó a la esposa de Mástaka a restituir el dinero, pero sin establecer un plazo».
Según el defensor Reynoso, en los casos de secuestros de moneda extranjera, el juez de Orán tampoco adoptaba un criterio uniforme. Comentó que en una oportunidad asumió la defensa de un veterinario al que le incautaron 11 mil dólares. «Esta persona justificó la tenencia de esa suma y explicó que se dirigía a Bolivia a comprar material de trabajo», contó. El funcionario sostuvo que «pese a los diversos planteos que hice no tuve éxito en mi defensa. Luego me enteré que el que había tenido éxito fue el abogado Ramón Valor, a quien el veterinario recurrió como patrocinante particular».
Valor es uno de los letrados que está acusado de integrar la red delictiva que lideraba el exjuez Reynoso. De acuerdo con la acusación fiscal este abogado, junto a sus colegas María Elena Esper, Arsenio Eladio Gaona y René Alberto Gómez, eran los que cooptaban a imputados de narcotráfico, a quienes les exigían dinero y/o dádiva para ser beneficiados con la libertad o la atenuación de las causas.
El defensor Andrés Reynoso también aludió al secuestro ilegal de moneda extranjera que involucraba a personas que ingresaban o egresaban del país con montos que no superaban los límites establecidos por ley. «Si de pronto en un auto viajaban cuatro personas y cada una llevaba una cantidad de dólares permitidos, lo que se hacía era una sumatoria de todo esos montos para justificar el secuestro y armarles una causa», subrayó.
A su juicio «estas cosas eran a toda luz ilegales, y lo digo porque en varias ocasiones me tocó asistir a personas con este problemas y nunca pude lograr que les devolvieran el dinero». Frente a lo expuesto, insistió que «nunca pude entender la particular forma que tenía el juez para resolver estas y otras cuestiones».
Otro de los cuestionamientos que Andrés Reynoso hizo al exjuez de Orán fueron las resoluciones que tomaba con los extranjeros que ingresaban ilegalmente al país. «Lo que hacía era ordenarle a un comandante de Gendarmería que llevara a la persona hasta la frontera con Bolivia y que se asegurara que cruzara el límite», contó. Explicó que en varias ocasiones habló de esta situación con los gendarmes y que a estos les preocupaba ese proceder el juez, según informó El Tribuno.
«Lo que al comandante le preocupaba era que ese traslado no era en calidad de detenido, porque a la persona no se le armaba ninguna causa. Lo llevaba como cualquier objeto con la orden de dejarlo del otro lado de la frontera», refirió el defensor. Ante una pregunta del fiscal Carlos Martín Amad, el testigo señaló que la expulsión de un ciudadano extranjero no es competencia de un juzgado, sino de la Dirección Nacional de Migraciones. «En esta cuestión había una evidente violación de la potestad que tenía el juez», sentenció.
Luego el tribunal escuchó el testimonio de Luis Eduardo Santillán, un empleado del juzgado que se desempeñó como sumariante y secretario privado de Reynoso. El testigo aseguró que jamás vio nada extraño ni escuchó comentarios que vincularan al magistrado con el cobro de coima. «Nunca recibí maltrato por parte del juez y yo trataba siempre de cumplir con mi trabajo», afirmó.
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