Por el millonario fraude que terminó con el Ente de Parques y Áreas Industriales intervenido solo fueron acusados una empleada y su esposo.
El millonario fraude que se destapó a comienzos de 2018 en el Ente General de Parques y Areas Industriales de Salta se resolverá en una semana con un juicio abreviado en el que la principal condena, de tres años en suspenso, recaerá sobre una exempleada del organismo.
El Juzgado de Garantías de Tercera Nominación fijó para el próximo viernes la audiencia en la que el esposo de la mujer recibiría una sentencia de dos años en suspenso, como partícipe primario del defalco que terminó con el Ente intervenido en septiembre de 2018.
La raíz de la medida que tomó el gobernador JUAN MANUEL URTUBEY y de la investigación penal que abrió la fiscal Mónica Poma fue una malversación que, entre 2015 y 2017, le habría ocasionado al Estado provincial un perjuicio de cerca de $5 millones.
La estimación salió de fuentes que tuvieron acceso directo al informe que emitió la Sindicatura General, en enero de 2018, tras una auditoría que solicitó el secretario de Comercio de la Provincia, Sebastián Bajcetic, como miembro del directorio del Ente General de Parques y Areas Industriales. Bajcetic había advertido sobre movimientos sospechosos en las cuentas, por los que apuntó contra la encargada del área contable del organismo.
La exempleada, que enfrenta cargos por fraude a la administración pública y falsificación de instrumentos públicos y privados, arribó a un acuerdo de procedimiento abreviado inicial con el Ministerio Público Fiscal. La acusada, de 32 años, aceptó los cargos, por lo que recibirá una pena de tres años de cumplimiento condicional y quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos. Por el mismo acuerdo, encuadrado en el artículo 422 del Código Procesal Penal de Salta, se convinieron dos años de prisión condicional para su esposo, de 39 años, como partícipe primario de los delitos imputados.
Los términos propuestos con la conformidad de la defensa de la pareja acusada, contemplan una reparación del daño causado al Estado provincial de $540.000. La suma no se condice con el perjuicio estimado en las arcas de la Provincia, por lo que no se descarta que la Fiscalía de Estado observe este punto del acuerdo.
El juicio abreviado
A través del procedimiento abreviado inicial, modalidad prevista en el artículo 422 del Código Procesal Penal, se evita la realización de un juicio oral tradicional con un acuerdo de condena entre fiscal e imputado, que debe ser luego homologado por el juez. Este es el paso que -en el expediente que tiene al Ente constituido como querellante particular- se cumpliría en la audiencia programada para el 15 de noviembre.
En el procedimiento de condena abreviado también se requiere la opinión del querellante particular, aunque no es vinculante para la homologación judicial.
En un informe sobre el estado de las actuaciones, que solicitó el interventor del Ente, Gustavo Esteban González, la asesoría letrada del organismo aconsejó «prestar conformidad al acuerdo de condena arribado».
Los inicios del caso
Las actuaciones que desembocaron en la intervención del Ente General de Parques y Areas Industriales, en septiembre de 2018, se habían iniciado diez meses antes cuando uno de los directores del organismo, Sebastián Bajcetic, advirtió un faltante de documentación contable y solicitó a la Sindicatura de la Provincia una auditoría interna que abarcó varios períodos.
Así saltó a relucir una millonaria malversación de fondos provenientes de la venta de lotes y expensas del Parque Industrial de Salta. La auditoría también confirmó maniobras ilícitas con cheques adulterados. Ante la gravedad y alcance de las irregularidades, en enero de 2018 la Sindicatura recomendó al Ejecutivo provincial la intervención administrativa del Ente. La medida se instrumentó en septiembre de ese año por seis meses. El pasado 19 de septiembre, cumplido el plazo inicial, el Gobierno la prorrogó a través del decreto 507.
El 7 de agosto último, con otro decreto, el 1082, el gobernador formalizó el cese del directorio que había sido apartado de la administración Ente de Parques Industriales en septiembre de 2018.
Por qué terminó intervenido el Ente
En el decreto con el que se dispuso la intervención del Ente General de Parques y Áreas Industriales, el 19 de septiembre de 2018, el Ejecutivo provincial refirió a “graves y reiteradas irregularidades administrativas”.
Uno de los considerandos del decreto 1080, firmado por el gobernador Juan Manuel Urtubey en acuerdo general de ministros, hizo notar que la auditoría realizada en enero de 2018 expuso serias anomalías en el control interno, los recursos propios, los gastos en personal y las erogaciones operativas del Ente.
A partir del informe de la Sindicatura, el decreto que posicionó como interventor a Gustavo Esteban González advirtió sobre la existencia de “un faltante de fondos y valores provenientes de la recaudación de las ventas de lotes”, que no se depositaron ni acreditaron en la cuenta bancaria oficial.
En cuanto al rubro de personal, el decreto 1080 puso en evidencia que “la Sindicatura General detectó diferencias que, en principio, reflejarían pagos indebidos de sueldos”.
La auditoría, además, reveló “la falta de cuidado en la confección de los cheques, imprudencia o negligencia que habría facilitado la maniobra de adulteración posterior” de las órdenes de pago. Al momento de la intervención integraban el directorio del Ente el secretario de Industria, Comercio y Financiamiento, Francisco Lemos; el secretario de Comercio, Sebastián Bajcetic; el secretario de Asuntos Agrícolas, Fernando D’Angelo; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis García Bes, y el director Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Juan Medrano de la Serna.
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