El hecho sucedió el 19 de diciembre de 2020, durante un procedimiento en un domicilio de barrio Bicentenario de la ciudad de Salta, en el que un hombre resultó con lesiones graves.
Este miércoles, al reanudarse la audiencia de debate, se escuchó como amicus curiae a representantes del Comité contra la Tortura y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, aportando conceptos y definiciones que debieran ser considerados en el fallo.
En la audiencia de debate contra el sargento Aldo Daniel Chauque, el cabo Santiago Delfín Jonatan Alcoba, el suboficial principal Leonardo Corrillo, la cabo María José Miranda, el sargento ayudante Jorge Valdiviezo, el sargento Jorge Alberto Saracho Dermith, el cabo Álvaro Nicolás Guanca y el agente Cristian Cruz, como autores de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real. En tanto Chauque, Alcoba, y el suboficial principal Leonardo Corrillo, enfrentaron además acusación por el delito de falsedad ideológica.
Durante los alegatos, el fiscal González solicitó que los imputados Alcoba, Corrillo y Chauque sean condenados a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de reglas de conducta y solicitó además una medida cautelar para que sean apartados de su función hasta tanto el fallo quede firme.
Respecto de los otros cinco acusados, el fiscal no formuló acusación debido a que no quedó acreditada su participación en el hecho.
En el veredicto, la jueza Mónica Faber hizo lugar a la solicitud y condenó a los efectivos Alcoba, Corillo y Chauque a la pena de 3 años de prisión condicional, 6 años de inhabilitación especial para desempeñar la función policial y el cumplimiento de reglas de conducta como coautores del delito de vejaciones agravadas por la violencia y el grave daño a la salud de la víctima en perjuicio de Fernando Oliver.
A Leonardo Corrillo se le suma el delito de falsedad ideológica en concurso real.
Además, fueron absueltos del delito de vejaciones en perjuicio de Silvia Guantay y del delito de falsedad ideológica por atipicidad.
Dispusieron que los condenados Chauque, Alcoba y Corillo, sean asignados a cumplir tareas administrativas dentro de la Policía de la Provincia de Salta, no pudiendo ejercer tareas que impliquen cuidar de la seguridad de los ciudadanos y en el caso de Corillo, queda vedado que efectué cualquier tarea que implique dar fe en cualquier instrumento público.
Finalmente los otro cinco imputados, fueron absueltos al retirarse la acusación fiscal.
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