Dos compañías colaboraron con hasta US$16.000 en 2019 y otra en 2021; el empresario más poderoso le dio sus oficinas al expresidente cuando era candidato.
Corría 2019 y Alberto Fernández, en ese entonces exjefe de Gabinete, exsuperintendente de Seguros y exfuncionario del Banco Provincia, fue ungido candidato presidencial. El peronismo, ahora en formato de Frente de Todos, reorganizaba sus partes para volver al poder y construir una campaña. Quien sería presidente hizo base en un búnker sobre la calle México 337. Un aporte de campaña en especie de uno de sus amigos, Héctor Martínez Sosa, el broker de seguros que luego fue beneficiado con decenas de intermediaciones de contratos entre el Nación Seguros y las distintas áreas del Estado. Si bien no consta en los registros oficiales que él o alguna de sus empresas haya hecho colaboraciones en dinero, por lo menos otras tres lo hicieron.
En los registros de aportes de campaña de 2019 figura un importante monto, a cargo de una sociedad aseguradora. Castello Mercuri realizó, el 26 de septiembre de 2019, un pago de $1.000.000 de ese entonces, destinado a las elecciones generales del orden nacional. A dólar oficial de esa fecha, unos US$16.129. Actualizado a monto de hoy, cerca de unos $20 millones.
Se trata de una de las empresas acusadas en los pasillos de estar “fogoneando” la información que sale a la luz en el escándalo de los seguros. Según documentos de Nación Seguros, intermedió contratos como los de Jefatura de Gabinete (por un tiempo) e Invap, una empresa de Río Negro, pero “se quedó fuera del negocio más grueso”. Fuentes presentes en una reunión en 2020 recuerdan las quejas de sus directivos respecto de que Fernández había prometido negocios que no estaban apareciendo. Tienen una mala relación con Héctor Martínez Sosa.
Castello Mercuri es una de las empresas que fue allanada por orden de Julián Ercolini este martes por la noche. Se secuestró información sensible a la causa que tramita en su juzgado y que tiene imputados a Fernández y a otros colega del rubro, Martínez Sosa. Pablo Torres García, un competidor de relaciones fluidas con otros políticos y beneficiario de las comisiones de contratos con la Anses o el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue allanado aunque todavía no imputado por el fiscal Ramiro González. No figuran aportes de campaña a su nombre o el de alguna de sus empresas.
Otro de los brokers aportantes a la campaña de 2019 fue Green Ocean Trust & Insurance SA. También para el orden nacional, aunque para las PASO, colaboró con unos $400.000, lo que representaban US$6451 de ese momento. Durante la gestión de Fernández intermedió el seguro de una de las empresas del Banco Nación, Garantizar. Consultados al respecto, desde la compañía dijeron que la última factura fue realizada en octubre de 2020, fecha tras la cual contrataron a AON, otra sociedad.
Esta empresa estuvo involucrada otro escándalo, el de la compra de barbijos durante la pandemia por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Ignacio Sáenz Valiente, dueño de varias firmas que compartían el nombre, le vendió los insumos con sobreprecios al gobierno porteño. La sociedad tuvo como accionista a Rodrigo Miguel, el hermano del jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel.
Desde ese entonces, Green Ocean Trust & Insurance SA cambió su nombre a Torino Brokers SA y desplazó a Sáenz Valiente. Quedó como presidente, desde diciembre del año pasado, Martín Alberto Basail. LA NACION se comunicó con él, quien estaba en otro rol en la empresa en ese entonces, y que aclaró que no fue presionado a hacer aportes.
La tercera empresa aportante, aunque esta vez para las legislativas de 2021, fue Testimonio Compañía de Seguros SA. El 14 de septiembre aportó $200.000, unos US$576. Juan Ignacio Alfieri, su presidente, también dirige la Cámara de Aseguradores de Riesgo Ambiental (Caara), un rubro de seguros que se vincula con la gestión pública. Tuvo negocios con el Estado con las empresas Energía Argentina e Impsa.
LA NACION intentó comunicarse con las Castello Mercuri y Testimonio Compañía de Seguros SA y sus titulares, pero no recibió respuesta.
Todas las empresas de seguros se encuentran bajo alerta. El juez Ercolini libró ayer 28 órdenes de presentación pidiendo contratos con distintas compañías aseguradoras informadas por Nación Seguros y la investigación corre hacía determinar si hubo retornos del dinero que cobraban en concepto de comisiones a la política. El martes no solamente fueron allanadas empresas locales sino también brokers internacionales que tienen sede en la Argentina. Un caso fue el de AON.
La empresa estatal, a su vez, fue objeto de requisa y consulta el viernes pasado cuando personal del Poder Judicial se acercó a las oficinas a solicitar documentación. Hubo una reunión en la que se delineó el papelerío que debían entregar y el que debían desenterrar para tenerlo disponible con facilidad.
El búnker de la calle México 337, renovado y decorado para la campaña, era un espacio de 300 metros cuadrados que durante semanas albergó un desfile inacabable de futuros ministros, empresarios y aspirantes a funcionarios. En el hall, una gigantografía de Alberto y Cristina Kirchner recibía el incesante ir y venir de visitantes. De las cuatro oficinas principales, Fernández ocupaba una junto a la entrada, custodiado su secretaria: María Cantero, la esposa de Martínez Sosa.
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