Entre los antecedentes que tienen hay asociación ilícita, fraude, coimas, amenazas, torturas, robo a mano armada y violencia de género entre otras causas.
Rosario de la Frontera presenta una particularidad en estas elecciones, tres de los principales candidatos a intendentes llegan con graves antecedentes en la justicia. Se trata de Gustavo Solis, que se presenta por el Frente Vamos Salta. Por otro lado Kuldeep Singh que se postula por el Frente Unidos por Salta y Gustavo Orozco que será candidato por el frente Avancemos.
Gustavo Solis
En el marco de una investigación iniciada en 2019 por el cobro irregular de planes sociales de Rosario de la Frontera, se amplió la imputación y alcanzó al jefe comunal y otros funcionarios de su gestión, entre los que se cuenta a la secretaria de Hacienda. Se los acusa de asociación ilícita en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.
La fiscalía interviniente, lleva adelante una investigación por supuestas maniobras fraudulentas que se denunciaron en esa ciudad respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.
Inicialmente, se imputó Matías Tomás Antonio Iturre, quien se desempeñaba como secretario privado del Intendente de Rosario de la Frontera, como autor de los delitos de fraude a la administración pública en concurso real con falsedad de instrumento público.
A partir del relevamiento de testigos y las pericias contables realizadas, la unidad fiscal decidió ampliar la acusación a Gustavo Solís Mónico, Matías Tomás Antonio Iturre, Orlando Rubén Cárdenas, José Luis Feres, Silvia Carolina Solís Mónico y Antonia Silvia Acosta como autores de los delitos de asociación ilícita en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.
Kuldeep Singh
Se trata del exlegislador a quien se lo imputó en 2018 y quien debía ir a juicio en febrero pasado.
En el municipio de Rosario de La Frontera se presentó con intenciones de ser intendente, el exlegislador a quien se echó de la Cámara de Diputado por la imputación que pesa en su contra. Luego de la viralización de filmaciones y fotos de Kuldeep Singh, la fiscalía lo imputó en 2018 por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda.
El juicio contra el ex legislador debía iniciar el 28 de febrero, pero fue reprogramado porque una de las personas que también está acusado en esa causa, cursa una detención actualmente por abuso sexual agravado.
Gustavo Orozco
Orozco tiene más de 40 causas en la justicia.
Una de ellas es por torturas y hechos de violencia policial tiene como acusado a Gustavo Orozco y a siete policías que también están requeridos a juicio por el fiscal Gabriel González, la Corte de Justicia de Salta negó un recurso de la defensa del legislador para que no se realice el juicio y ordenó que prosiga el trámite. El juez de Garantías de esa causa, Héctor Guzmán, había ordenado oficiar a Diputados para que tramite el desafuero, pero esto se interrumpió ante la apelación.
La acusación es por imposición de torturas; privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia; apremios ilegales y vejaciones calificadas por el uso de violencia, todo agravado además por el uso de arma de fuego. En esta causa interviene el fiscal de DDHH, Gabriel González.
Existe otra causa contra Orozco pero por amenazas a raíz de un hecho cometido el 28 de julio de 2021.
En su momento la Fiscalía de Derechos Humanos intervino por una denuncia radicada en 2015 por parte de quien entonces era menor de edad. El relato del denunciante y otros seis testigos detenidos señala que Orozco y otros policías, los conducían a revisión médica para luego infringirles torturas, como la colocación de bolsas plásticas en la cabeza, trompadas en las costillas, rodillazos en el pecho, meterles la cabeza en un inodoro y tirar la cadena, y obligarlos a observar cuando torturaban a otro. A esto se agregaba la posterior amenaza de que si denunciaban, la pasarían peor.
Otra denuncia, también fue radicada en 2015 ante la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, es contra Orozco y los otros policías de la Brigada de Investigaciones de esa localidad. El denunciante relató que al enterarse de que estaba siendo buscado por la Brigada, se presentó en la Comisaria 31, adonde llegaron Orozco y otros policías, lo trasladaron a una pieza en el fondo y comenzaron a golpearlo en la cabeza y estómago. Cuando fue trasladado a la Base Operativa, dijo que le pidieron que se desnude, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza comenzando a asfixiarlo, pegándole varias piñas más.
El denunciante dijo que Orozco lo golpeó en la nuca, le pateó una pierna, le puso una bolsa en la cabeza y le pegó en el estómago.
Otra actuación corresponde a una denuncia de 2014. Un hombre contó que fue detenido por unos seis policías vestidos de civil, entre los que reconoció a “Orozco y Ale Luna”. Relató que le pegaron con la mano y lo ahorcaron con el cinto. Después lo ahogaron en el río, lo desnudaron y le pegaron con un palo por el cuerpo y señaló que este palo estaba envuelto con un trapo para que no se noten los golpes. Luego, en el baño del destacamento contó que le metieron la cabeza en el inodoro y le hacían dar la cabeza contra la pared. También denunció que lo amenazaban con matarlo a él y su familia.
La cuarta actuación fiscal es por una denuncia de 2015. El denunciante dijo que fue detenido en Rosario de la Frontera por Orozco, Medina, “Piri” y otros tres. Contó que lo torturaron, lo golpearon en los riñones, le pisaron la cabeza, lo ahogaron en el inodoro y en un tacho con agua, y lo asfixiaron con una bolsa. Después lo amenazaron de muerte para que no denuncie.
Causas en trámites
Son tres las causas ya tramitadas, en Fiscalía de Derechos Humanos, con Decreto de Imputación, Requerimiento de Remisión de Causa a Juicio, Auto de Elevación y Juicio, y con audiencia de debate fijada y suspendida. La última suspensión fue como consecuencia de un Recurso de Casación por denegatoria de un pedido de Sobreseimiento por vencimiento del plazo razonable que planteó la defensa técnica, el Recurso de Casación fue denegado por los Jueces Dres. Guillermo Poliotto y Virginia Solorzano del Tribunal de Impugnación Sala II en fecha 9/09/21.
Otra causa de Fiscalía de Derechos Humanos con decreto de imputación, Requerimiento de Remisión de Causa a Juicio y Auto de Elevación a Juicio, ordenando la Jueza de Garantías Edith Rodriguez (interina), que al momento de la efectiva remisión de la causa al Tribunal de Juicio correspondiente se notifique a la Cámara de Diputados en los términos del art. 122 de la Constitución de la Provincia de Salta, a sus efectos. Actualmente la causa se encuentra en trámite ante el Tribunal de Impugnación por un Recurso de Casación planteado por la defensa técnica de Gustavo Orozco por la denegatoria del sobreseimiento por vencimiento del plazo razonable. El 25/04/22 el Tribunal de Impugnación Sala IV, rechazó el recurso de casación esperando el vencimiento de los términos para que vuelvan al Juzgado de Garantías Quinta Nominación.
Otra causa tiene Decreto de Imputación, requerimiento de remisión de la causa a juicio presentado por la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Gabriel González y Verónica Simesen de Bielke, que se encuentra en trámite de elevación en el Juzgado de Garantías N°2 de Metán a cargo de Dr. Mario Dilascio desde fecha 12/11/21, por el delito de Amenaza, ocurrido el 28/07/21 en Rosario de la Frontera.
Con decreto de imputación por Apología del Delito del año 2020, otra causa, tiene pedido de fiscalía de Rosario de la Frontera de clausura provisoria de la investigación penal preparatoria, en junio del año 2021, por prueba pendiente de incorporación, solicitada a Facebook. Fiscal interviniente Dr. Nicolás Rodríguez.
Además de las causas indicadas, aún existen otras actuaciones en trámite de averiguación preliminar, tanto en Fiscalía Derechos Humanos como en Fiscalía de Rosario de la Frontera.
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