Los acusados circulaban por el sur de la provincia en un auto denunciado como robado. Al toparse con un móvil policial, en un camino de tierra, iniciaron la fuga, abandonaron el rodado y se internaron en el monte, pero al día siguiente fueron capturados.
A partir de la acusación propuesta por la fiscal subrogante Paula Gallo, del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, dio por formalizada la investigación penal contra tres personas al considerarlas coautoras del delito de «transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes». Durante la audiencia, celebrada el viernes pasado, el magistrado -en línea con lo solicitado por el MPF- ordenó también la detención de los dos hombres y de la mujer, cuyas identidades no pudieron ser acreditadas fehacientemente debido a la falta de precisión brindada por los imputados respecto a sus datos personales
Al presentar el caso, la fiscal explicó que los tres acusados fueron sorprendidos el 18 de julio pasado por un móvil de la División Rural de la Policía de Salta, que se encontraba en ese momento realizando un recorrido preventivo por denuncias de abigeato en la ruta provincial 41, que une al departamento Rivadavia con Anta. Por ese camino de tierra y en sentido norte a sur, los policías vieron circular una motocicleta seguida por un automóvil blanco marca Chevrolet Onix. Los dos vehículos, al ver el patrullero, hicieron un giro en “U” e iniciaron la fuga.
Debido a que se trataba de un camino de tierra y por la polvareda levantada, los policías alcanzaron a ver que la moto se desvió y que el auto siguió, por lo que mantuvieron la persecución hasta que metros más adelante encontraron solamente el vehículo sin ocupantes y sin la llave de arranque. Al inspeccionar el lugar, establecieron que los ocupantes se habían fugado hacia el monte, compuesto de una densa vegetación. Tras pedir apoyo al área de Drogas Peligrosas y ya con intervención judicial, se procedió a la requisa del auto en la base operativa de la localidad de Joaquín V. González.
Oculta en el auto
La fiscal explicó en la audiencia que en el asiento trasero del vehículo se hallaron 49 paquetes que contenían 100,2 kilos de marihuana. En ese procedimiento, se incautó también documentación vehicular, tanto del rodado abandonado como seguros de otros dos, lo que permitió establecer que la patente había sido cambiada y que el auto registraba pedido de secuestro por denuncia por robo.
Sostuvo luego que, al seguir con la búsqueda en la zona, los policías entrevistaron al día siguiente a un puestero que indicó que había visto a cuatro personas que caminaban con una moto. A partir de esta información, se identificó en la misma ruta 41 -a 10 kilómetros al sur- una serie de huellas de una motocicleta. Al seguir ese rastro, encontraron a los ahora imputados y uno de ellos intentó resistirse a la detención.
La fiscal resaltó que se encontró en poder de uno de los involucrados la llave del automóvil abandonado. Por su parte, la mujer implicada (quien se encontraba junto con un niño de dos años) tenía más documentación relacionada a la causa y dos gramos de cocaína. Por este último hecho, el MPF planteo que, en su caso, la acusación incluya la tenencia de estupefaciente para consumo personal.
Al momento de requerir la acusación y la prisión preventiva, la fiscal Gallo hizo foco en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la causa en el que podrían incurrir los acusados y destacó la gravedad del hecho, dada la cantidad de droga que transportaban, el daño en abstracto a la salud pública y la logística puesta de manifiesto, con uno de ellos en motocicleta, a modo de «coche puntero”.
En la audiencia, la defensa había pedido la libertad de sus clientes. En el caso de la mujer, de manera subsidiaria, había planteado el arresto domiciliario, medida que el juez dispuso como viable solo cuando se establezca de manera real el lugar de arraigo de la misma. Al momento de dictar la prisión preventiva, el magistrado Bavio autorizó una serie de peritajes solicitados por la fiscalía respecto a los teléfonos secuestrados y a otras medidas destinadas a establecer si existen vínculos de los acusados con el robo del rodado.
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