El negocio, en España 714, es una pequeña empresa recuperada tras una quiebra que se produjo cuando comenzó la pandemia. Desde La Catedral quieren recuperar la propiedad y dicen que les avisaron a los empleados hace más de un año que debían buscar otro lugar.
Los trabajadores de la Cooperativa Don José, que manejan la confitería ubicada en España 714, están en alerta. Los integrantes de la organización aseguran que desde la Iglesia de Salta quieren desalojarlos del local comercial que les alquilan, ya que se niegan a renovarles el contrato. Desde el Arzobispado, en tanto, admitieron que quieren recuperar el inmueble pero aclararon que no iniciaron ninguna acción legal en este sentido hasta ahora.
En 2020 la confitería, ubicada en pleno centro salteño, estaba en riesgo de cerrar. En mayo de ese año, quienes eran sus dueños -Silvia Sarmiento y Fernando López- se habían declarado en quiebra, por lo que sus ocho empleados quedarían en la calle. Quienes administraban el negocio no pudieron superar la crisis económica que se agravó por las restricciones por la pandemia de COVID-19 y tuvieron que tirar la toalla, por lo que sus empleados decidieron sostener el negocio para asegurar sus fuentes de trabajo. Fue entonces que formaron la cooperativa Don José y quedaron a cargo del tradicional local, conocido por la calidad de sus productos artesanales.
En noviembre de 2020 les entregaron la matrícula de la cooperativa. El juez de Concursos Quiebras y Sociedades de Primera nominación, Pablo Muiños, declaró la quiebra de la anterior administración de la confitería y dispuso que el negocio siguiera funcionando bajo la explotación de la cooperativa .
“Van a hacer dos años desde que nació la cooperativa, pero el negocio está funcionando hace más de 27. El inmueble donde estamos pertenece a la Iglesia Catedral y no nos quieren renovar el contrato. Esto es lo único que tenemos para mantener nuestras familias, por eso queremos que nos permitan trabajar y cumplir con el contrato de alquiler y con todo lo que hemos venido cumpliendo hasta el día de hoy. Simplemente queremos eso, no buscamos conflictos”, aseguró Norma Choqui, presidenta de la cooperativa, en diálogo con El Tribuno.
Eduardo Romani, representante legal del Arzobispado, afirmó que la institución religiosa simplemente quiere recuperar el inmueble y no seguir alquilándolo. Además, remarcó que la cooperativa hace ocho meses que no paga el alquiler. Desde la organización negaron la mora y afirmaron que pagan los 85 mil pesos mensuales por el alquiler de la propiedad, más todos los impuestos.
Norma Choqui comentó que están atravesando el proceso judicial que se inició a los antiguos dueños por la decisión de presentarse la quiebra por la importante deuda que tenía el local. “Para sanear esa deuda y disponer de las máquinas, que están embargadas en el local, e inclusive poder pagar nuestras indemnizaciones porque también formamos parte de la lista de acreedores, tenemos que poder trabajar. No tenemos otra salida”, aseguró .
La presidenta de la cooperativa comentó que al tomar la decisión de hacerse cargo de la empresa tuvieron que asumir todos los compromisos que tenían los anteriores dueños y pagar deudas.
Uno de los motivos de este conflicto es que la Iglesia Catedral decidió apelar una medida cautelar que ordena la continuidad del contrato de alquiler del inmueble de calle España al 700. En diálogo con El Tribuno, Eduardo Romani, abogado de la institución religiosa, afirmó que un año antes de que el contrato finalice, se le avisó a la cooperativa que no se iba a renovar el contrato para que tuvieran tiempo de buscar otro local.
“La cuestión es que no lo hicieron y siguieron trabajando en el mismo lugar. Yo tuve reuniones con la gente de la cooperativa y les expliqué la situación, que la intención era recuperar el local comercial. Hay un agravante en esta historia y es que hace ocho meses que no pagan el alquiler. Ni siquiera se inició el desalojo. Como no están pagando, están avizorando que nosotros vamos a continuar legalmente con el reclamo. Son ocho meses. Es inaudito, se ve que ellos quieren continuar y aparentemente sin pagar”, manifestó el abogado.
“Aunque no se inició una causa de desalojo todavía, claramente al no pagar el alquiler en algún momento se va a hacer. Es mucho tiempo sin pagar y fuimos tolerantes durante todo este tiempo. Si vos tenés un inmueble y no lo querés alquilar, no tenés por qué hacerlo. Hace más de un año se les avisó que busquen otra propiedad. No es inminente el desalojo porque no iniciamos ninguna acción legal”, remarcó el abogado.
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