Las tierras son privadas y la gente se instaló este martes por la noche. Hay una fuerte presencia policial. Se trata de un baldío en donde, según los vecinos, hay mucha inseguridad.
Al menos 50 familias se instalaron de manera ilegal anoche un terreno en barrio Solidaridad, en el sudeste capitalino. Personal del Poder Judicial las intimó a retirarse de manera inmediata y la Policía los desalojó hace instantes. Sin embargo, la gente permanece en la zona con la idea de volver al predio y hay una fuerte presencia policial.
El terreno baldío conforma un triángulo entre los barrios Solidaridad, Sanidad y Primera Junta con una amplitud de unas ocho manzanas. Se trata de un descampado que se convirtió en basural donde se produjeron graves hechos de inseguridad.
Según el registro que ya manejan los asentados son unas 300 familias, de distintos puntos de la ciudad, las que demandan un lote en el lugar, aunque son unas 50 las que permanecían ahí esta mañana.
Según los vecinos, en los últimos años en ese preciso lugar han ocurrido graves hechos de inseguridad e incluso encontraron tres cuerpos. «Nos apoyan hasta los mismo vecinos. Acá pasaron cosas muy feas, usan el lugar para consumir drogas, apareció una joven quemada, el cuerpo de un anciano. Entonces decidimos tomar el terreno. Sabemos que está mal, que es un delito, pero así vamos a evitar más delitos», dijo Claudia Romina, quien es madre de dos hijos y vive en la actualidad en la casa de su suegra.
Las familias señalaron que el predio se encuentra en estado de abandono y que lo ocuparon porque no tienen dónde vivir. «Acá se juntan los piperos que roban de todo para poder conseguir sus drogas. Es por eso que, si nosotros urbanizamos este territorio, se acabarán los hechos de robos y muertes por la zona», dijo uno de los muchachos que pasan las horas brindando seguridad a las mujeres que están allí.
En Salta, quienes usurpen cualquier terreno son excluidos de los registros de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia para recibir un lote para la construcción de casas. En tanto que la jueza de Garantías Ada Zunino dio la orden de no innovar, prohibir el asentamiento de las familias y dio la orden de desalojar el predio. Los intimaron a «retirarse bajo el apercibimiento de la ley». Pasó a la Asesoría de Incapaces para las medidas pertinentes y responsabiliza a los padres por la integridad de los menores de edad que están en el acampe. El desalojo se hizo efectivo por la Policía de la Provincia, sin represión, antes del mediodía.
Con información de El Tribuno
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