Supuestos originarios avanzaron sobre tierras privadas y ahora impiden las labores de los dueños en otros terrenos
Policías heridos y cuatro detenidos fue el saldo de los serios disturbios que se registraron en las últimas horas en finca Las Pailas, a 12 kilómetros de Cachi, donde sus propietarios vienen advirtiendo desde hace tiempo el avance sobre tierras privadas de supuestas comunidades originarias que reclaman «territorios ancestrales» en ese lugar.
Ayer cerca del mediodía hubo disparos de balas de goma en un operativo que llevó a cabo la Policía mediante una orden de allanamiento dictada por la fiscalía en esas tierras, donde los supuestos originarios se instalaron reclamando los beneficios de la ley 26160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas.
La tensión permanecía anoche al cierre de esta edición, mientras que la Justicia ordenó reforzar la seguridad en el lugar con el apoyo de una consigna policial a fin de impedir el ingreso de personas ajenas al inmueble en cuestión, aunque la usurpación es un hecho que se fue fortaleciendo en los últimos meses y que ya había sido advertida por los propietarios cuando ocurrieron las tomas en Guernica y en Entre Ríos por parte de seguidores del dirigente Juan Grabois.
Florencia Wayar, propietaria de los terrenos usurpados, había advertido maniobras por parte de personajes extraños que llegaron a Cachi y comenzaron a convocar a los vecinos con la idea de formar una asociación de pueblos originarios para reclamar la aplicación de la ley de relevamiento territorial indígena. Es así que se conformó la Comunidad Diaguita Calchaquí Las Pailas que comenzó por suspender el pago de los arriendos y luego avanzar sobre la finca privada.
Ayer, en contacto con El Tribuno, Florencia Wayar manifestó su temor ante el avance de los supuestos originarios con el patrocinio de organismos de derechos humanos y desde el Gobierno nacional y provincial.
La mujer aseguró que los usurpadores no solo avanzaron impunemente sobre su propiedad, sino que ahora también le impiden trabajar en su propia finca, en un terreno que está fuera de la discusión. «Ahora estoy en otra parte de la finca; en un fracción que no tiene nada que ver con los terrenos que ellos ya usurparon. Estoy trabajando desde el domingo pasado y llegó esta gente. Me insultaron a mí y a otros vecinos, arrojaron piedras y cuando vino la Policía, todo fue un caos. Atacaron con piedras y robaron equipos a los uniformados. Ahora ya no me dejan ni trabajar en otro sector de mi finca que hasta el momento no está usurpado», expresó.
«Se niegan a acatar la orden del fiscal. Llegaron con gente de Derechos Humanos y cuando quise hablar con ellos me dijeron que conmigo no tenían nada de qué hablar. Ellos están con bebidas y alimentos y no me dejan trabajar en mi propiedad. Yo desde el domingo que no puedo volver a mi casa. Estoy sin dormir, no tengo dónde descansar ni bañarme. Los vecinos, que también son dueños de pequeñas fracciones de la finca, me piden que no me vaya. Tienen miedo de que esta gente también les usurpe sus propiedades que con tanto esfuerzo lograron adquirir», manifestó la mujer.
Basta de robar tierras
Puso de relieve que el caso ya tiene antecedentes judiciales desde hace tiempo y que en todo este proceso los usurpadores avanzaron sobre la mitad de su propiedad. «Que no me vengan con que hay un territorio aborigen. Ya tienen tomada la mitad de mi tierra y es algo que vengo reclamando desde hace años. Ahora intento trabajar otra parte de mi propiedad y me lo impiden. Esto es inaudito. La pregunta es quién nos protege a nosotros los propietarios. Seguiré esperando aquí hasta que me maten. Yo ya digo basta… basta de que sigan robando mis tierras», manifestó con angustia.
La mujer advirtió que las tareas de siembra son cruciales en diciembre y que para no perder la cosecha debe avanzar con el trabajo, al igual que los vecinos de lugar.
Una ley de emergencia territorial prorrogada
La jueza ordenó legitimar los reclamos en un plazo de 48 horas
“Le pido a la gente de derechos humanos que me garanticen los derechos que me asisten como ser humano y como argentina. Yo no estoy usurpando ni apropiándome de cosas que no me corresponden. Solo quiero trabajar en mis tierras”, expresó Florencia Wayar, quien anoche seguía en el lugar del conflicto.
La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, ordenó dar intervención a la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al Defensor Oficial Penal, quienes en el término de 48 horas deben indicar si la ocupación efectuada en Finca Las Pailas de la localidad de Cachi se encuentra contemplada o no por la emergencia territorial prevista por la ley 26160.
Dicha ley fue sancionada en el año 2006 y declaraba, en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años, la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese en el Registro Nacional de Comunidades. Desde ese momento empezaron a surgir asociaciones de todo tipo invocando pertenencias sobre tierras que ya tenían dueños. La ley fue prorrogada en el año 2017 y extendió su vigencia hasta noviembre del 2021. La norma exige que la posesión por parte de las comunidades sea actual, tradicional y pública, algo que para el caso de Las Pailas parece no cumplirse bajo ningún punto.
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