Una pareja de líderes espirituales de una congregación Umbanda que venera a San La Muerte, quedó imputada este miércoles por el delito de trata de personas agravado por ser cometido con fines de explotación sexual y por la calidad de “ministros de un culto” de los autores, tal como lo establecen los artículos 145 bis y ter, inciso 6 del Código Penal.
La imputación, presentada por el fiscal general José Eduardo Villalba de la Unidad Fiscal Salta, fue formalizada por el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio, quien también hizo lugar a otros pedidos de la fiscalía, entre ellos la prisión preventiva de ambos acusados.
Respecto a Jorge Juan Soria, Villalba, dispuso que la misma sea de cumplimiento efectivo, por lo que ordenó su inmediata detención, mientras que María Ester Arroyo, cumplirá la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario. También autorizó el embargo preventivo de una propiedad de los acusados, en donde funciona el Templo a San La Muerte, en Villa San Antonio, a escasos minutos del centro de la ciudad.
A instancia del Defensor de Víctimas Nicolás Escandar, se ordenó la devolución de un vehículo que usufructuaban los acusados, el cual pertenecía a una de mujer que había sido captada por los acusados, quienes terminaron quedándose con el dominio del auto, el que fue secuestrado en un allanamiento realizado a instancia de la fiscalía.
Villalba se mostró conforme con las medidas dispuestas por el juez, ya que las mismas coinciden con la teoría del caso que lleva adelante la fiscalía. “Se trata de un caso muy sensible, pues está de por medio la dignidad de mujeres que, por su condición de vulnerabilidad, se vieron captadas por los acusados, los que lejos de darle una contención espiritual, se valieron de ese dolor y se aprovecharon de ellas”, explicó el fiscal.
Sostuvo, a su vez, que se trata de un caso complejo, con muchas aristas que aún son motivo de investigación, razón por la cual se solicitaron las medidas de coerción del caso, las cuales fueron claramente entendidas por el juez Bavio.
“No fue algo casual, sino una investigación que la Unidad Fiscal trabaja desde febrero pasado, cuando una persona se acercó y realizó una denuncia. Una vez que se realizó el allanamiento, en tanto, se sumaron otros testimonios que no hacen más que darle mayor firmeza a la acusación”, agregó.
Resaltó también el importante aporte brindado por la fiscal María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la que coincidió con la fiscalía respecto al encuadre legal del caso.
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