Las agrupaciones de inquilinos reclaman un plan de desendeudamiento, un órgano de control y que se garantice el derecho constitucional a una vivienda digna.
La decisión del gobierno nacional de no prorrogar el decreto que congeló el precio de los alquileres preocupa a las organizaciones defensoras de los inquilinos.
En diálogo con Hablemos Claro, por Profesional FM, la vocera de Inquilinos Unidos en Salta, Natalia Soraire alertó que si no se extiende esta normativa mucha gente podría quedar en la calle, y por tal motivo piden la extensión del decreto y un plan de desendeudamiento que ayude a los inquilinos.
Soraire apuntó contra una suba desmedida de precios de alquileres en Salta, y agregó que la Asociación de Inquilinos presentó un proyecto de Defensoría de Inquilinos ante distintos organismos para proteger sus derechos sin obtener respuestas.
En ese sentido, Soraire relató su experiencia personal cuando fue desalojada tras perder su empleo, contó que vivió en un espacio comunitario, en plena pandemia, situación que se replica en un gran porcentaje de mujeres a cargo de familias que deben ubicarse en asentamientos, sin ninguna otra alternativa.
Finalmente, la vocera de inquilinos indicó que se estima que son 9 millones de inquilinos a nivel nacional, pero que la cifra no es certera debido a la falta de regulación en el mercado inmobiliario.
No obstante, cabe resaltar que el Gobierno nacional anunció este viernes una asistencia a las familias que se encuentren en situación de desalojo, ante el inminente vencimiento, el próximo 31, de la vigencia del decreto que prorrogaba automáticamente los contratos de los alquileres y prohibía desalojos.
A través de la Resolución 88/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”.
Para esto, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.
Asimismo, el Ministerio instruyó a la Secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.
El decreto remarcó que a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Cargando ...
Agregue un Comentario