La norma permitía el uso de químicos para desarrollar la actividad y que generaron un fuerte repudio de parte de los ambientalistas.
El gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez decidió suspender la reglamentación de los cambios en la ley de Minería provincial, que permitían el uso de químicos para desarrollar la actividad y que generaron un fuerte repudio de parte de los ambientalistas. «Voy a suspender la reglamentación de la ley», adelantó el gobernador, que anunció que habrá debates para generar un diálogo abierto y consenso social. «Queremos cuidar el agua y que haya trabajo de calidad», afirmó en conferencia de prensa. «Si no está el consenso, no vamos a hacer nada», adelantó.
Los cambios a la ley 7.722 habían sido promulgados esta semana en el Boletín Oficial, tras la sanción del viernes pasado en la Legislatura provincial. Las modificaciones permitían el uso de sustancias químicas en la minería, como cianuro y de ácido sulfúrico. Estos elementos permiten separar los metales extraídos de la roca habilitando la minería metalífera a cielo abierto, en tanto que mantenían la prohibición del uso del mercurio.
«Voy a suspender la reglamentación de la ley, con lo cual no entrará en vigencia hasta que no sea reglamentada. Esto es subirnos al futuro con inteligencia, cuidando el agua como debemos hacerlo», explicó Suárez. Dijo además que impulsará un debate entre varios sectores y que quiere una discusión «madura» en torno a la política de minería. «Quiero que opinen todos. Aquí viven mis hijos, mis nietos, aquí nací yo y voy a morir en esta tierra. Lo que más quiero es cuidar el agua», indicó.
Hubo varias y multitudinarias protestas en la provincia en contra de los cambios en la ley. Una de las últimas fue el lunes pasado frente a la casa de gobierno de Mendoza, en la que se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que dejaron más de 40 detenidos y 16 efectivos heridos. A pesar del contundente rechazo la administración de Suárez publicó el martes los cambios en el Boletín Oficial. Pero hoy el gobernador dio marcha atrás al anunciar la suspensión de la reglamentación.
En este sentido, dijo que garantizará la «paz social». «El primer deber que tengo es garantizar la paz social, no quiero que los violentos ganen este debate. Por eso vamos a convocar a todos al diálogo. Al arzobispado, a las universidades, a los sindicatos, a los partidos políticos, a organismos internacionales. Voy a estar presente personalmente en el debate», manifestó. Acompañado por su vice Mario Abed, Suárez se quejó que tanto él como su equipo recibieron «hostigamientos y amenazas por parte de algunos sectores muy violentos».
Explicó que en el caso de que no se llegue a un acuerdo tras el diálogo que propone está la posibilidad de convocar a un plebiscito para tomar la decisión final. «Existe la posibilidad de realizar una consulta popular, obligatoria y vinculante», dijo el gobernador, que igualmente ahora apuesta a que se llegue a un consenso.
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