El fiscal Ricardo Toranzos también investiga la responsabilidad de funcionarios por los cobros irregulares del plan. Hasta ahora, solo en la provincia, la defraudación al Estado se estima en $34 millones por mes.
En Salta, por el momento, son 434 los agentes públicos investigados por cobros irregulares del plan Potenciar Trabajo. Así lo confirmó ayer Ignacio Irigoyen, auxiliar fiscal del área de investigación y litigación de casos complejos de la Unidad Fiscal Salta, en diálogo con Radio Salta.
Irigoyen también señaló que la Fiscalía Federal a cargo de Ricardo Toranzos requirió una serie informes para terminar de precisar la cantidad de agentes estatales implicados y avanzar con las imputaciones por defraudación a las arcas nacionales. A la par, se dispusieron otras medidas de prueba para establecer las responsabilidades de los organismos de control. La Justicia Federal tiene en mira a funcionarios sobre los que podrían recaer cargos por incumplimiento de deberes.
Fue el fiscal Guillermo Marijuán quien inició la investigación en Buenos Aires, en noviembre último, luego de ser puesto en conocimiento de que empleados estatales estaban cobrando el beneficio en clara incompatibilidad. A partir de esa denuncia, desde los tribunales federales de Comodoro Py se requirió a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las bases de datos de sus trabajadores estatales, a fin de cruzarlas el padrón del citado plan social.
Hay provincias que no respondieron
«Solo algunas provincias, entre ellas Salta, respondieron al requerimiento judicial. Otras aún no lo hicieron», aclaró Irigoyen. Las otras que cumplieron fueron Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa y Santa Cruz.
«A partir de la nómina que entregó el Gobierno de Salta se hizo un entrecruzamiento de datos con el registro del plan social y se detectó que 434 empleados públicos lo cobraban indebidamente», precisó el auxiliar fiscal, tras remarcar que Potenciar Trabajo tiene como fundamento la inclusión social y está destinado a personas con alto grado de vulnerabilidad social y económica. «Por lo tanto, es incompatible para personas que tienen un empleo formal», aclaró, y recalcó que dentro de esa restricción están comprendidos agentes públicos de la Nación, las provincias y los municipios. Lo que hasta ahora se destapó parece ser solo la punta de un iceberg.
El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, confirmó hasta el momento la baja de 4.588 beneficiarios por incompatibilidades. Esa es la cantidad de cobros irregulares que sacó a relucir la investigación preliminar de Marijuán en base a los pedidos de informes a los que solo 13 provincias respondieron hasta el momento. El país, además, tiene alrededor de 1.300 administraciones municipales con nóminas de agentes estatales que no deberían quedar exentas de los entrecruzamientos de base de datos para separar la paja del trigo.
Días atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, deslizó que alrededor de 160.000 planes podrían llegar a ser dados de baja por irregularidades diversa índole. La asistencia del plan Potenciar Trabajo, que equivale a la mitad de un salario mínimo, vital y móvil, asciende actualmente a $78.000 por mes. Las estimaciones de la defraudación son tan cuantiosas que las multiplicaciones dan error en las calculadoras de los celulares.
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