Por Valeriano Colque
La perversión del destino económico argentino consiste en los síntomas engañosos que despliegan las políticas que se aplican. Cuando percibimos tiempos de holgura y cierta saciedad en los consumos, a menudo ello obedece a la aplicación de políticas expansivas del gasto público, componente esencial de un distribucionismo sin sustento que, con el paso del tiempo, deviene en fuertes distorsiones macroeconómicas, de compleja solución.
Tras el aumento del gasto sobreviene la inflación. Para disimularla, llega el retraso cambiario y la ralentización de los aumentos de precios y tarifas, con un efecto bola de nieve.
Luego llega el imprescindible reacomodamiento, o sea, el temible ajuste. El cambio de rumbo supone–inicialmente–contracción, baja en el nivel de actividad y en el consumo, deterioro de los ingresos. Pero muchas veces son más los que condenan a quienes intentan enderezar el timón que a quien llevó al país a ese nivel de deterioro inusitado. Son más quienes maldicen a Celestino Rodrigo que quienes cuestionan a José Ber Gelbard.
Los tiempos de bienestar sostenidos por la expansión del gasto público siempre llegan a su fin y van generando distorsiones acumulativas cada vez más difíciles de resolver. En cierto modo se trata de una pugna entre el corto y el largo plazo. El bienestar es ficticio, efímero y siempre desemboca en un ajuste inevitable. Y éste causa malestar porque significa un deterioro del nivel de vida en el corto plazo.
El presidente Javier Milei acaba de afirmar que dos terceras partes de las medidas que intenta tomar recién evidenciarán sus resultados benéficos dentro de 15 años.
Ya está claro: la suba de precios está haciendo estragos en el nivel de vida de la clase media y también de los sectores de menores ingresos. Esto era previsible e inevitable, dada la naturaleza de los ajustes que es preciso realizar. Los precios vuelan y el nivel de actividad cae. El malhumor tiende a extenderse. Pero muchos partidarios del gobierno y analistas políticos piensan que esta vez será distinto.
Creen que esta vez el pueblo ha comprendido que por el camino del populismo, con gasto y emisión monetaria sin freno, el país iba rumbo a la quiebra inexorable. Están seguros de que esta vez son mayoría los que están dispuestos a realizar un sacrificio actual con la vista puesta en un futuro promisorio.
¿Será realmente así? Es incierto. Pero sería un gran progreso si se tratara de una determinación generalizada. Porque no hay forma de salir del descalabro actual sin pasar por un período de esfuerzo y privaciones.
Se realizan mediciones cotidianas sobre la adhesión que tendrían las duras medidas actuales y muchas de ellas resultan favorables al gobierno. Si esto continuara en el tiempo, estaríamos en presencia de un rasgo nuevo en la política nacional.
Mauricio Macri no tuvo tanta suerte: a medida que avanzó en las reformas, en la reducción de subsidios y en el gasto público, perdió el apoyo popular. En tal sentido, su éxito en el ajuste constituyó la base de su fracaso electoral. Así ha funcionado la política argentina en los últimos años.
Milei se tomó un descanso en sus ajustes: no los extendió al transporte urbano del Amba cuyos precios continúan a valores ridículos y muy lejanos de los que se pagan en el interior del país. Se anuncia que aumentarán mensualmente, pero, con los niveles de inflación existentes, esa adecuación será cada vez más difícil.
Como fuere, la audacia de los cambios propuestos no tiene antecedentes en la historia económica reciente. Tampoco su dosis. Esto último está fuertemente influido por lo ocurrido con Macri, quien atribuye el deterioro final de su gobierno y su derrota electoral al hecho de no haber realizado los ajustes en el primer tramo de su gobierno.
Sin embargo, Milei enfrenta otras posibilidades igualmente peligrosas. Una, que su propuesta encuentre trabas insalvables en alguno de los otros dos poderes, que no logre salvar la valla judicial o bien que sea rechazada por el Congreso.
En tanto las reformas avanzan sobre intereses y privilegios de piqueteros y sindicatos, las movilizaciones afectarán el orden público de un modo difícil de pronosticar. Sin embargo, en este punto, Milei cuenta a su favor con el hartazgo popular en contra de los paros e interrupciones de la rutina comercial y laboral.
Mucho se discute sobre el estilo enérgico de Milei, que rozan el autoritarismo. Algunos lo cuestionan por inapropiado y sugieren intentar un diálogo con los afectados. Sin embargo, el intento de modificar de un modo brutal e instantáneo numerosos desequilibrios y borrar de un plumazo muchas situaciones de privilegio, tiene una robusta legitimidad: Milei triunfó en los comicios presidenciales en forma contundente e hizo su campaña electoral enunciando claramente lo que se proponía hacer.
Claro que la república no funciona con la pura voluntad de un presidente. Necesita que todo se ajuste a la ley y que el congreso apruebe, sin mover una coma, (en el caso del DNU) todas y cada una de sus propuestas. Y todavía no está claro que ambas cosas puedan suceder. Más bien al revés: es probable que el ímpetu del Ejecutivo encuentre un freno en alguno de los otros dos poderes.
Será el momento de poner en marcha un plan B, si es que se ha pensado en ello.
¿Para la CGT y la CTA que es lo tan urticante del capítulo cuarto del DNU? Las dos centrales obreras referentes de la Argentina, la CGT y la CTA, pidieron la suspensión del DNU70 de Javier Milei y la Cámara del Trabajo se la concedió. Sigue ahora una pelea por las competencias jurisdiccionales, dado que el Gobierno sostiene que debe resolverse en la Cámara Contencioso Administrativa y seguramente será la Corte la que en febrero-o cuando fuese-resuelva la cuestión.
En él mientras tanto, todo el capítulo cuarto del DNU quedó en el freezer y es posible tanto que sea declarado inconstitucional, que reciba la bendición de legitimidad del Congreso o que lo avale la Corte. Todo puede pasar. ¿Pero qué es lo tan urticante del capítulo cuarto?
A ver: se trata de una reforma laboral muy ambiciosa, quizá la más audaz en los tiempos de democracia. Para las Pyme es decididamente proempleo y para los gremios, decididamente antisindical. Hay un aire aspiracional al mercado laboral de Estados Unidos, con la tendencia a la contratación libre, menos intermediación, menos litigiosidad y menos participación de los gremios.
Para las Pyme, la reforma es súper histórica, elimina en un 90 % la industria del juicio y es absolutamente proempleo, protrabajo y procontratación; si esto sale la Argentina vuela”, dice Gustavo Lazzari, economista y dueño de Frigorífico Cárdenas, que produce chacinados. Es promotor de la creación de un “Comité Pyme” de emprendedores y productores que se armó apenas salió el DNU. Reunieron más de mil firmas en unos días pidiéndole al Congreso que lo apruebe. “Los juzgados laborales son un cementerio de Pymes y si esto no sale va a quedar lo peor del ajuste económico, un ajuste sin nada, sin vitamina”, dice.
No todo lo laboral abordado en el DNU va hasta el hueso. Es audaz, pero no va por todo. ¿Qué no reforma? Le sigue reservando la negociación colectiva centralizada a los gremios que representan en una misma actividad tanto a un grande de la industria automotor como a un pequeño taller de barrio. No habilitaron a que las Pyme puedan firmar su propio convenio colectivo con sus trabajadores, no se descentralizó la negociación colectiva
Tampoco plantea una rebaja de aportes y contribuciones (o al menos contribuciones) para nadie: ni para las pequeñísimas empresas ni para los nuevos empleos, como en algún momento en la historia se ensayó. Se plantea en otro apartado del DNU una moratoria previsional para aportes adeudados, pero se trata de una más entre tantas.
La caída de la ultraactividad es discutible. El DNU dice que se caen las cláusulas obligacionales para los convenios retroactivos, es decir, aquellos vencidos y quedan solo las normativas, pero hay abogados que plantean que todas esas obligaciones se vuelven a poner en cada acuerdo paritario. O sea, está licuada la obligación de rediscutir los viejos convenios colectivos. Veamos ahora lo que reforma el DNU, o pretende reformar, que no es poco.
Libre disponibilidad del aporte a la obra social. Los trabajadores podían cambiarse de la obra social de su actividad a otra sindical, permaneciendo primero un año en la de origen. Por ese cambio, la obra social de origen retenía el 10 % de aporte global y la receptora, entre el 5 al 10 %. El pase se producía en general porque la entidad que recibe al nuevo afiliado tiene acuerdo con una prepaga, que “gerencia” esa obra social. Ahora, el 3 % de aporte del trabajador y el 6 % del empleador podrá ser derivado directamente a una prepaga sin peajes en el medio.
Aportes a los gremios. Para que al trabajador se le apliquen “cuotas, aportes periódicos o contribuciones que provengan de convenciones colectivas de trabajo, asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, mutuales o cooperativas” debe mediar antes una autorización explícita del trabajador. De quedar en pie y aplicarse a los seis millones de trabajadores privados, el desfinanciamiento de los gremios podría ser realmente gravoso dada la crisis de representatividad que padecen muchos sindicatos y la caída de salarios reales: recuperar 5 puntos o más del salario puede ser tentador.
Indemnizaciones. Es el punto con más cambios. Lo más relevante es que se eliminan los artículos 8, 9 y 10 de la ley de Empleo 24013 que agrava las penalidades al momento de indemnizar en tres casos: si el trabajador no está registrado, si está registrado después de cuando efectivamente ingresó o si tiene declarada una remuneración inferior a la real. Un trabajador en negro despedido tenía, por caso, hasta dos años de plazo para reclamar la doble indemnización por haber estado informal.
Si bien se mantiene la estructura actual que establece un mes por año trabajado, se incorpora la opción de usar un sistema privado de capitalización, con acuerdo entre partes, como el Fondo de Cese Laboral que usa la construcción.
Tercerización laboral. Los monotributistas que facturan periódicamente a una misma empresa ya no podrán aducir estar en relación de dependencia. Las contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación quedan fuera expresamente de la ley de Contrato de Trabajo. Además, se elimina la figura del responsable solidario al que contrate un servicio de terceros con empleados.
Período de prueba. Se extiende de 3 a 8 meses. Antes de los ocho meses, ambas partes pueden dar por terminada la relación laboral, con preaviso, sin invocar razón alguna. No hay indemnización pasados los ocho meses, no se puede contratar en prueba dos veces al mismo trabajador y no se puede hacer abuso de la figura del período a prueba. Durante los ocho meses, rigen para el trabajador los mismos derechos que para el resto.
Derecho a protestar. Se limita la capacidad de convocar asambleas, debiendo hacerlo sin afectar el normal funcionamiento de la empresa. Se califica como infracción “muy grave” afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, provocar bloqueos u ocasionar daños a la empresa, a las personas o a terceros, lo que habilita el despido con justa causa, más allá de las acciones penales que puedan corresponder. En este punto las opiniones están divididas. “Con este DNU no nos hubiera pasado lo que nos pasó”, dice Alejandra Bada Vázquez, de Lácteos Vidal, una pequeña Pyme que sufrió el bloqueo del gremio Atilra, de los lecheros, impidiendo la entrada de 46 trabajadores en Moctezuma, provincia de Buenos Aires, un pueblo que no llega a los 500 habitantes. El conflicto tuvo repercusión nacional porque la empresa despidió a los 26 trabajadores que bloquearon la planta, tomó nuevos y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le ordenó que reincorporara a los despedidos. “La Justicia laboral está cooptada por la mafia sindical y la mafia no es tonta: el decreto es a favor de la gente que quiere trabajar y vive de su trabajo”, cuestiona.
Freno al paro. Se cambia el criterio de actividades consideradas como esenciales, que deben ser ofrecidas al 75 % y otras de “importancia trascendental” que deben ofrecerse al 50 %. Educación, salud, telecomunicaciones, aeronáutica y una larga lista están como esenciales y como trascendentales, la producción, los medios de comunicación, bancos, frigoríficos, mineras y varios más. Para muchos es demasiado extensivo el universo considerado esencial con un desproporcionado porcentaje obligado de prestación de servicios mínimos que tiene como objetivo único afectar la capacidad de los sindicatos para ejercer su representación.
Se introduce la figura del colaborador independiente. Un trabajador independiente (es decir, monotributista o autónomo) podrá sumar hasta cinco personas (de la misma condición fiscal) con las que no tendrá un vínculo de dependencia laboral, aunque trabajen bajo sus órdenes. Para muchos, es una figura novedosa que permite trabajar por proyectos y que diluye el concepto de “dar empleo” por un acuerdo mutuo entre partes, probablemente temporal. Para otros, esto elimina directamente la ley de Contrato del Trabajo en emprendimientos de hasta seis personas.
Bancos de horas y de francos. El artículo 79 del decreto incorpora a la ley de Trabajo el 197 bis, que permite “disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral” siempre y cuando medien 12 horas de descanso en el medio. Esto debiera ser reglamentado, pero permitiría no pagar (o pagar menos) la hora extra que se requiere un día a cambio de otra jornada trabajar menos horas. Visto desde el lado del trabajador, éste podría decidir tener una jornada recargada a cambio de otra reducida, que necesite por compromisos personales.
El sentimiento de los empresarios argentinos viene oscilando de un extremo a otro. En general, el sentimiento de los empresarios argentinos en relación al presidente Javier Milei viene oscilando de un extremo a otro.
Está claro que no hay “un” empresariado argentino, sino que hablamos de una diversidad de mujeres y hombres de negocios. Pero, en general, el clima empresario pasó de la desconfianza ante las ideas “libertarias”, durante la campaña electoral, al entusiasmo, por la lectura y el pragmatismo mostrado en los primeros días de Gobierno. Y luego al enojo, por las primeras medidas impulsadas por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y el proyecto de “ley ómnibus”.
Desde el agro hasta las economías regionales, desde la industria hasta el comercio y los servicios, el empresariado reclama la baja de impuestos que el propio Milei declamó durante su campaña presidencial. El enojo subió de tono en aquellas economías exportadoras que, de no pagar retenciones, quedaron grabadas con el 15 %, como las industrias lácteas y de Tierra del Fuego, sobre lo cual se dio marcha atrás. Pero quedaron otros vigentes como es el caso de los productores de proteínas vegetales.
El problema del gobierno de Milei es que un país con déficit fiscal del 4 % al 5 % del PIB no sólo no puede bajar impuestos, sino que está obligado a dar señales contundentes de equilibrio fiscal. En diciembre pasado la recaudación nacional “real” disminuyó 19,8 % interanual y que en todo 2023 la baja anual fue de 7,2 %. Las causas más importantes fueron la sequía, la recesión en el mercado interno y la reforma en Ganancias.
Es más, el centro de estudios de la Fundación Mediterránea proyecta que la recaudación nacional pasará del 22,8 % del PIB en 2023 a 25,1 % en 2024, lo que implica una suba en la presión fiscal de 2,3 puntos porcentuales, gracias a los tributos provenientes del comercio exterior. La recaudación por impuestos al consumo y a la actividad en el mercado interno tendrán un leve retroceso (el último relevamiento del Banco Central pronostica una caída en el PIB de 2,4 % anual para este año).
Uno de los puntos de Aquiles del conjunto de medidas anunciadas hasta ahora por el Gobierno es que no incluye ninguna herramienta para sostener la actividad económica. Es por esta razón que, desde distintos rubros, el empresariado está reclamando bajar la presión fiscal. Un ejemplo es la cadena automotriz (terminales y concesionarios), que parte un escenario base de caída de 20 % en los patentamientos. El sector pide baja o suspensión de los impuestos internos y a la importación, y la desregulación de la inscripción de los vehículos a través del actual esquema de Registros del Automotor, lo que permitiría “zafar” del impuesto a los sellos.
Para el empresariado, la cuestión impositiva se volverá un factor de supervivencia, sobre todo si la administración Milei avanza (como también prometió) hacia una economía de mercado abierto a la competencia.
La mayoría de los productos y servicios en la Argentina tienen un componente impositivo que oscila entre un cuarto del precio que paga el consumidor (pan 23 %, leche 25 % y carne 27 %, según la fundación Fada) y la mitad o más aún (45 % gaseosas, 50 % cerveza y 65 % el whisky, según la fundación Uade).
Hasta ahora, la falta de competitividad de la producción local se disimulaba con inflación e importaciones limitadas. Si la economía se abre a la importación será muy difícil competir, aún con los bajos costos salariales a nivel local.
La semana pasada, el ministro del Interior, Guillermo Francos, tuvo que dar marcha atrás en el capítulo de la “ley ómnibus” que ponía a las pesqueras nacionales en competencia con sus pares extranjeras, a raíz de la presión de las provincias, cámaras y sindicatos del sector, y asegurar 200 millas para la pesca nacional. Esta tira y afloje será la constante de este tiempo.
El empresariado, acostumbrado a un Estado que interviene en la economía (a favor o en contra), se enfrenta ahora a un presidente abrazado a la ideología liberal (algo que no se veía desde hace un siglo) y que pretende ponerlo a jugar un juego diferente al que estaba acostumbrado.
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