Por Fernando Laborda
a hipótesis que más incomoda a sectores del oficialismo sobre el brutal crimen de Fabián Gutiérrez en El Calafate es que este trágico episodio pueda dar cuenta de una disputa entre presuntos testaferros y herederos de los millonarios negocios de la corrupción de la era kirchnerista, como podría desprenderse de los primeros indicios sobre un eventual móvil económico.
Lo mejor que podría pasarle al kirchnerismo en estas inesperadas circunstancias sería que la explicación del asesinato del exsecretario de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner avanzara hacia la idea de un crimen pasional. Justamente, la primera que se escuchó de fuentes ligadas a la investigación judicial. Pero lo cierto es que, con el correr de las horas, ganaron terreno las hipótesis asociadas con fines económicos y con la impresionante y también inexplicable fortuna que amasó Gutiérrez.
Las duras reacciones del presidente Alberto Fernández y del kirchnerista Instituto Patria frente a la declaración de Juntos por el Cambio en la que se calificó al homicidio de Gutiérrez como «un crimen de extrema gravedad institucional» no hicieron más que darle al trágico hecho una dimensión política, aunque se intente mostrarlo como un episodio netamente policial.
El documento que se apresuraron a difundir durante el fin de semana las autoridades de la coalición opositora y que fue firmado por Patricia Bullrich y Federico Angelini (PRO), Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén (UCR) y Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic (Coalición Cívica), pide que por la «posible conexión» de la muerte del exsecretario de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner con delitos federales, la investigación pase a la órbita de la justicia federal y que no haya familiares de la actual vicepresidenta de la Nación en el proceso, en clara referencia a la fiscal Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner.
Desde sectores de la propia oposición ha habido cierta coincidencia en calificar como «apresurados» determinados conceptos de aquella declaración de las autoridades de Juntos por el Cambio. Sin embargo, ese documento puso de manifiesto las innumerables dudas que, con todo derecho, puede formularse cualquier ciudadano argentino, acostumbrado a las falencias de nuestra Justicia y harto de la subordinación de algunos magistrados al poder político.
La Argentina ha asistido en las últimas décadas a demasiadas muertes sospechosas. Una de ellas fue la del brigadier Rodolfo Echegoyen, quien en el gobierno de Carlos Menem se desempeñaba como administrador de la Aduana e investigaba un contrabando de mercadería y drogas, hasta que apareció muerto de un disparo de una pistola calibre 38, en diciembre de 1990. En mayo de 1998, se produjo la muerte del empresario Alfredo Yabrán, en lo que para muchos fue un suicidio inducido. Y en marzo de 2003, murió Lourdes Di Natale, secretaria del funcionario menemista Emir Yoma, al que había acusado de ser partícipe en el escándalo por la venta ilegal de armas en los años 90; cayó desde el décimo piso de su departamento en Recoleta.
Durante la era kirchnerista, se sucedieron otras muertes no menos sospechosas, como la del empresario Victorio Gotti, en un aparente accidente automovilístico en 2004; la del maquinista Leonardo Astrada, que había declarado como testigo por la tragedia de Once, en 2013; la del fiscal Alberto Nisman, en 2015, y la de Aldo Ducler, financista cercano a la familia Kirchner, en 2017.
El perfil de los secretarios que tuvieron Néstor y Cristina Kirchner, caracterizado por su enriquecimiento tan notable como incomprensible, no puede dejar de llamar la atención de nadie e invitar a la sospecha a la hora de analizar la muerte de Gutiérrez. Este era dueño de unas treinta propiedades inmuebles, de una veintena de automóviles -algunos de lujo-, de embarcaciones y de varias empresas. Y el hecho de que Gutiérrez fuese imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas y de que pudiera guardar mayor información privilegiada no puede menos que despertar aún más suspicacias.
Especialmente porque otro viejo asistente de los Kirchner, Roberto Sosa, sufrió un secuestro en Río Gallegos en mayo de 2016 con un móvil económico. Sus raptores fueron detenidos e identificados con una unidad básica del peronismo. Al parecer, ya por entonces, los exsecretarios de la familia Kirchner eran piezas apetecibles para los amigos de lo ajeno. Especialmente, luego de conocerse que Daniel Muñoz, el más célebre secretario privado de Néstor Kirchner, era dueño de una millonaria fortuna que incluía lujosas propiedades e inversiones en los Estados Unidos, hasta su fallecimiento, producido el mismo mes en que Sosa vivió aquel trance.
Tiene también derecho a dudar la ciudadanía sobre el propósito del reciente crimen de El Calafate cuando advierte que la fiscal del caso no es otra que la sobrina de Cristina Kirchner y la hermana de Romina Mercado, procesada en las causas Los Sauces y Hotesur, al tiempo que el juez a cargo de la causa, Carlos Narvarte, ha sido cuestionado por no haber investigado como se debía las denuncias sobre la compra de terrenos fiscales a precio vil por la familia Kirchner y otros amigos del poder.
El hecho de que el mismo magistrado se haya apurado a desechar cualquier vinculación del homicidio de Gutiérrez con la política no hace más que renovar las sospechas, aun cuando pueda tener razón. Lo cierto es que, independientemente de las advertencias que formule la oposición y que ponen nervioso al Gobierno, para buena parte de la ciudadanía, la investigación judicial que se desarrolla en el que para Cristina Kirchner es su lugar en el mundo, estará viciada desde su inicio.
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