Fue en el marco de la investigación por el robo de caños del Gasoducto del NEA.Para la defensa, la medida es desproporcionada, pero primó la postura de la fiscal ía.
En una audiencia de impugnación, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó ayer la prisión preventiva del ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, dispuesta el 19 de noviembre pasado por el juez federal de Garantías, Gustavo Montoya, por pedido del fiscal general, Eduardo José Villalba, quien lleva adelante la investigación.
Prado, acusado por el robo de caños del Gasoducto NEA, fue detenido el 18 de noviembre pasado a pedido del fiscal Villalba, quien ese mismo día amplió la acusación penal en contra del exintendente, del exsecretario de Hacienda del municipio, Fredy Céspedes y del empresario mendocino Diego Alos, dueño de la firma OSYP S.A.
La acusación penal se amplió por delitos de robo agravado, defraudación a la administración pública y falsificación de instrumento privado. Sobre este punto, la fiscalía presentó nuevas pruebas que comprometieron aún más la situación de Prado, Céspedes y Alos, como los principales responsables de una organización criminal que tuvo como objeto la desafectación de bienes del Estado, como los caños del gasoducto, para sacar provecho personal con su comercialización en el mercado negro.
En ese contexto, la fiscalía no descartó la existencia de otros delitos, como el de peculado y enriquecimiento ilícito, por lo que el fiscal sostuvo la posibilidad de plantear una derivación a la Justicia provincial.
Posteriormente, en la audiencia de control de la legalidad de la detención de Prado, la Fiscalía planteó la prisión preventiva del exintendente en función de la gravedad del hecho, el riesgo procesal y entorpecimiento de la investigación, pues se adelantó que en los próximos días se tomarán distintas testimoniales de personas que podrían ser influenciadas de manera negativa por el acusado.
Impugnación
Por su parte, el abogado Fernando Teseyra, representante de Prado, impugnó la decisión de Montoya de disponer la prisión preventiva del exintendente, como así también planteó la incompetencia de la Justicia federal respecto a los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
Ayer al mediodía, al celebrarse la audiencia de impugnación ante los jueces Guillermo Elías, Alejandro Castellanos y Mariana Catalano, el defensor reiteró los planteos e insistió que los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito no serían de interés de la Justicia federal, a la vez que señaló que en la Justicia provincial su cliente ya es investigado por hechos de corrupción, aunque no pudo dar detalles de esas investigaciones debido que no lo representa en esas causas.
Sí se extendió, en cambio, respecto a la prisión preventiva de Prado, la cual solicitó sea revocada y se disponga la libertad del mismo. Para ello, adujo que el juez Montoya no valoró los indicadores de riesgo procesal y definió la privación de la libertad como «desproporcionada e innecesaria».
Seguidamente, dijo que Prado tuvo una colaboración activa en el proceso penal en su contra, pues avaló que se investiguen sus cuentas bancarias, cumplió con todas las citaciones recibidas en el marco de la investigación.
Rechazó, a su vez, que el ex intendente podría influenciar en testigos, circunstancias en que cuestionó el hecho de que la fiscalía, que solicitó la prisión preventiva de Prado por 20 días, no haya avanzado con la citación de los declarantes.
Fondos públicos para dañar al Estado
Al responder a la defensa, Villalba, acompañado de la auxiliar fiscal Roxana Gual, señaló que el caso se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción con alcance nacional, pues en la investigación hay 11 imputados.
Indicó que el plazo de la prisión preventiva, de 20 días, es absolutamente razonable. Resaltó que en esta investigación la fiscalía reunió pruebas de cómo el exintendente y los otros imputados conformaron la pirámide que “tomó fondos del erario público en beneficio propio para, paradójicamente, destruir una obra del Estado nacional que habría beneficiado a millones de personas”.
“Se tomó fondos del Estado para destruir al Estado. Y, ¿para qué? Para el provecho de intereses privados de dos o tres personas”, dijo Villalba.
La resolución judicial no fue unánime
Luego de una breve deliberación los jueces dieron a conocer su fallo a través del cual decidieron mantener vigente la prisión preventiva de Prado, como así también rechazaron los planteos de incompetencia respecto al delito de peculado, ante la posibilidad latente de la existencia de nuevos delitos.El fallo fue por mayoría aunque no en forma unánime, ya que Castellanos criticó lo resuelto por el juez Montoya y se inclinó por otorgarle a Prado la prisión domiciliaria.
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