Tras investigar una denuncia del apoderado del Hospital San Bernardo por el faltante de medicamentos como clonazepan, midazolan y diazepan, entre otros; la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó el allanamiento de las viviendas de tres empleados de Farmacia y una enfermera.
Bajo la dirección de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos del CIF allanaron esta tarde cuatro viviendas de empleados del Hospital San Bernardo, así como los lockers que poseen los investigados en el nosocomio.
Como resultado del operativo fueron secuestrados medicamentos, insumos médicos, documentación relacionada a la causa y celulares.
La investigación de la UDEC inició a raíz de la denuncia radicada por el apoderado del Hospital San Bernardo ante el faltante de medicamentos como clonazepan, midazolan, insulina, enoxaparina, diazepan, guantes de latex, entre otros.
De acuerdo a lo explicado, el hospital dispensa a sus pacientes internados y ambulatorios medicación indicada por receta por los profesionales tratantes a través de dos lugares: la Farmacia Central de la cual sale la medicación para todo el sector de los internados del hospital y la Farmacia de Guardia, que provee medicación para los pacientes que se encuentran internados o concurren para atención ambulatoria en la guardia de emergencias.
En enero pasado, dos médicos oftalmólogos advirtieron en las historias clínicas digitales de algunos de sus pacientes dispensaciones de medicamentos que ellos no habían realizado y que no guardaban relación con las patologías tratadas.
A partir de allí, se inició una investigación que determinó que, de manera habitual, son los mismos usuarios de farmacia quienes habrían extraído los medicamentos dado que las claves son personales e intransferibles. Los usuarios son un hombre -que trabaja como Técnico en la Farmacia Central ubicada en el interior del Hospital-, y dos mujeres que se desempeñan en la Farmacia de Guardia.
De la investigación también surgió que una enfermera -que se desempeña en la Guardia y que mantiene relación con el empleado de Farmacia- habría cooperado en la actividad, ya que la mayoría de los pacientes con registros irregulares son persona que fueron asistidos por el sector en el que se desempeña.
Teniendo en cuenta todo ello, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 7 el allanamiento de las viviendas de los cuatros sospechados, medida que tuvo lugar esta tarde.
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