El Gobierno nacional aceptó descomprimir las facturaciones de mayo-junio y julio-agosto.Buscarán que las provincias compartan el costo por la postergación de esos pagos.
El Gobierno nacional aceptó la propuesta del radicalismo y los usuarios del gas podrán postergar el pago de los aumentos de las facturas del invierno para el último bimestre del año y los dos primeros de 2019, según informó El Tribuno.
Ahora las nueve empresas distribuidoras deben esperar la letra chica que emitirá el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para la aplicación. Solo se precisó que parte de los montos de mayo-junio y julio-
agosto, que son los de mayor consumo por el frío, podrán abonarse en el verano.
Una modalidad similar se aplicó el año pasado, pero muchos usuarios salteños se anoticiaron recién cuando tuvieron en sus manos boletas más elevadas de lo previsto en enero y febrero. Las subas, por cierto, obedecen a la quita progresiva de subsidios que trazó el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren.
La discusión por las tarifas volvió a la agenda política tras un intento de la oposición de limitar los incrementos que repercuten en los bolsillos de las familias. El miércoles, distintos bloques no lograron tener quórum en la Cámara de Diputados y apuntaron al legislador salteño Alfedo Olmedo, quien se retiró del recinto. Los diputados hicieron notar que salió luego de que se le acercara el legislador del PRO Javier Pretto. El radicalismo, parte de Cambiemos y la diputada Elisa Carrió también querían negociar con la Casa Rosada un plan para morigerar las subas. Así, ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Aranguren recibieron a los legisladores de su arco político. Estuvieron el presidente del interbloque de la alianza Cambiemos, Mario Negri, y los titulares de bloque del Senado, Federico Pinedo, y de Diputados, Emilio Monzó. Por la Coalición Cívica asistieron el diputado Juan Manuel López y el secretario Fernando Sánchez, y por el PRO, Nicolás Massot.
Por la mañana, el presidente Mauricio Macri y Aranguren se habían reunido con el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien les entregó una propuesta para aplanar las facturas y evitar fuertes montos en el invierno.
El antecedente
El año pasado, cuando también se desataron protestas por los tarifazos, el Enargas le había ordenado a la empresa distribuidora Gasnor postergar el pago del 50 por ciento en las facturaciones que iban desde el 25 de agosto hasta el 31 de octubre de 2017. El saldo llegó a los usuarios, sin interés, en los boletas que se emitieron desde noviembre.
En la última audiencia pública se habían planteado alternativas, pero en ese momento no habían tenido eco. El Enargas deberá confirmar qué porcentaje es el que se podrá pagar a fin de año y a comienzos de 2019. Los usuarios podrán optar por posponer el pago o no.
Este mes entra en vigencia el último escalón de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que incide en dos componentes del gas: el transporte y la distribución. El tercer componente es el precio del gas, que cada vez tiene menor carga de subsidios nacionales.
La RTI se había definido luego de varios años de congelamiento.
Se determinó una aplicación en tres etapas: abril y diciembre de 2017 y este mes.
Repercusiones
El presidente del interbloque de la alianza Cambiemos, Mario Negri, al término del encuentro con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que participaron de una «reunión fructífera».
«Comprendimos los puntos que cada uno proponía», aseguró el legislador, quien explicó que «se ratifica la tarifa social de gas y las limitaciones se suspenden por dos meses, a partir del 1 de mayo, dando lugar a una campaña para uso racional de gas en las provincias que acepten compartir el costo».
Sobre el control de empresas, entes reguladores y cooperativas distribuidoras, explicó que el Ministerio de Energía «revisará los criterios de aplicación de multas ante los incumplimientos, de manera de garantizar que sean efectivas», y se «impulsarán las actividades de los entes reguladores y su vinculación con los usuarios».
Por su parte, Massot aclaró que «no hubo marcha atrás» en la cuestión tarifaria, al indicar que «no se puede volver a recetas que no han funcionado y nadie explica cómo se financian los servicios públicos».
Además, sostuvo que la Argentina «en general ha aceptado que el camino ya no es más subsidiar la pileta climatizada de Puerto Madero, sino pagar lo que se consume», consideró Massot, quien reconoció que «no es un camino fácil» y que más allá de los más de 4 millones de beneficiarios de la tarifa social, «pueden tener dificultad por la estacionalidad».
Consultado sobre si con esta propuesta de solución se dan por cerrados los proyectos legislativos, Massot dijo no creer que el «ámbito correcto para determinar los precios generales de la economía sea el Congreso». «Está en toda su legitimidad de plantear este tipo de preocupación, pero creemos que la salida debe ser a través de un acuerdo, pero reflejado en el Poder Ejecutivo».
La propuesta de la UCR
Ayer se difundió la propuesta que la UCR le hizo al Gobierno para atenuar el impacto de los precios del gas en los hogares y empresas del país.
En el documento, que lleva la firma del gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, se aduce que la iniciativa surge con “el objetivo de no introducir tensiones que pueden llegar a resultar críticas e inclusive puedan provocar el resultado inverso en las cuentas fiscales, a consecuencia de una pérdida de actividad económica”.
Pidieron aplicar un mecanismo que prorratee el mayor consumo que se registran entre el tercer y el quinto bimestre y pasarlos al sexto, además del primero y segundo bimestre del año siguiente.
El radicalismo solicitó postergar la aplicación del 50 por ciento de la última cuota de la revisión tarifaria integral (RTI) a octubre del 2019.
En la propuesta se remarca que este mecanismo se debe implementar con “una fuerte campaña comunicacional para concientizar a los beneficiarios de la tarifa social, informando cuál es el monto real de lo que deberían pagar y que se anticipe en facturas los montos a ser pagados si no se corrigen malos hábitos de consumo”.
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