A través del responsable de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, se cargó contra la desobediencia de la Asamblea ordinaria de los dirigentes del fútbol argentino.
La reelección de Claudio «Chiqui» Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) generó una rápida reacción por parte del Gobierno Nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ). El titular del organismo, Daniel Roque Vítolo, calificó de ilegal el proceso llevado a cabo durante la Asamblea Ordinaria de la AFA, realizada en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza. Vítolo fue enfático en su posición, afirmando que «el proceso se dio de forma ilegal y no va a ser convalidado».
La Asamblea, que tenía como uno de sus puntos destacados la reelección de Tapia, no cumplió con las normativas establecidas previamente por la IGJ. En su intervención, Vítolo mencionó que las acciones llevadas a cabo en la reunión podrían traer consecuencias severas para Tapia y los demás directivos involucrados. Entre las sanciones posibles, se mencionó que estas podrían incluso comprometer la continuidad de Tapia en su rol de presidente de la AFA.
Uno de los puntos más relevantes señalados por el responsable de la IGJ fue el incumplimiento de una resolución previa del organismo, que ordenaba no tratar ciertos temas en la Asamblea, incluyendo la reelección de Tapia y la modificación del estatuto de la AFA. «Nadie está por encima de la ley. Tapia y el resto de los dirigentes deben respetar la resolución de la IGJ», advirtió Vítolo, dejando claro que cualquier decisión tomada en la Asamblea sería considerada nula.
El aspecto legal en torno a este conflicto también fue abordado por Vítolo, quien subrayó que las acciones de la Asamblea podrían ser interpretadas como desobediencia judicial y actos societarios indebidos. Según el funcionario, estas acciones podrían llevar a que los miembros del Consejo Directivo y los asambleístas enfrenten cargos legales, incluidos aquellos contemplados en el artículo 239 del Código Penal, que sanciona el delito de desobediencia. Este artículo establece penas para quienes desobedezcan una orden impartida por una autoridad competente.
La presencia de veedores de la IGJ en la Asamblea fue otro aspecto central de la situación. El director nacional de Entidades Civiles, Juan Carlos Pratesi, junto con los inspectores Mara López y Ariel Delgado, estuvieron presentes durante el desarrollo de la reunión para controlar la legalidad de los actos. Según lo informado, estos veedores advirtieron a los asambleístas y a las autoridades de la AFA sobre la vigencia de la resolución emitida por la IGJ, que impedía tratar temas como la reelección y el cambio de estatuto.
El cambio de estatuto en cuestión no solo buscaba la reelección de Tapia, sino que también incluía la modificación del domicilio legal de la AFA. El nuevo estatuto proponía mudar la sede de la entidad desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la Provincia de Buenos Aires, lo que implicaba un cambio de jurisdicción legal. Este tipo de modificaciones requerían, según la IGJ, un proceso transparente y ajustado a las normas vigentes, lo cual, de acuerdo con la inspección, no se respetó.
La situación plantea un escenario complejo para el futuro de la AFA y su liderazgo. En términos legales, la reelección de Tapia podría quedar anulada si se confirman las irregularidades señaladas por la IGJ. Además, los miembros de la Asamblea podrían enfrentarse a procesos judiciales si se determina que sus acciones constituyen una violación de las leyes vigentes.
El conflicto entre la AFA y la IGJ no es un hecho aislado, sino que se inserta en un contexto de disputas más amplias sobre el manejo y la transparencia de las instituciones deportivas en Argentina. La relación entre el gobierno y la AFA ha tenido momentos de tensión en el pasado, y este nuevo episodio podría escalar si no se encuentra una solución dentro del marco legal.
En este sentido, la intervención de la Justicia será clave para determinar los próximos pasos en la disputa. Mientras tanto, Tapia sigue al frente de la AFA, aunque su futuro en el cargo podría depender de las resoluciones judiciales y administrativas que se tomen en los próximos días. Las acciones legales anunciadas por Vítolo podrían marcar un antes y un después en la conducción de la AFA y en la relación entre el fútbol argentino y las autoridades gubernamentales.
La respuesta del gobierno a la reelección de Tapia refleja también una creciente preocupación por la transparencia en las decisiones que afectan al fútbol argentino. El hecho de que la IGJ haya tomado una postura firme frente a lo ocurrido en la Asamblea sugiere que el gobierno busca evitar que se perpetúen prácticas que no se ajusten a la ley.
El desenlace de esta situación sigue siendo incierto, pero lo que es claro es que la disputa entre la AFA y la IGJ podría tener repercusiones no solo para la dirigencia del fútbol argentino, sino también para la gobernanza del deporte en el país en general.
Fuente: I Profeisonal
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