El Ministerio de Salud formó una mesa de trabajo que ya avanza en la elaboración de un proyecto con el Inta regional.
Investigadores, médicos, familiares de enfermos, bioquímicos y especialistas del Inta regional se reunieron ayer con el ministro de Salud, Roque Mascarello, en una mesa convocada por el ejecutivo provincial para avanzar en un proyecto que podría convertir a Salta en la primera provincia productora de cannabis sativa para uso medicinal, según publicó La Gaceta.
«Tenemos una ley provincial, la hemos reglamentado y estamos avanzando con todas las instituciones que tienen algo que ver, como el círculo médico, las sociedades científicas, gente vinculada a la problemática, la idea es dar un paso más para ver si es factible el cultivo y el proceso posterior para la elaboración del aceite», adelanto Mascarello a LA GACETA.
Según el funcionario, la decisión es parte de un proyecto que tiene como objetivo la implementación de un programa capaz de abastecer a pacientes con dolencias para las cuales se indiquen tratamientos con cannabis. «Más allá de la posición política que uno tenga sobre el tema, hay una cuestión objetiva: hay patologías en las que claramente tiene efectos benéficos el uso de aceite de cannabis. Entonces negarlo por que sí es absurdo. Todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer siempre. Es la forma de entender y ayudar a la gente si tiene rigor científico y se trate de mejorarle la calidad de vida a la gente. Sería una necesidad, y un absurdo de mi parte negar esta posibilidad», aseguró.
Optimismo y cautela
Pocos meses después de la legalización de esta terapia y la promulgación de la Ley Nacional 27.350 sobre Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, Salta fue una de las primeras provincias en adherir a la nueva legislación, por lo cual ya se encuentra habilitada para producir.
Sin embargo, las vaguedades del texto aprobado por el Congreso Nacional, sumadas a la falta de una reglamentación, obligan a que la implementación local escriba casi desde cero la primera página de la historia del cultivo.
Sebastián Basalo, periodista especializado y director de THC, revista especializada en difundir la cultura canábica, explica que la principal debilidad de la nueva ley es no permitir el autocultivo, un factor clave para que los pacientes puedan obtener la cepa exacta para tratarse, así como el formato más adecuado para su aplicación.
«¿Quién le asegura a una madre de un niño con epilepsia que la cepa que cultive el Estado va a servirle a su hijo? Por capricho el gobierno no se incorporó el autocultivo en la ley, como sucede en Canadá hace más de 10 años», dice y agrega que el argumento esgrimido para eliminarlo del texto final fue una indicación de Patricia Bullrich que «los legisladores de Cambiemos acataron con la cabeza gacha». «Una ley de salud fue redactada por el Ministerio de Seguridad y el justificativo fue que el gobierno está librando una lucha cuerpo a cuerpo contra el narcotráfico y para el gobierno una madre que cultiva con fines medicinales está realizando un acto de narcotráfico. Un autocultivador es lo mismo que un narcotraficante para el Ministerio de Seguridad», define.
El precio de las contradicciones
Mientras no exista una reglamentación nacional que determine dónde, cuándo, cómo y qué se va a cultivar, además de determinar los formatos y cantidades en los que se administrará el cannabis a los pacientes que lo requieran, el Estado se compromete a importar y abastecer gratuitamente con el aceite de Charlotte, un derivado que se administra en forma sublingual y que, por ahora es el único disponible en el país para pacientes con epilepsia refractaria.
Resultado de las contradicciones de una ley que no permite el autocultivo, este mecanismo impone un precio alto a valor dólar y que termina siendo a cuenta del Estado. «Celebro que exista esta ley, es una conquista enorme de un sector que luchó solo, que instaló la temática, pero es una ley incompleta, una ley mala, que podría haber sido hecha mejor», dice Basalo.
«El proyecto original tenía una reglamentación de avanzada», sigue el periodista y explica que ahí se contemplaba el acceso comercial, el impulso a los laboratorios públicos y también el autocultivo, sin embargo la ley -que a última hora eliminó el autocultivo y agregó el registro de autocultivadores en el artículo 8- consagra derechos que asegura son imposibles de implementar. «El gobierno está regalando marihuana medicinal importada a precio dólar. ¿Qué pasaría si miles de familias le piden al gobierno importar aceite medicinal? Es un despropósito, es algo en lo que se metió el gobierno por imposición del Ministerio de Seguridad y que no se hace en ningún país del mundo», concluye.
Grandes esperanzas
Desde la vereda de los enfermos, la determinación del ejecutivo por avanzar en el cultivo propio es sin embargo una luz al final del túnel, que además los convoca a la hora de las definiciones. Noemí Bisceglia, la primera mamá en recibir aceite de Charlotte a través del IPS, está emocionada y solo espera «cosas buenas» de la convocatoria del ministerio.
«Vamos a reunirnos cada 15 días a trabajar con profesionales de diferentes sectores para definir cómo se va a realizar», cuenta y agrega que desde que se conoció su historia recibe llamados de gente de todas partes para pedirle ayuda y asesoramiento. «Salí muy motivada de la reunión y creo que esto puede mejorarle la vida a muchas personas. Vamos a hacer las cosas bien», anuncia.
Lo que falta definir
¿Qué cepas va a cultivar el Estado?
La falta de una reglamentación para la ley 25.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados impide conocer cuáles serán las variedades que serán parte del proyecto de investigación y cultivo, que el Estado delegará al Conicet y al Inta. Con el plazo ya vencido para reglamentarla, el gobierno tampoco le dio audiencia al presidente del Inta a nivel nacional, que solicitó -según contó Mascarello a LA GACETA- que el Ministerio de Salud de Salta interceda para conseguir una reunión con el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus.
¿Cuándo, cómo y dónde va a cultivar el Estado?
Mientras la mayoría de las provincias todavía no adhirió a la nueva ley, el Inta Cerrillos podría ser el primero del país en funcionar como sede de las primeras investigaciones del cultivo de cannabis. Según Basalo, las condiciones climáticas de la provincia son propicias para el desarrollo de muchas cepas. Otra interrogante que dejó pendiente la ley tiene que ver con definiciones de cuándo se va a cultivar, en qué nivel de maduración se realizará la cosecha, qué tipo de programa se aplicará al cultivo, cómo se propagarán las plantas, con cuáles sustratos se van a alimentar. «No hay nada estipulado y tampoco los tiempos de entrega»; agrega Basalo y señala otro de los principales problemas:
¿Cuál será el formato del cannabis medicinal?
Mientras que en todo el mundo el 80% del cannabis de uso medicinal se administra en forma de cogollo, Argentina determinó por ley que se importe solamente el aceite derivado de la planta, que solo puede emplearse en ciertas patologías pero que no sirve en caso de tratamientos paliativos del dolor. «Es imprescindible que esté disponible la mayor cantidad posible de cepas y en todos los formatos, sobre todo en cogollo, que es el más empleado y se aplica vaporizado», dice el especialista.
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