La iniciativa aprobada en Diputados pasó al Senado en revisión, contempla que para el acceso a planta permanente de un agente, el mismo estará condicionado a la regularización de la falta en un plazo máximo de treinta días.
Diputados aprobó un proyecto para que deudores alimentarios morosos no puedan ocupar cargos jerárquicos en ninguno de los tres poderes del Estado (administración pública, centralizada o descentralizada y organismos autárquicos, poderes Legislativo, Judicial y Ministerio Público). La iniciativa de la diputada por Capital, del bloque Salta 8 de Octubre, Mónica Juárez contó con el apoyo mayoritario de sus pares.
El texto del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción y pasó al Senado en revisión consta de tres artículos: el primero hace referencia a que no podrá ser designado en ningún cargo jerárquico del Estado quien se encuentre incluido en el Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Salta (ley 7411). El segundo artículo limita el ingreso al empleado a la planta permanente de dichos organismos, pero incluye una herramienta, dice que podrá ingresar en la medida que en un plazo de 30 días el deudor notifique al registro de su condición y se comprometa a salir de la situación de incumplidor. El tercero es de forma.
Al inicio del debate, la diputada Juárez recordó que era la séptima vez que el tema estaba en un acta. Destacó que el primero en pensar en el proyecto fue el diputado Luis Albeza, una persona sin hijos y con mucha empatía, pero que no logró que el tema se trate en el recinto. Dijo que ahora se pudo avanzar debido al «recambio de diputados, al cambio generacional» que hubo y que «entendieron el espíritu del proyecto». «A ellos les quiero agradecer que esta temática llegue a la Cámara», expresó. Más de 20 legisladores apoyaron con su firma la propuesta.
Sobre la iniciativa comentó: «Este proyecto habla de un doble esfuerzo en su gran mayoría de las mamás por ocupar económicamente el espacio de una responsabilidad que es compartida. El esfuerzo económico para que sus hijos coman todos los días, esta ley va dedicada a ellas». Con respecto a los funcionarios, la diputada dijo que «deben estar limpios, sin antecedentes de cosas éticas y morales para que cuando tomen decisiones lo puedan hacer desde ese lugar, porque si uno piensa en su propia sangre difícilmente pueda tomar decisiones para la sociedad». Desde que una madre toma la decisión de reclamar el proceso puede durar entre 1 y 2 años, es decir, hay instancia previas para no llegar a ser deudores alimentarios. Sin embargo, 899 personas (cinco mujeres y el resto varones) hoy integran el registro, según indicó. Por lo que pidió «sanciones vinculantes» a quienes no cumplen.
Luis Albeza, diputado de Cerrillos del bloque Justicialista, admitió que se había dado por vencido con el proyecto por las tantas veces que intentó que se lo trate. Si bien celebró el debate, advirtió que «Salta tiene un atraso de dos décadas en un derecho fundamental que podríamos haber tratado hace mucho; 18 años sin que se declare la inconstitucionalidad en otras provincias y nosotros todavía debatiendo cosas como si sancionábamos esta ley se podía coartar la posibilidad de que un deudor alimentario encuentre un trabajo. Totalmente incierto». Precisó que el 99% de los deudores son hombres y que este número crece año a año. «En el 2018, hasta el 19 de marzo, había 434 hombres y 2 mujeres en el registro; en noviembre de 2019 había 532 y 2 mujeres, es decir, creció un 25% en 18 meses, y hoy, tenemos 900», puntualizó. Santiago Vargas, diputado del departamento San Martín, del bloque Unión Cívica Radical, señaló que se trata de un «acto de violencia de los hombres» contra las mujeres; dijo que pasa más de lo que creemos, señalando que 3 de cada 4 mujeres no reciben alimentos. «Tendría que ser un delito dejar a tu hijo sin alimento», lanzó.
Ana Laura Córdoba, también de San Martín, del bloque Justicialista, y madre soltera de tres hijos, manifestó: «Me hubiera gustado que sea más amplio, no solo con las personas que trabajan en el Estado sino las empresas privadas y todo». María del Socorro Villamayor, de Capital, bloque Salta tiene futuro, que manifestó no estar de acuerdo con el segundo artículo señaló: «hay que ser muy cuidadosos en pensar que todo deudor alimentario es una persona que tiene mala fe».
Cargando ...
Agregue un Comentario