La investigación de la justicia se inició tras la denuncia de exgerentes del PAMI sobre la supuesta retención del 20% para la agrupación política kirchnerista.
La grave denuncia sobre la supuesta retención del 20% de los salarios a empleados públicos del PAMI sumó un nuevo capítulo en Salta: la Justicia encontró una sugerente cuenta bancaria que tendría vínculo con las irregularidades. Fueron dos exgerentes de la obra social condenados por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) los que señalaron a La Cámpora como la responsable de recaudar para hacer caja.
Se trata de Viviana Fernández (delegación Orán) y Javier Eduardo Navarreta (delegación Embarcación), condenados a la pena de tres años de prisión condicional más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Previo a conocer el fallo judicial, insinuaron que tenían que aportar parte de su sueldo para la agrupación política kirchnerista.
El fiscal federal Ricardo Toranzo puso en marcha una investigación que tiene en la mira a Marcos Vera, exdirector de la ANSES en Salta (también sospechado por el cobro del IFE) y a Verónica Molina, actual titular del PAMI Salta. Ambos fueron señalados como presuntos encargados de retener el 20% de los sueldos.
En ese contexto, la justicia salteña detectó una cuenta bancaria a la que se transferían aportes que se encuentran bajo investigación. La fiscalía ya solicitó al juez de garantía el levantamiento del secreto bancario y se requirió a la entidad financiera toda la documentación sobre los movimientos de fondos vinculados a esa cuenta.
Con el expediente en curso, y tras una serie de medidas ordenadas por el fiscal que derivaron en el secuestro de una importante cantidad de documentación, la causa busca desentrañar si ese dinero era requerido forzosamente y adónde se enviaba, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Para la justicia federal salteña, la cuestión subyacente es que entregar dinero a una agrupación no se encuadraría en un delito, porque podría constituir una donación: «la política no admite donaciones anónimas, y aquí no se advierte registro alguno en los partidos, mucho menos en las agrupaciones», indicaron.
El fiscal Toranzo encontró una cuenta bancaria a la que se enviaba dinero de estos presuntos aportes bajo investigación. Por ese motivo hace una semana se pidió el levantamiento del secreto bancario, y según se pudo saber, a la entidad financiera se le requirió toda la documentación sobre los movimientos de fondos relacionados a esa cuenta.
Según publicó Clarín, el trabajo de los investigadores está centrado en el seguimiento de las cuentas «porque muchos pagaron con transferencia bancaria y se busca determinar el destino del dinero», explicaron fuentes judiciales a ese diario.
Dentro de la documentación analizada se encuentran todos los nombramientos realizados en la ANSES y el PAMI salteños durante el 2020. Mientras tanto, la fiscalía tomó varias declaraciones testimoniales entre los empleados, y algunos admitieron haber «realizado pagos en efectivo a favor de La Cámpora». Entre ellos, algunos señalaron que dicho aporte «había sido voluntario». Otros denunciantes, sin embargo, señalaron que era bajo coacción la exigencia de ese dinero.
En Salta funciona el sistema acusatorio, motivo por el cual la investigación está completamente a cargo de la fiscalía. Cuando se avance con la recolección y análisis de prueba, el fiscal Toranzo formulará las imputaciones correspondientes.
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