El viernes venció el plazo que dispuso el juez para las acciones contra la contaminación. La Provincia cumplió a medias.
El viernes pasado fue la fecha límite que dispuso el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, para una serie de medidas de prevención por la contaminación y el encauzamiento del río Arenales. Tanto el Gobierno provincial como el municipal debían responder a los pedidos del magistrado. El Municipio comenzó a cumplir las medidas, aunque pidió una prórroga. La Administración provincial cumplió a medias, porque presentó un plan, pero aún no hay rastros del cordón sanitario que debía demarcar.
Domínguez mandó a que la Municipalidad colgara carteles a lo largo del río para advertir que esas aguas están contaminadas. Gastón Galíndez, secretario de Ambiente comunal, informó que ya colgaron algunos, aunque indicó que «la Procuración solicitó un plazo para terminar, y la Justicia dio tiempo hasta el 2 de junio».
«Vamos del centro hacia el oeste, luego quedará del centro al sur, aguas abajo», detalló el funcionario.
Por su parte, el abogado de los vecinos que promovieron la demanda, Pedro Arancibia, indicó que si bien aún no fueron notificados de lo que presentaron las partes, luego de la fecha del plazo recorrió personalmente diferentes puntos del río y afirmó no haber observado ningún avance.
Desde el Poder Judicial informaron a El Tribuno que la Provincia cumplió «en tiempo con la presentación de los informes». El documento al que se hace referencia es el plan de emergencia sanitaria, el cual debería haber sido elevado a fines del año pasado, pero en febrero el Grand Bourg pidió una prórroga. El retraso fue justificado por las inundaciones en el norte provincial.
Los planes que sí fueron presentados en el primer plazo fueron los de manejo y de monitoreo. Sin embargo, el juez llamó la atención porque, además de no cumplir «con los lineamientos mínimos de la sentencia», no habían sido confeccionados por la unidad ejecutora creada para el saneamiento del río, en la que participan diferentes organismos y empresas estatales. Es decir, se habían presentado dos de los tres planes requeridos, pero mal elaborados.
Dado el previo llamado de atención de Domínguez, el último plan presentado, el de emergencia sanitaria, el cual es el «plan maestro», debería haber sido confeccionado por la unidad ejecutora, pero en esta oportunidad nuevamente no se cumplió con el mandato.
La Municipalidad, como parte de la unidad ejecutora, debería haber participado en la elaboración del documento. Al respecto, el secretario de Ambiente respondió: «El juez se lo pide al Gobierno de la Provincia, a Recursos Hídricos y al Ministerio de Salud».
Los reclamos por la situación del río Arenales comenzaron en 2011. Vecinos de diferentes barrios se inundaron y con una demanda colectiva apuntaron contra el municipio, la Provincia, Aguas del Norte y la empresa de transportes Marozzi, por inferir en el cauce del río y por su contaminación.
La demanda llegó incluso a tener sentencia de la Corte de Justicia de Salta, que mandó a que «se tomaran las medidas necesarias para evitar las previsibles consecuencias sobre personas y bienes que pudieran derivarse de nuevas crecientes del río Arenales y para sanear de contaminación su cauce». Allí comenzaron los episodios subsiguientes, donde además de pocas o casi nulas acciones, hubo pase de pelotas entre el Gobierno provincial y municipal.
Además del plan de emergencia, la Provincia debería haber realizado un cordón sanitario, del que tampoco nada de sabe. Por su lado, el CIF indicó en marzo que Aguas del Norte continúa volcando líquidos cloacales al río.
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