Academias médicas y farmacéuticas advirtieron por una inconsistencia clave de la nueva norma. Prohíbe al médico sugerir una marca y habilita al farmacéutico, cuya presencia en el local deja de ser obligatoria.
El decreto de necesidad de urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, incorpora un cambio sanitario clave a partir de este viernes, tal como estaba previsto al cumplirse el octavo día desde su publicación en el Boletín Oficial. Hay cuestiones del texto a tener en cuenta vinculadas al ejercicio de la medicina y de la farmacia, en lo atinente a la venta de remedios.
Uno de los cambios principales, a partir de ahora, es que la receta que lleven los pacientes a la farmacia ya no podrá tener por escrito la sugerencia de una marca comercial, algo que sí venia permitiendo como nota complementaria la ley de prescripción por genéricos.
Lo nuevo es que ya sólo se habilita al profesional de la salud a colocar el nombre de la droga y que sean el farmacéutico y el paciente los que definan en el mostrador qué marca será objeto de la transacción comercial. Pero hay un obstáculo que hace más compleja la ecuación: el DNU permite que en las farmacias no haya un farmacéutico presente, al habilitar que el mismo profesional pueda estar a cargo de varias farmacias de manera simultánea.
Esta característica de la nueva norma, como informó Clarín tras conocerse el DNU, evidentemente esmerila un poder que los médicos tienen hace años, y en el mismo movimiento modifica también, en parte, la actividad farmacéutica. Por eso, en vísperas de la entrada en vigencia del decreto, desde la Academia Nacional de Medicina (ANM), la Asociación Médica Argentina (AMA), la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) y la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica encendieron las alarmas.
El Presidente dijo que quiere que los legisladores le expliquen «por qué van en contra» del decreto.
“Desde este viernes las farmacias ya no podrían recibir recetas que lleven escrito un nombre comercial. Si lo hacen pasarían a estar fuera de la ley”, aseguró en diálogo con Clarín Isabel Reinoso, ex presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires”. Pero a la vez se preguntó: “Si no está el farmacéutico presente, ¿quién va a recomendar la marca? ¿Cualquier empleado? Hay enfermedades muy sensibles y manejarlo de esa manera es un gran riesgo”.
Toda esta controversia derivó en la convocatoria de la Confederación Farmacéutica Argentina a un cese de actividades para este mismo viernes, de 12 a 13, en coincidencia con una marcha a Tribunales para presentar un amparo con el objetivo de frenar estos cambios específicos que introduce el DNU presidencial.
El argumento de los médicos
Desde la ANM dijeron que la modificación de la prescripción médica “requiere una opinión de la Academia Nacional de Medicina”. Y esgrimieron como principal argumento que “en la Argentina no existen pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad en la gran mayoría de los productos farmacéuticos”.
Explicaron que “dichas pruebas son la garantía de que un producto farmacéutico, con el mismo principio activo, conserva su potencial a través de sus distintas formas en el mercado y puede ser intercambiable”. Dicho con otras palabras, que un remedio pueda ser intercambiable por otro sin que eso altere la eficacia del tratamiento.
Por eso, advirtieron que “el DNU, al eliminar el nombre comercial sugerido por el médico, traslada la responsabilidad primaria a quien dispense la medicación desplazando al médico tratante en dicha tarea y modificando su responsabilidad profesional”.
La conclusión de la ANM es preocupante: “La situación creada por esta modificación puede tener consecuencias negativas sobre la salud e la población, ya que no sólo limita la responsabilidad del médico, sino que puede perjudicar a los pacientes”. Por eso piden que se revea la medida en función de la evidencia técnica y científica.
Desde la AMA complementaron la postura crítica sobre el decreto al afirmar que “existe una intención ilegítima e inconstitucional que coarta la libertad de dirigir la terapéutica del paciente, que limita y afecta el libre ejercicio profesional, habida cuenta de que ni el paciente está capacitado ni tampoco el farmacéutico debe verse obligado a recomendar en disenso con la prescripción médica, dado que su profesión no le habilita en tal sentido”.
Agregaron que “la ley impone al médico que ha producido su juramento hipocrático la responsabilidad indelegable en materia civil, penal y ética de todos sus actos”. Para concluir: “Entendemos que la receta no debe ser cambiada por el farmacéutico salvo diálogo y conformidad previa con el médico tratante, porque en caso contrario la receta pierde valor terapéutico y tanto el farmacéutico como el Estado deberán asumir toda la responsabilidad civil, penal y ética que genere este acto”.
Desde la AAP, por su parte, manifestaron una «profunda preocupación», al advertir que «la prescripción por marca es un recurso con el que cuentan los médicos para tener más certezas con los resultados de eficacia y seguridad, en un contexto en el cual los productos genéricos no siempre cuentan con los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad necesarios».
Desde la Academia de Farmacia y Bioquímica se centraron en la recomendación de que “todos los medicamentos sean dispensados por un farmacéutico en ámbitos debidamente habilitados”. La alusión fustiga por un lado el «rasgo omnipresente» que el profesional debería adquirir para poder atender varias farmacias a la vez. Por el otro, hace una referencia peyorativa a la posibilidad de que a partir de ahora los remedios de venta libre puedan eventualmente ser vendidos en otros ámbitos que no sean una farmacia.
Reinoso cuestionó otro aspecto del DNU, que es el referido a que a partir de julio de 2024 todas las recetas deberían sin excepción ser electrónicas. “Lejos de favorecer el acceso al medicamento, lo van a perjudicar. De acá a julio es imposible que todo el país se adapte para implementar la receta digital”, dijo la experta.
¿Qué pasará a partir de la entrada en vigencia del DNU en las farmacias? Clarín consultó a la principal cadena del país, Farmacity, que no ofreció muchos detalles. Todo indica que habrá que ver cómo se acomoda la operatoria en el día a día. Fuentes de la firma se limitaron a declarar: «Nosotros nos regimos por las normas de las obras sociales y prepagas. No tuvimos una bajada diferente ni notificación. Por lo tanto en esta etapa de transición seguiremos acompañando a nuestros pacientes garantizando el acceso al medicamento».
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