La jueza Loretta Preska admitió que el Estado tendría que haber lanzado una oferta sobre el total de las acciones de la empresa. Pero deja libre de culpa a la empresa estatizada.
Ambos grupos reclamaban que -al momento de la estatización del 51% de la empresa en 2012- el país tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto) y no solo por una parte.
Buford había comenzado el juicio contra la Argentina y contra YPF en 2015, en nombre de la quiebra de Petersen Energía, ya que había comprado la quiebra de esa empresa, que era accionista de la petrolera cuando fue la expropiación.
Preska dictaminó que Argentina es responsable, pero accedió a la petición de YPF de desestimar los reclamos en su contra.
La jueza también denegó la solicitud de los fondos de fijar la indemnización por daños y perjuicios que deberá pagar la Argentina -y que se calcula entre US$ 7.000 y 18.000 millones- y dijo que el monto deberá fijarse en un nuevo juicio por daños.
«El Tribunal (de Nueva York) considera que los demandantes fueron perjudicados por la República porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada (de la empresa) pero no lo hizo», dice el fallo.
Y agrega que los demandantes tienen tanto el derecho a reclamar daños y perjuicios como el derecho a elegir la indemnización por daños y perjuicios como su remedio en lugar del cumplimiento específico (es decir, que el país efectivamente lance una oferta por toda YPF).
Además, dice que la medida apropiada de esa compensación es el precio de la oferta pública de adquisición que Argentina tendría que haber hecho si hubiera cumplido con los estatutos. Sin embargo, aclara que le resulta imposible fijar el monto porque no puede precisar la fecha exacta en que se activó la obligación de Argentina de lanzar la oferta.
Ahora, Argentina tendrá dos instancias de apelación de la decisión de Preska, pero para hacerlo deberá presentar una garantía.
«Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional, así que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, hay que destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes» (como que se fije el valor de la compensación, indicaron cerca de la petrolera.
La privatización más cara de la historia
El juicio que perdió Argentina en primera instancia en Estados Unidos es un coletazo de la política que siguieron Néstor y Cristina Kirchner respecto de YPF y que no comenzó con la expropiación de la petrolera en 2012, sino mucho antes. El kirchnerismo se tomó varios años para conseguir el control de la petrolera argentina y, en el proceso le costó miles de millones al Estado.
En 2008, por impulso de Néstor Kirchner, la familia Eskenazi -dueña del Banco de Santa Cruz- compra en 2008 el 14% de YPF por unos US$ 2.000 millones. Para esa operación usan dos sociedades que arman en España: Petersen Energía y Peterson Inversora.
La mitad del monto se paga con un crédito de un consorcio de bancos encabezado por el Credit Suisse y garantizado sólo con las acciones de la petrolera. Los otros 1.000 millones de dólares los presta la propia Repsol a los Eskenazi, quienes se plantean solventarlo con los dividendos que consiguieran de la explotación de YPF. En resumen, sin aportar fondos propios.
En mayo de 2011, los Eskenazi ampliaron otro 10% su participación en YPF, con lo cual llegan a tener el 25,46%. Por ese 10% pagan US$ 1.304 millones con un esquema similar a la adquisición anterior: US$ 700 millones de un crédito de bancos y los otros US$ 600 millones de un crédito de la propia Repsol.
La española se queda en ese momento con el 58% de la empresa. Otro 16% está en manos de fondos e inversores internacionales, y el resto quedó repartido entre el Estado Nacional, las provincias de Chubut y Formosa y el Programa de Propiedad Participada.
Necesitado de dinero, el Gobierno de Cristina Kirchner expropia en abril de 2012 el 51% de las acciones de YPF pero sin tocar la parte de los Eskenazi. Sólo toma las acciones que pertenecían a Repsol. Previamente, hace caer el precio de las acciones congelando el valor de los combustibles y quitándole a YPF áreas de exploración en el interior del país.
En febrero de 2014, el gobierno de Cristina le pagó US$ 6.000 millones a Repsol por el 51% de la compañía que había expropiado. Apenas un año y medio después, el valor bursátil de la empresa era menos de la mitad del que tenía en la fecha de ese pago.
Las dos sociedades españolas que los Eskenazi habían usado para comprar su parte de YPF dejan de pagar a los bancos y se declaran en quiebra. El síndico de la quiebra española subastó las acciones de los Eskenazi en Nueva York y el derecho a litigar contra el Estado argentino e YPF por el perjuicio que significó la expropiación.
Allí entra el fondo buitre Burford Capital LLC, que se queda con el juicio. Acuerdan que se quedará con el 70% del eventual beneficio y el 30% restante quedará para los acreedores de la quiebra. Ahora, habrá que esperar que la Justicia de Estados Unidos fije el costo de esta otra deuda por la expropiación.
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