Es por una deuda del impuesto a los Bienes Personales correspondiente a 2020. El empresario intentó evitarlo, pero no lo logró.
La AFIP dirigida por Mercedes Marcó del Pont, que ayudó a Cristóbal López a rescatar a su petrolera Oil Combustibles de la quiebra, ahora le reclamó al empresario K que pague 157 millones de pesos correspondientes a una deuda por el impuesto sobre Bienes Personales del 2020. El dueño del Grupo Indalo había dicho que no podía hacer frente a sus compromisos fiscales por ser «víctima de una persecución política» y porque tiene sus bienes embargados.
López había solicitado que se rechace la ejecución que iba a realizar la AFIP ante las deudas acumuladas, bajo el argumento de que «sufre una grave persecución del Poder Judicial Nacional, con un auto de procesamiento por el que estuvo preso de manera preventiva y arbitraria durante tres años».
Como medida complementaria a ese procesamiento por fraude al Estado con su firma Oil, el empresario fue embargado en 17.042.509.692 pesos. Por eso dijo que esa medida «afectó todo su patrimonio y bienes, siendo estos absolutamente indisponibles incluso para el pago de los tributos en ejecución».
Para justificar su planteo, Cristóbal López dijo que ofreció al juzgado federal 10 un cheque por 103.924.508,72 pesos, «para que esos fondos fueran destinados al pago de las obligaciones fiscales correspondientes al período».
Agregó que no sólo se encuentran embargados sus bienes «sino que también toda suma que ingresa a su patrimonio, por lo que la única opción de cancelar las obligaciones tributarias es de obtener autorización de la justicia penal que dispuso el embargo antes mencionado».
Por eso había pedido al organismo recaudador la suspensión de cualquier medida tendiente al cobro de las obligaciones, «toda vez que la imposibilidad de pago es por razones exógenas no imputables a la demandada».
En su presentación, Cristóbal López indicó que si la AFIP le ejecutaba la deuda, «se verán afectados los preceptos constitucionales de defensa en juicio, derecho de propiedad y la tutela jurídica efectiva».
Además de estas explicaciones, el empresario K indicó que busca ingresar la deuda a una moratoria fiscal.
La justicia pidió la opinión a la AFIP sobre el pedido específico de Cristóbal López, pero el organismo rechazó los argumentos e insistió en la ejecución fiscal por más de 156 millones de pesos correspondientes a Bienes Personales.
Entre otros planteos, la asesora letrada del fisco señaló que López «no ha probado ninguno de los presupuestos básicos para que proceda la excepción intentada», es decir: cancelar la ejecución fiscal para cobrarle la millonaria deuda.
Respecto a la documentación aportada por el empresario sobre la causa penal en la que no consiguió que se levante su embargo, «de ningún modo prueba la invocada inhabilidad de título, y esta documental no guarda relación con los impuestos y períodos reclamados en la presente ejecución».
Al analizar la situación, el juez en lo contencioso administrativo federal indicó que la defensa de López «se basa en la existencia de medidas cautelares trabadas en un proceso penal previo, por las que su patrimonio se encuentra inmovilizado, y cuyo resultado es no poder afrontar los pagos exigibles en ejecución», por parte de la AFIP.
Sobre ese punto dijo que tales argumentos no impiden que la AFIP avance con la ejecución fiscal «en conceptos impagos reclamados por esta vía, de manera que la situación planteada» y que los planteos del dueño del Grupo Indalo «no son viables» para suspender la acción del fisco: cobrarle $ 157 millones.
Otras deudas de Cristóbal López
A finales del año pasado, la AFIP había intimado a López a través de un expediente de ejecución fiscal para que pague 397.033.078 pesos en concepto del impuesto solidario, más 59,5 millones de intereses y costas.
En ese momento, López respondió a través de un escrito en el que pidió que se rechace “la presente ejecución con expresa imposición de costas al organismo recaudador. Allí había esgrimido nuevamente el recurso de denunciar una persecución.
«(He) sido blanco de una serie de acciones realizadas con anterioridad a la actual administración de AFIP, materializada mediante un conjunto de actos administrativos y vías de hecho realizados con total intencionalidad y en violación a la ley, que afectaron gravemente a mi persona en forma directa (estuve dos años injustamente privado de mi libertad), a mi patrimonio, y que también afectaron directamente a las Sociedades del Grupo Indalo, de las que resulto uno de sus beneficiarios finales”, expresó en el expediente.
Después de esa introducción, se refirió a los embargos sobre su patrimonio trabados en uno de los expedientes que tramita en Comodoro Py, donde se lo investiga por hechos de corrupción.
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