Son exmandatarios de países americanos y de España nucleados en IDEA. Criticaron la falta de independencia de la Justicia en Argentina.
Los exjefes de Estado y de Gobierno que integran el grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) manifestaron este domingo su preocupación por la citación a indagatoria judicial del expresidente Mauricio Macri en la causa que se investiga presunto espionaje ilegal y afirmaron que la medida pone en riesgo la institucionalidad en Argentina.
A través de una carta pública, los integrantes de la agrupación- de la que Macri es parte- cuestionaron que la citación en el marco de la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan se produzca en medio de un proceso electoral.
También destacaron negativamente el rol del actual Presidente. Tras suspenderse la indagatoria porque Macri no había sido relevado de guardar secreto sobre temas de inteligencia, «en el mismo día y encontrándose ya en curso el debate electoral en la Argentina, el presidente Alberto Fernández levantó por decreto dicha obligación de reserva para facilitarle al juez su expeditiva indagación», remarcaron.
Para los expresidentes nucleados en IDEA, lo ocurrido «pone en entredicho, en el caso, a uno de los elementos esenciales de la democracia, a saber, la separación e independencia entre los poderes del Estado, tal y como prevé la Carta Democrática Interamericana».
El grupo de exmandatarios subrayó que «todo ciudadano y no sólo un expresidente ha de contar con las garantías del debido proceso» que se ven afectadas «en los supuestos de colusión indebida entre los titulares de los órganos del poder público y la Justicia».
Y resaltaron que eso es más grave aún «cuando median motivaciones políticas y no la legítima reivindicación de derechos afectados y justiciables».
Entre los firmantes de la carta figuran el expresidente del Gobierno español, José María Aznar; los de México, Vicente Fox y Felipe Calderón; los colombianos Álvaro Uribe, César Gaviria y Andrés Pastrana; los uruguayos Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti; y los paraguayos Juan Carlos Wasmosy y Federico Franco.
También firmaron los expresidentes de Costa Rica Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís; los ecuatorianos Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado, y Jamil Mahuad; los panameños Nicolás Ardito Barletta, Ernesto Pérez Balladares, y Mireya Moscoso; los bolivianos Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga; el chileno Eduardo Frei; y el salvadoreño Alfredo Cristiani.
Una causa polémica
Macri se encuentra imputado por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan en una causa que lleva el juez subrogante Martín Bava, quien llegó en Dolores cuando Alejo Ramos Padilla -de sintonía con Cristina Kirchner- ocupó el estratégico Juzgado Federal 1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires.
El primer llamado a declaración indagatoria estaba establecido para el jueves 7 de octubre. Pero la notificación llegó cuando el expresidente ya se encontraba en el exterior, en una recorrida que lo llevó por Miami (presentó su libro «Primer tiempo») y por Qatar (cumplió tareas en su función de director ejecutivo de la Fundación FIFA).
Bava trasladó la convocatoria al 20 de octubre, pero Macri anticipó que no se presentaría y cuestionó fuertemente al juez, a quien recusó. Horas más tarde, Bava rechazó ese recurso y fijó nueva fecha para el jueves 28.
Ese día, con la presencia de Macri en el juzgado de Dolores para llevarla a cabo, la indagatoria debió suspenderse porque el juez Bava no había hecho el pedido correspondiente para que el expresidente fuera relevado del secreto de inteligencia.
Carta completa de los expresidentes
Los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en conocimiento de las investigaciones que realiza un juzgado federal argentino relacionadas con la tragedia del hundimiento de un submarino de la Armada, el ARA-San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, expresa su grave preocupación por la intempestiva indagatoria abierta al expresidente Mauricio Macri.
En efecto, suspendida como fue la audiencia correspondiente al encontrarse el expresidente legalmente impedido de declarar sobre secretos de Estado, de manera sorpresiva, sin observarse lapsos de tiempo, en el mismo día y encontrándose ya en curso el debate electoral en la Argentina, el presidente Alberto Fernández levantó por decreto dicha obligación de reserva para facilitarle al juez su expeditiva indagación.
En consideración de lo anterior, convencidos de la obligación de todo gobernante de rendir cuentas de su gestión pública y con ello afirmar el deber de transparencia que demanda la democracia, lo así ocurrido – el contexto electoral y el carácter expeditivo de lo decidido por el actual gobernante de la República Argentina, sobre un tema institucional muy delicado – pone en entredicho, en el caso, a uno de los elementos esenciales de la democracia, a saber, la separación e independencia entre los poderes del Estado, tal y como prevé la Carta Democrática Interamericana.
Todo ciudadano y no sólo un expresidente ha de contar con las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva; derechos que siempre se ven afectados en los supuestos de colusión indebida entre los titulares de los órganos del poder público y la Justicia, aún más cuanto median motivaciones políticas y no la legítima reivindicación de derechos afectados y justiciables.
Por ello mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido concluyente al señalar de modo reiterado “que la separación de poderes guarda una estrecha relación, no sólo con la consolidación del régimen democrático, sino que además busca preservar las libertades y derechos humanos de los ciudadanos”.
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