El abogado del exmonaguillo Juan Carlos García había asegurado que allí había “pruebas del delito”.
La Justicia rechazó el pedido de allanamiento y registro de la sede del Arzobispado de Salta solicitada por el fiscal interviniente en el marco de la causa que se sigue contra el exsacerdote Emilio Raimundo Lamas (68), acusado provisoriamente del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por ministro de culto reconocido y por la guarda, en concurso real con abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto reconocido (tres hechos).
Para ello, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, dijo que en su pedido, el fiscal solicitó la realización de una medida que afecta derechos constitucionales de la intimidad, pretendiendo injustificadamente con ello incorporar elementos al proceso penal sin indicar cuál sería su pertinencia y utilidad a los fines de la investigación que lleva adelante.
Además, destacó que la Constitución Nacional coloca los acuerdos con la Santa Sede en jerarquía superior a las leyes. Por ello, “sin que exista ningún tipo de afectación al derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de la supuesta víctima, quien pudo concurrir al proceso penal en el carácter de querellante, y que efectuó la denuncia en fecha 19/05/2017 por ante la OOyD”, es que en caso de hacer lugar a la medida solicitada implicaría no sólo una violación a la Constitución Nacional, sino también una afectación al derecho de defensa del imputado.
Los hechos que originaron la causa contra el exsacerdote Lamas habrían sucedido en el Paraje Alfarcito, localidad de Rosario de Lerma en el mes de agosto de 1991, y en la parroquia de Rosario de Lerma en el mes de setiembre de ese año.
El deseo de acceder a las actas del juicio eclesiástico por parte de la Justicia y la querella radica en que, por lo que se pudo saber mediante audios, se hicieron públicos, el sacerdote habría confesado el abuso de García y el de otros casos que aún no llegaron a la Justicia. Contrariamente al comportamiento ante sus pares, Lamas se negó a declarar ante el fiscal Federico Obeid. También se quiere llegar a otros testigos que podrían involucrar a autoridades de la Iglesia y su posible encubrimiento, como lo denunció el exmonaguillo.
La respuesta de Cargnello a la Justicia
‘Se hace imposible la entrega de cualquier documento relativo al mismo‘, fue la respuesta que envió el titular del Arzobispado, monseñor Mario Cargnello, en respuesta del requerimiento de la Fiscalía 1 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual. Los documentos solicitados son las actas del proceso del juicio eclesiástico que concluyó con la expulsión de Lamas del sacerdocio.
Cargnello basó su negativa en que aún el proceso está abierto, y continuará así, ya que Loyola aseguró que Lamas apelará, y por ende, el juicio se dilatará. También se amparó en el acuerdo firmado entre la Santa Sede y el Estado argentino en 1966 que reconoce y garantiza a la Iglesia ‘el público ejercicio de culto y jurisdicción‘. El juicio eclesiástico celebrado bajo el derecho canónico que “tipifica como delito” el abuso de menores fue señalado por Cargnello como ejercicio de esa “jurisdicción” que el acuerdo le reconoce. El escrito oficial concluye señalando que la Justicia debe pedir las actas a la Congregación de la Doctrina de la Fe, en Roma, a quien le pertenecen las actas y a quién le está “reservado los procesos impidiendo a los tribunales inferiores dichos juicios”.
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