La Cámara Federal de Casación Penal dictaminó que las actuaciones de la supuesta asociación ilícita continuará en el fuero Federal y otra en la Justicia Provincial.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que la causa por una asociación ilícita encabezada por el empresario Matías Huergo debe seguir dividida en el fuero federal y en el provincial. Huergo está acusado de evadir impuestos y se lo investiga por una millonaria defraudación al Estado.
El rechazo al recurso extraordinario presentado por la parte querellante, AFIP y DGI, y por la defensa de Sebastián Héctor Silva y Camila Muñoz, fue firmado por los jueces de la Sala III, Eduardo Rafael Riggi; Juan Carlo Gemignani y Lilliana Catucci, el 26 de mayo.
El organismo nacional recaudador había pedido que la investigación se unificara en la Justicia nacional.
De este modo, el Ministerio Público Fiscal de Salta podrá seguir avanzando en la investigación de una parte de la causa que fue girada en mayo del año pasado por el juez federal Julio Bavio, cuando declinó la competencia respecto del perjuicio de la Municipalidad de Salta y de la empresa Aguas del Norte.
La investigación contra el prolífico y bien contactado emprendedor se inició en enero de 2018, cuando en los sistemas informáticos de la AFIP se detectaron inconsistencias tributarias de una serie de empresas salteñas, las que luego se descubrió que giraban alrededor de Huergo.
A medida que avanzaron las pericias, que quedaron en manos del fiscal federal Ricardo Toranzos, se desmenuzaron los nudos de la red de complicidades con funcionarios municipales y provinciales que contaba el empresario procesado para embolsar fortunas con obras públicas, de las cuales algunas ni se concretaron.
El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta dictó el procesamiento contra Huergo y ocho personas, entre contadores, abogados y prestanombres, que habrían conformado una “asociación ilícita tributaria”.
Solo con la emisión de facturas truchas la banda habría duplicado facturas cuyo monto de IVA superaría los 100 millones de pesos entre 2015 y 2018, según se estimó desde la Administración Federal de Impuestos Públicos, a través de la Dirección General Impositiva (DGI).
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