Alba Rueda es representante especial sobre orientación sexual e identidad de género de la Cancillería argentina.
Rueda anunció que denunciará internacionalmente a la Corte Suprema de Justicia tras el fallo que rechazó su demanda y acusó al máximo tribunal de «utilizar un reclamo colectivo para dar un mensaje social a los sectores más conservadores».
«Vamos a convocar a compañeros expertos latinoamericanos para denunciar a esta Corte internacionalmente», dijo a la funcionaria y militante por los derechos de la diversidad sexual.
Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti confirmaron este jueves el fallo anterior que rechazaba la acción de habeas data presentada por Rueda contra el Arzobispado de Salta para rectificar sus registros sacramentales amparándose en la neutralidad religiosa del Estado.
En este sentido, el fallo de la Corte afirmó que «no resultan atendibles los argumentos» de Rueda ya que esto implicaría «exigir a los jueces el examen de cuestiones sobre las que carecen de competencia y socavaría el espíritu del Concordato y la neutralidad religiosa prevista en el texto constitucional argentino».
También rechazaron la solicitud de la activista de declarar inconstitucional la ley 17.032 que aprobó el Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina de 1966, y del propio acuerdo, llamado también Concordato de 1966.
En el fundamento de Rueda, este acuerdo «autoriza a la Iglesia Católica argentina a desobedecer las leyes de la Nación en detrimento del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación».
En 2011, la actual funcionaria fue una de las primeras mujeres trans en Argentina en rectificar su DNI a través de una sentencia judicial, y desde la sanción de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) en 2012 logró modificar todos sus datos registrales menos los que dispone la iglesia católica.
Cuando en 2018 quiso cambiar sus registros de bautismo y confirmación en el Arzobispado de Salta, ya que una amiga le solicitó ser madrina de su hija, obtuvo una respuesta negativa.
El arzobispo Mario Antonio Cargnello le respondió que desconocía las «ficciones jurídicas» del derecho civil, en referencia a la ley de identidad de género y la trató en masculino.
Tras esta respuesta, Rueda presentó una denuncia en el Juzgado Nacional en lo Civil N° 58, donde la jueza consideró que no podía intervenir en un tema religioso, y en noviembre de 2019 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó esta decisión.
Luego, la activista interpuso un recurso extraordinario federal en el que argumentó que «los efectos civiles de la regulación estatal del sexo según la Ley de Identidad de Género abarcan todos los aspectos de la vida de las personas, incluso el religioso».
Además sostuvo que hubo «un trato discriminatorio hacia su persona que desconoce su pleno derecho a la identidad de género, obstruye su participación igualitaria en la vida religiosa comunitaria y vulnera su derecho a la libertad de culto en su faz individual y colectiva».
La Corte Suprema este jueves se expidió sobre el caso y decidió confirmar los fallos anteriores en rechazo a los pedidos de Rueda.
«No es posible imponer a una autoridad religiosa, en el caso, la Iglesia Católica, la procedencia y el modo en que debe registrar o modificar el registro de un sacramento pues ello (…) conllevaría a una inadmisible intromisión del Estado en el ejercicio de un culto y, por ello, una violación de la libertad religiosa garantizada por la Constitución Nacional», indicó ese texto.
Para Rueda, el fallo se produjo «de espaldas a una sociedad que es diversa, que ya se pronunció a favor de la ley de identidad de género y la diversidad sexual a lo largo de los años» y dijo que es «una lesión enorme a la plataforma de derechos de la Argentina».
También criticó que trata al caso como «individual cuando en realidad hubo 40 pedidos de organizaciones de Argentina y Latinoamérica que querían hablar en audiencia publica».
«Nosotras pedimos que se llame a audiencia pública para que tengamos la oportunidad de hablar abiertamente, que se abra el debate y se muestre que hay muchas personas LGBT en la iglesia y que muchas queremos cambiar nuestra identidad», explicó Rueda y aclaró que este pedido fue «el primero que se negó».
En el documental «Amén. Francisco Responde», el Papa Francisco -al ser consultado por jóvenes sobre la relación entre la Iglesia y las personas trans- dijo que «Dios no rechaza a nadie» y que el deber «es recibir siempre», además de que «son infiltrados» aquellos que «aprovechan la escuela de la iglesia para sus pasiones personales» lo que implica «una de las corrupciones de la iglesia».
Rueda también cuestionó que el fallo afirma que no hubo discriminación contra ella ya que no se pudo demostrar «que la negativa de rectificar los registros sacramentales importen un trato discriminatorio respecto de otros miembros de la Iglesia Católica», argumentó el texto de la Corte.
«Lo que están diciendo es que ustedes pueden ir a la iglesia y rezar, ahora no esperen que se le reconozca su identidad de género, la tiene que dejar en la puerta de la iglesia», criticó la activista.
Además destacó que el fallo reviste un «carácter político» y le brinda un «mensaje a la derecha».
«Lo hacen en un contexto político, en un año electoral, con un claro mensaje a los sectores más conservadores. Usan un reclamo colectivo para politizarlo y dar un mensaje a la derecha», aseguró Rueda.
Además de ser una activista histórica por los derechos LGBTIQ+ en el país, también es funcionaria pública y en 2022 asumió el rol de Representante Especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de Cancillería Argentina, puesto que solo tienen cinco países del mundo.
«No voy a dejar que rompan con la ley de identidad de género los sectores más conservadores», concluyó.
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