En la lista hay aliados al kirchnerismo y dirigentes de izquierda. La mayoría eran parte del Gobierno anterior. Llegaron a manejar una caja de más de $ 1 billón anual.
Los 27 allanamientos dispuestos a locales y líderes piqueteros por la presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales visibilizan una situación repetida a través del tiempo, pero que hasta ahora nunca había sido expuesta por la justicia federal.
Por primera vez se investiga el enorme poder que las organizaciones sociales fueron construyendo en los últimos años en base al manejo de cajas estratégicas del Estado, pero también chantajeando a quienes obligan a participar en las protestas, marchas y movilizaciones que hacen, cobrándoles porcentajes de su haber mensual a cambio de mantener ese plan social.
En la lista de apuntados por la Justicia aparecen integrantes de grupos de izquierda como el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha, todos citados a indagatoria, aunque además se conocieron audios, que publicó Clarín, y que involucran a dirigentes del MTE y la CCC, corrientes piqueteras aliadas al kirchnerismo y que ocuparon puestos claves dentro de la estructura del último gobierno.
El caso más emblemático es el de Juan Carlos Alderete, el principal referente de la CCC, que aparece mencionado en una de las denuncias a la línea 134 del Ministerio de Seguridad, en la que una mujer de Chivilcoy comenta que cada cuadrilla de la CCC que trabaja con beneficiarios de planes sociales les cobra $ 10.000 por cabeza a cambio de no cortarles el subsidio y de que asistan a la marcha.
«Te voy a dar un nombre que resuena en las reuniones, que los protege. El apellido: Alderete. Acá se nombra en las reuniones a Alderete», agrega, en el tramo que menciona directamente al líder piquetero, ex diputado nacional del Frente de Todos y que trabajó muy cerca del gobierno de Alberto Fernández en los últimos cuatro años. «Nosotros no apretamos, convencemos políticamente», se defendió Alderete en una declaración radial este martes.
Cómo funciona el negocio millonario de la extorsión
La denuncia contra la CCC de Alderete sincera una dinámica muy común dentro de las organizaciones sociales, casi blanqueada internamente entre los punteros políticos y los beneficiarios de esos planes. Como unidad ejecutora, la «orga» le cobra un porcentaje por tramitarle el plan social al que lo recibe, un porcentaje que va del 2% al 5% por persona, según quienes conocen de cerca el sector.
El propio dirigente del Polo Obrero, Gabriel Solano, reconoció a mediados de 2022 que todos los beneficiarios que se encuentran nucleados bajo la estructura de ese partidoles pagaban un 2% en concepto de aporte. «En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $ 19.000, estamos hablando de $380”, admitió Solano en aquel momento.
El Polo Obrero, representado sobre todo por Eduardo Belliboni, contaba entonces con más de 100.000 beneficiarios que cobraban el Potenciar Trabajo. Haciendo una cuenta simple a partir del propio sincericidio de Solano, la recaudación mensual de la organización social hace dos años era de $ 22,8 millones, aunque si le siguen cobrando ese 2% en la actualidad los números varían, debido a la inflación acumulada en este tiempo.
Teniendo en cuenta que el actual haber del plan social que cobran es $ 78.000, la cifra plantearía un aporte de $ 1.560 por mes, que multiplicado por los 100.000 beneficiarios representaría un negocio mensual de $ 156 millones. La denuncia contra la CCC, no obstante, plantea un escenario todavía más redituable para los piqueteros. La organización de Alderete representa a unas 60.000 personas. Si todas pagan por mes una cuota de $ 10.000, la recaudación total sería de $ 600 millones por mes.
Quién es quién en el universo piquetero
Como nunca antes, el gobierno de Alberto Fernández le dio espacio en la gestión pública a los dirigentes piqueteros. Desde el primer día y hasta el último del mandato presidencial, el secretario de Economía Social, en el entonces Ministerio de Desarrollo Social, fue Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, que nuclea a cerca de 150.000 personas que reciben planes. El otro referente de esa organización, Fernando «Chino» Navarro, fue el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete.
Pero hubo representantes de casi todos los sectores piqueteros dentro del gobierno de Fernández. Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, ocupó una subsecretaría clave en Desarrollo Social y luego fue candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Rafael Klejzer, referente de La Dignidad, fue director nacional de Políticas Integradoras hasta que renunció al cargo por diferencias con Pérsico.
Klejzer es un hombre estrechamente ligado a Juan Grabois, dirigente social que no ocupó cargos puntuales dentro del gobierno kirchnerista pero que sí tuvo mucho peso en el manejo de los recursos a través de dirigentes propios, ya sea Klejzer o Fernanda Miño, ex secretaria de Integración Socio Urbana dentro de Desarrollo Social y quien manejó un polémico Fondo de Integración Socio Urbana que el Gobierno cerró al principio del mandato de Javier Milei.
Grabois, además, es uno de los referentes principales de las cooperativas que han recaudado en los últimos años cientos de millones de pesos en concepto de transferencias discrecionales. La principal cooperativa que representa es El Amanecer de los Cartoneros, la más beneficiada con fondos extra por parte del kirchnerismo.
Alderete, el piquetero denunciado el lunes, también ubicó gente propia en Desarrollo Social, que fue un ministerio copado por dirigentes aliados al kirchnerismo y que también tuvo a La Cámpora administrando el área de Políticas Alimentarias, con Laura Valeria Alonso como titular de esa caja. En 2023, los fondos para Potenciar Trabajo, que manejaba Pérsico, superaron el $ 1 billón, mientras que la Tarjeta Alimentar tenía recursos por $ 875.000 millones.
Otro piquetero central, al que Alberto Fernández definió alguna vez como su dirigente social preferido, es Esteban «Gringo» Castro, el titular de la CTEP, que ocupó un cargo en el Consejo Económico y Social creado por el ex presidente en el inicio de su mandato. Castro es además el marido de la actual intendente de Moreno, Mariel Fernández, primera jefa comunal electa llegada desde el ámbito de las organizaciones sociales.
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