Investigado por evasiónQuién es Pablo Otero, el “Señor del Tabaco” al que acusó Javier Milei y que abrió una interna en La Libertad Avanza

Sus competidores aseguran que es un poderoso lobista y que evade miles de millones de dólares. Una de sus empresas ingresó como socia de Editorial Perfil y Kuarzo en Net TV.

La industria del tabaco está revolucionada por el crecimiento de Tabacalera Sarandí, una pyme bonaerense del empresario argentino Pablo Otero, que en los últimos ocho años logró pasar del 5% del mercado, a más del 30%, según estimaciones de especialistas, desplazando a las tradicionales empresas internacionales, gracias a que estaría subfacturando el precio de sus paquetes de cigarrillos ante la AFIP y a que consiguió medidas cautelares judiciales que le permiten pagar menos impuestos y vender sus productos mucho más baratos que sus competidores. Otero, además, acumuló un proverbial poder de lobby, que incluye una pata política, otra judicial y otra mediática.

A principios de año Tabacalera Sarandí pagó impuestos «como si sus tres principales marcas de cigarrillos costaran sus paquetes en los kioscos entre $256 y $278, mientras sus productos se vendían en kioscos entre $600 y $800. ¿Quién se quedó con esa diferencia? Otero y una mafia de políticos, jueces, espías, periodistas, medios e inspectores de la AFIP», aseguró un especialista de la industria a Clarín. Y agregó: «¿Cuántas notas viste publicadas sobre este tema, que generó una evasión de mil millones de dólares por año? ¿Nadie ve nada?».

Según un informe de la consultora Abeceb, de enero pasado, este tipo de prácticas por parte de la empresa de Otero y otras tabacaleras mucho más pequeñas, pero que actúan del mismo modo, les permitió crecer fuerte fuertemente su participación en el mercado de cigarrillos, al pasar del 5,6% del total en 2016, al 38,4% en 2023, generando una «pérdida de recaudación acumulada de US$ 5.823 millones, entre los años 2018 y 2023».

Es que el 76,9% del precio del paquete de cigarrillos son los impuestos que cobra el Estado nacional, para desalentar su consumo. Ese porcentaje incluye impuestos internos, IVA, el Fondo Especial del Tabaco -que se distribuye a las provincias productoras- y el Fondo de Asistencia Social, entre otros impuestos.

Por ese desequilibrio en la competencia, en 2019, Philip Morris cerró una planta de producción en la provincia de Corrientes y despidió a 220 trabajadores que tenía ahí. En ese entonces, la empresa informó en un comunicado que «la decisión de cesar las actividades en la planta de Goya responde a que en los últimos años se redujeron las ventas de la compañía, principalmente por el aumento de la participación de mercado de empresas que no pagan los impuestos correspondientes»

Pero si la empresa de Otero paga mucho menos de impuestos, entonces, bajan sus precios, cae la recaudación para el Estado y las provincias, se desequilibra la competencia y aumenta el consumo de cigarrillos, generando un problema no solo impositivo sino también de salud pública, ya que el consumo de tabaco mata a 45.000 personas por año en Argentina, el 14% del total de muertes, según un informe de la Red de Hospitales Universitarios de la UBA.

Además, esta distorsión impositiva encabezada por Tabacalera Sarandí provocó que, entre 2018 y 2023, el consumo de cigarrillos tuviera un aumento interanual del 1,2% en la Argentina, mientras que el promedio mundial bajó un 2% el consumo de cigarrillos cada año, según el informe de Abeceb.

La industria tabacalera en la Ley Ómnibus

Para intentar solucionar ese problema, a fin de 2023 el Gobierno planteó la necesidad de modificar los criterios impositivos de los cigarrillos, en 10 artículos del proyecto de Ley Ómnibus que envió al Congreso, elevando el cobro de impuestos. Pero su tratamiento se bloqueó en esa primera instancia parlamentaria, con fuertes discusiones en el capítulo tabacalero.

“No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos», como «el Señor del Tabaco», que «hacen lobby y ‘persuaden’ políticos para defender sus intereses”, dijo el presidente Javier Milei, al retirar el proyecto de Ley Ómnibus de la Cámara de Diputados, cuando acusó de ese traspié a “la casta”, que identificó con gobernadores, políticos de la oposición y un sector del empresariado.

El “Señor del Tabaco” es Pablo Otero, según cuatro fuentes consultadas por Clarín, que produce y distribuye cigarrillos con las marcas Red Point, West, Kiel, Nevada, OCB y Master. También vende tabacos, toscanos, cigarritos e insumos para armar cigarrillos.

Otero es un empresario de muy bajo perfil en los medios de comunicación, pero muy conocido en la industria tabacalera, ya que en los últimos cinco años logró superar en ventas a British American Tobacco Argentina (BAT, ex Nobleza Piccardo) y disputarle el primer lugar en la venta de cigarrillos a la empresa Philip Morris -que también produce los Marlboro-, con una estrategia muy agresiva sobre la Justicia, la dirigencia política, la AFIP y los medios de comunicación.

Para Otero, «el hecho de que el Presidente se haya referido a un ‘Señor del Tabaco’ puede estar relacionado con la persona que impulsa la Ley Massalin. Si se refirió a mí, es porque no me conoce y es parte de la cobarde demonización llevada a cabo por Massalin y sus periodistas ensobrados», dijo a Clarín.

De hecho, esa polémica en la Ley Ómnibus, junto con el ingreso de una de las empresas de Otero en el canal Net TV, transparentó una discusión que hasta ahora se daba especialmente puertas adentro de la industria tabacalera.

Es que a principios de año, Net TV informó que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) aprobó el ingreso de Grupo Madero Sur en el canal de televisión, convirtiéndose la empresa dueña de Tabacalera Sarandí en su accionista minoritario, quedando el 70% para Editorial Perfil, 22,5% productora Kuarzo y 7,5% para la empresa de Otero.

De todos modos, Otero aclaró que «no ingresamos en Net TV a través de Tabacalera Sarandí, sino mediante otra entidad societaria en la que tenemos intereses en el ámbito del entretenimiento y la cultura. La intención es potenciar nuestra presencia comercial a través de diversos medios de promoción», dijo el empresario a Clarín. Y agregó que no tienen «ninguna vinculación con otros medios locales ni con la política».

Sin embargo, fue en uno de los medios de Editorial Perfil donde habló Otero a principios de marzo, en una entrevista donde no se aclaró que el empresario es uno de los accionistas de una de las empresas de Perfil. Allí Otero planteó que la empresa Tabacalera Sarandí fue creada en 1998 y tiene una «facturación anual» que «asciende a cerca de US$ 800 millones y contribuimos con más de US$ 500 millones en impuestos varios anualmente».

En esa entrevista, Otero cuestionó duramente el proyecto de Ley Ómnibus, al que calificó de «Ley Massalin Temporada 3». Y dijo que «representa una práctica común realizada por las multinacionales para monopolizar el mercado. Tanto BAT como Massalin han establecido sus propias reglas al menos desde la década de los ’90, mediante Acuerdos de Recaudación con los diferentes gobiernos, que nunca se cumplieron».

También en Perfil publicaron a principios de año otra nota titulada «Tabacaleras nacionales acusan al Gobierno de favorecer a las multinacionales del sector en la Ley Ómnibus», con declaraciones de Otero.

En una ampliación de esa posición, Otero señaló ahora a Clarín que «si hubo lobby para la sanción de la Ley Massalin (por la Ley Ómnibus), definitivamente no fue por nuestra parte. ¿A qué funcionario se le ocurriría gravar el IQOS, cigarrillo electrónico, estando prohibido? Es evidente que la ley está redactada por y a favor de Massalin. Eso es comparable a querer gravar la marihuana para cuando se legalice».

Y añadió: «Nosotros no estamos preocupados por la aprobación del IQOS, que es un mercado cautivo de Philip Morris, ni por la ridícula alícuota propuesta, aunque en la industria se reconoce que el tabaco calentado es más adictivo que el cigarrillo convencional. Si Massalin tiene éxito con IQOS nos alegra mucho, pero no estamos dispuestos a cerrar una empresa de 30 años para complacer a una corporación que parece creerse dueña del país».

Es que el proyecto de Ley Ómnibus elimina el componente fijo del impuesto a los cigarrillos, que está judicializado por Tabacalera Sarandí, elevando la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%; incorpora precios de mercado referenciales, para utilizar cuando el precio de venta al consumidor informado resulte inferior al 20% como mínimo del relevado; e incorpora un cálculo de sanciones en base a los precios de mercado relevados, en caso de productos sin documentación o con irregularidades.

Esto permitiría aumentar la recaudación en US$ 922 millones por año, un 24,6%, según la consultora Abeceb. También podría impactar en la recaudación si se autoriza la distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos, que en caso de ser autorizados pagarían un 20% de impuestos, según el proyecto oficial, un porcentaje muy bajo en relación a los impuestos que pagan los cigarrillos, según planteó Otero a Clarín.

Políticos, poder e impunidad

El diputado libertario Carlos Zapata cuestionó la Ley Ómnibus de Javier Milei porque crea “una Gestapo de los precios” contra algunas empresas que venden cigarrillos. «Nada más lejos del liberalismo que poner una Gestapo de precios para fiscalizar los precios a los que se debe tributar», insistió el diputado de La Libertad Avanza (LLA), en declaraciones a Radio Rivadavia, en línea con lo que había planteado Otero, quien también habló usando la palabra de la «Gestapo».

Es que el proyecto le da al Ministerio de Salud la posibilidad de fiscalizar el precio al que venden las empresas los paquetes de cigarrillos, ante la inacción de la AFIP en ir a los kioscos a chequear a qué precio venden sus paquetes Tabacalera Sarandí y otras empresas.

¿Interna libertaria contra Milei? El diputado salteño Zapata (LLA) aseguró además que varios artículos del proyecto de Milei fueron incluidos «por sugerencia de algún actor del mercado», pero que él intentará modificar ese proyecto oficial.

Zapata sería uno de los diputados que haría loby por Otero, según el periodista Carlos Pagni. Pero no el único. Según publicó Pagni, en el diario La Nación, «las multinacionales» tabacaleras también «identifican» detrás de gestiones en favor de Tabacalera Sarandí a Cristian Ritondo y Diego Santilli, del PRO, entre otros.

Pagni contó que la discusión por el impuesto a las tabacaleras «amenaza con convertirse en un escándalo». Y que la empresa de Otero «habría recurrido para esa disputa a grandes celebridades del submundo: desde Antonio Stiuso a Adrián Kochen».

“La Argentina es el único país del mundo donde aumenta el consumo de cigarrillos, porque una de las principales tabacaleras vende sus cigarrillos muy baratos, al dejar de pagar un importante porcentaje de los impuestos. Hay una gigantesca telaraña de corrupción, de la AFIP y la Justicia, hasta espías y dirigentes políticos de todos los partidos, que al principio eran solo del PJ, pero esa ‘cooperativa’ se amplió para que muchos más financien sus campañas con dinero negro del tabaco”, advirtió a Clarín un dirigente político, que pidió conservar su anonimato.

El empresario Otero es un personaje millonario y excéntrico, que algunos definen como un «gentleman driver», ya que es el único latinoamericano que corre en la categoría Porsche Mobil Supercup -y el más veterano-, aportando de su propio bolsillo los grandes costos que tiene el automovilismo deportivo.

Especialistas del mercado, políticos y empresarios competidores de la industria tabacalera lo acusan de “comprar cautelares en la Justicia”, “asociarse con los espías» de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), «apretar gente con los juicios y cartas documento que envían desde el estudio de Maximiliano Rusconi» y “financiar las cajas de la política con una parte de los 500 millones de dólares anuales que se ahorra en el pago de impuestos”, dijeron sus críticos a Clarín.

Pero Otero se defiende, ante Clarín: «Tabacalera Sarandí paga US$ 500 millones al año en diversos impuestos, incluyendo impuestos internos ‘ad valorem’. Nuestros precios han aumentado en línea con la inflación en Argentina. En 2018, teníamos un market share del 12%, y hoy alcanzamos el 33%, en gran medida debido a la disminución del poder adquisitivo y al auge de segundas marcas».

La discusión sobre el proyecto de Ley Ómnibus transparentó una zona de opacidad, donde se evaden casi mil millones de dólares por año, pese a que se trata de una actividad que debería ser de fácil recaudación, como ocurre en la mayoría de los países.

En un momento de crisis económica como la actual, el debate sobre esta cuestión no solo es una cuestión de cómo ayudar a resolver el déficit fiscal, sino también un tema sanitario, para tratar de evitar miles de muertes derivadas del tabaquismo, como el cáncer de pulmón y ver cómo hacer para que baje la cantidad de cigarrillos que fuman los argentinos cada año.