El expresidente expuso su patrimonio en la declaración jurada de cierre de su mandato ante la Oficina Anticorrupción. La suerte de haber hecho una oportuna división de bienes. El patrimonio líquido que declaró María Cantero y que creció 4.900% en cuatro años.
El escándalo de los seguros otorgados a brokers amigos del poder en el gobierno de Alberto Fernández comienza a cerrarse sobre el expresidente y su entorno. Tanto el exmandatario como su secretaria histórica María Cantero -culpabilizada oralmente por Fernández en su primera opinión pública sobre la investigación en su contra- y el esposo de ella, intermediario de las pólizas, amigo y acreedor presidencial, Héctor Martínez Sosa, resultaron inhibidos en sus bienes este martes a pedido del fiscal Carlos Rívolo y del juez Julián Ercolini.
Fernández, Cantero y Martínez Sosa están imputados en la causa que investiga una trama de corrupción mediante intermediaciones de seguros que beneficiaron a brokers privados con comisiones por arriba del mercado. Y son la triada que encabeza una lista de cerca de 30 otros implicados -entre exfuncionarios, aseguradoras y empresarios del sector- cuyos bienes fueron vedados de ser vendidos o transferidos por la Justicia.
A una lista selecta, que cumplía funciones en cargos públicos, Ercolini -a pedido de Rívolo- los incluyó en un pedido especial: una requisitoria a la Oficina Anticorrupción (OA) para que aporte sus declaraciones juradas, donde explicitan sus bienes. En ese grupo de cinco funcionarios entraron Alberto Fernández y su secretaria.
El expresidente, que se ha ufanado en su autopercibida transparencia incluso para contrastarse con su vicepresidenta Cristina Kirchner en temas de corrupción, ahora hace su propio camino en tribunales y el foco se puso en su patrimonio, desde este martes inhibido. Y en el de su asistente Cantero.
La última declaración jurada ante la OA de Fernández es la correspondiente al cierre de su mandato en 2023, presentada el 29 de enero de este año: es la de baja, la que todo funcionario debe presentar una vez dejada la carga pública.
El expresidente explicita en su documento de contralor un patrimonio neto valuado en 14 millones de pesos.
Sin el impacto de sus deudas -entre ellas, la histórica que mantiene con su amigo Martínez Sosa, que dijo es de 20 mil dólares pero en los papeles pesifica en $ 102.240-, Fernández detalla en el ítem «bienes, depósitos y dinero al final del año» la cifra de $17.902.847,99.
Pero la inhibición que le fue impuesta judicialmente no afecta a cuentas ni efectivo. Afuera de la medida judicial quedan una caja de ahorro con 3,5 millones de pesos y otra con una cifra irrisoria en dólares (3 pesos con 69 centavos). Tampoco alcanza a los créditos a favor que declaró: retenciones y percepciones a cobrar por más de 7 millones de pesos y un saldo a su favor por la sociedad Inmueble Callao 1960 SA de poco más de 2 millones.
La restricción para vender y comprar propiedades a Fernández le llegó en buen momento. Es que el expresidente, según expuso en su anterior declaración jurada -la anual, presentada en agosto de 2023-, había tenido ya una oportuna división de bienes.
Entonces se desprendió formalmente de un departamento de 175 metros cuadrados en Recoleta que Fernández declaraba en poco más de 12 millones de pesos y que salió de su patrimonio para ir al de su ex esposa, la abogada Marcela Luchetti -ahora para suerte de ella, que puede seguir disponiendo del inmueble sin restricciones legales-. El expresidente, desde hace años en pareja con Fabiola Yañez, no había formalizado la división de bienes de su primer matrimonio.
Así, pasible de inhibición, Fernández declaró un Toyota Corolla Xei Pack 1.8 Sedan 4 puertas que compró en 2019 y tasó en precio fiscal a poco más de 4,5 millones de pesos.
Luego, tiene bienes de hogar por 530 mil pesos y la mitad del paquete societario de la firma Inmueble Callao 1960 SA que tasa en 84 mil pesos. Esa sociedad contiene a su viejo estudio jurídico -con oficina propia en esa dirección-, que comparte con su histórica socia Marcela Losardo, ex ministra de Justicia devenida embajadora en la UNESCO cuando Cristina Kirchner la apuntó como funcionaria que no funcionaba.
Antes de asumir en la presidencia, Fernández era vecino de prestado en Puerto Madero. Vivía en un departamento propiedad de otro amigo empresario: el publicista y exfuncionario Enrique «Pepe» Albistur le cedió -al parecer sin costo alguno- una unidad en la exclusiva torre River View. La esposa de Albistur, Victoria Tolosa Paz, es diputada en la actualidad y antes fue ministra de Desarrollo Social en el gobierno de Alberto Fernández.
Curiosidades en el patrimonio de la secretaria de Alberto F.
Su cargo formal era secretaria privada adjunta del presidente. María Cantero cumplió ese rol durante los cuatro años de mandato de Alberto Fernández y casi durante toda su carrera política, desde que fuera designado en la Superintendencia de Seguros en tiempos de Carlos Menem e incluso cuando fuera jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.
Sobre Cantero, su jefe Fernández puso dudas cuando dijo que «se extralimitó» en caso de haber hecho alguna gestión en favor de su marido, el broker Martínez Sosa, quien en tiempos de cuarentena estricta visitó a su amigo presidente en la Quinta de Olivos.
La última declaración jurada de la secretaria ante la OA, es prácticamente líquida. Cantero dejó la función pública con dos cajas de ahorro que sumaban 341 mil pesos, bienes de hogar por 2 millones y 50.100 dólares en efectivo, que declaró provenientes de una «venta de activos» y que cotizó en 40,3 millones de pesos.
El patrimonio explicitado por Cantero -superior al del propio expresidente- fue tasado en $42.812.372,62. La secretaria, no obstante, aportó dos curiosas observaciones en su presentación obligatoria de bienes.
«Soy cotitular de la cuenta bancaria (se omite el número) del Santander Río y de una cuenta bancaria del Citibank del exterior. Los fondos de ambas cuentas provienen de la actividad que realiza mi concubino, Héctor Martínez Sosa, por lo que son declaradas por él», acotó Cantero a pie de página del documento.
Y agregó: «Adicionalmente tengo un Jeep Wrangler Sport 3,8L, que me fue donado por mi concubino en 2009. Dicho rorado es declarado por mi concubino en su declaración jurada de Bienes Personales», sostuvo la funcionaria. Al menos, una extraña excusa para dejar un bien fuera de la órbita del escrutinio de la Oficina Anticorrupción por la hendija legal que permite, desde una modificación kirchnerista de la normativa, eludir en las declaraciones juradas los bienes a nombres de cónyuges.
Martínez Sosa, empresario de los seguros, no está obligado más que ante la AFIP a exponer su patrimonio -y allí fue la requisitoria judicial para inhibirlo desde la Justicia.
Lo curioso es que ese vehículo que Cantero declaró donado era parte de su patrimonio al asumir. En 2019 lo tasaba en 367 mil pesos. En esa presentación inicial, también declaraba ser propietaria del 30 por ciento de una casa en San Fernando de 569 metros cuadrados que valuaba en apenas 274 mil pesos.
De esa manera, Cantero muestra poco y nada afectado por la inhibición judicial. Así y todo, la secretaria asumió el mandato de Fernández declarando un patrimonio de 854.945 pesos. En cuatro años, expuso oficialmente una suba del valor de sus bienes de un 4.900%.
De ella y de su marido, como de Alberto Fernández, se ordenó además el levantamiento del secreto bancario.
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