La Secretaría de Medio Ambiente aportó un informe a la causa contra Agrotécnica Fueguina.El documento indica la realización de estudios y solicita la geomembrana.
El amparo ambiental colectivo que encaró la vecina del barrio solidaridad Jorgelina Franco, en agosto del 2017, en el que acusa a la Municipalidad, la Secretaría de Medio Ambiente y a Agrotécnica Fueguina de inacción y contaminación respectivamente, toma fuerza con la evaluación y posterior recomendación que realizó nada menos que una de las partes demandas, según informó El Tribuno.
En el marco de la causa que se inició por la demanda, la Secretaría de Medio Ambiente recomendó clausurar la trinchera 1, que se había cerrado en 1999 porque estaba colapsada pero luego se reabrió y hoy es el espacio donde se vierten los residuos de la ciudad. Además, marcó requisitos que debería cumplir Agrotécnica Fueguina, empresa a cargo de la recolección y disposición de residuos, en la próxima trinchera a utilizarse: la 4.
«Recomendamos que se clausure la trinchera que se usa actualmente», aseveró Liliana Ruarte, directora de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente provincial. Además de la sugerencia de cierre del actual depósito, que trabaja por fuera de su capacidad, desde el organismo provincial le hicieron llegar al juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Marcelo Domínguez, a cargo de la causa, otras revisiones sobre la actual gestión de residuos.
«La trinchera 4 tiene que contar con estudios de impacto ambiental, que se implemente la separación en origen para reducir los residuos y que se ponga una cortina forestal alrededor», enumeró Ruarte sobre las sugerencias.
Desde la Secretaría, se le informó además al juez sobre «las observaciones que se hicieron en el marco de la ley provincial de medio ambiente N´ 7.070, norma que Agrotécnica Fueguina estaría incumpliendo, dada la situación actual de irregularidad en que se encuentra.
Luis Segovia, abogado de los vecinos denunciantes, criticó la actitud de la Secretaría, que calificó como «pasiva».
«El rol de la Secretaría es más que recomendar. No hicieron nada para sancionar a la Municipalidad que tiene la facultad. No me parece vasta ni suficiente la actitud que muestran», expresó.
Los vecinos demandantes hicieron foco en las mismas «fallas» que marcó la Secretaría, como la falta de la cortina forestal. Durante una de las audiencias, señalaron que la ausencia de arbolado (que debería cercar el predio), provoca, entre otras cosas, que no se renueve el aire, y que «vuele basura todo el tiempo».
Segovia también se refirió a la falta de estudios. «Hacen casi todo ilegal. Para autorizar un proyecto de alto impacto ambiental como un nuevo relleno sanitario, tienen que presentar previamente el estudio de impacto ambiental (EIA), ya que sin eso no se puede hacer el procedimiento de evaluación ambiental y social (Eiays), y por lo tanto no se le puede otorgar el certificado de aptitud ambiental. El cual no tienen desde 2015. Tampoco tienen seguro ambiental ni cumplen el pliego de condiciones», advirtió el abogado.
El depósito de basura 1, que se usa actualmente, se clausuró en 1999, el dos en el 2011 y el tres en el 2016. En ese momento, se debería haber habilitado la trinchera 4, aunque no se hizo por falta de la geomembrana y por el amparo presentado por vecinos que logró poner los ojos en los procesos de habilitación de los depósitos. Ante la imposibilidad, se volvió a utilizar la trinchera 1.
«El módulo 1 ya estaba clausurado, no puede volver a ser usado como vertedero. Porque son lugares que se clausuran para recuperarse, y luego volver a ser integrados. Volver a usarlo como vertedero es ilegal. Los módulos de relleno sanitario tienen 4 fases: habilitación, operación, clausura, posclausura. Luego de la clausura, viene la posclausura y deben seguir siendo operados para recuperar gas y lixiviados que se producen como mínimo por 30 años. Luego de eso, el terreno puede volver a integrarse al paisaje», explicó Segovia.
Con la trinchera que se utiliza actualmente totalmente colapsada, y una incertidumbre sobre cuándo se obtendrá la geomembrana para habilitar la próxima a explotar, el futuro del vertedero San Javier es incierto.
La membrana
Para la habilitación de la trinchera 4 se necesita una geomembrana que hace algunos meses costaba 25 millones de pesos y aún no se adquirió. Primero se informó que la pagaría Agrotécnica Fueguina y luego que la financiaría el municipio, pero esa posibilidad fue echada por tierra por el Tribunal de Cuentas, que cuestionó que se compre con fondos públicos cuando le “correspondía a la empresa”.
Luego, el intendente Gustavo Sáenz indicó que sería costeada por la Nación. En noviembre pasado Gastón Galíndez, secretario de Medio Ambiente municipal, indicó que técnicos de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Nación habrían señalado que no era necesaria. Entre idas y vueltas, la funda impermeable de 2 mil micrones sigue sin obtenerse, lo que limita la habilitación de la trinchera 4.
La necesidad de la geomembrana fue advertida por la Secretaría de Medio Ambiente. “Cuando tomamos conocimiento de que se iba a abrir una nueva trinchera y entendiendo que está próxima al río y a barrios aledaños, hemos observado que para la trinchera 4 es necesario contar con un estudio de impacto ambiental previo y con la geomembrana a fin de evitar cualquier inconveniente”, señaló la directora de Gestión Ambiental.
La empresa justificó que la geomembrana no era necesaria porque contaban con un suelo arcilloso que garantiza la impermeabilización de la tierra ante las filtraciones de líquidos lixiviados. “Más allá del estudio de suelo arcilloso, recomendamos la membrana”, insistió Ruarte. Consultada sobre por qué la geomembrana no se requirió para la habilitación de las demás trincheras, indicó: “Se la pide ahora porque en esta tomamos conocimiento. El relleno San Javier data de antes de la ley 7070”.
Niegan expansión de Agrotécnica
Agrotécnica Fueguina planea expandir el vertedero hacia el río arenales con una quinta trinchera, lo que fue descartado por la Secretaría: “Hay unas trincheras que están más próximas al río que otras. Recomendamos que la trinchera 5 se use para escombros u otras cosas, pero no como relleno sanitario, esa está muy cerca del río, creo que un vértice le pega al río. Pero solo es una recomendación porque los municipios son autónomos”, recalcó la funcionaria provincial.
El juez Domínguez le dio plazo hasta el 25 de septiembre a la Municipalidad para que “acredite fehacientemente la realización y culminación de la evaluación de impacto ambiental (EIA) sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del módulo IV del vertedero San Javier, ya sea que se otorgue o no el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM), y de los estudios preliminares legales, como así también demuestre con precisión y acompañando los instrumentos pertinentes, el estado de avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geomembrana destinada a cubrir la base del citado módulo Nº IV, todo ello bajo apercibimiento de aplicarse medidas más gravosas.”
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