La publicación en el Boletín Oficial de la actualización del «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo», firmada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, generó múltiples reacciones en el arco político.
Además de las organizaciones que pulsearon a favor y en contra de la legalización del aborto en el Congreso, un sector del macrismo salió a pedir la renuncia del funcionario, mientras que desde el radicalismo manifestaron su solidaridad.
«Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica», sostuvo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
«El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional», agregó Pinedo, apuntando nuevamente los cañones contra Rubinstein, funcionario de Mauricio Macri.
Lejos estuvo de ser el único caso. Algunos legisladores repitieron en las redes las palabras de Pinedo, como la senadora del radicalismo tucumano Silvia Elías de Pérez, y otros sumaron sus propias voces, como la diputada nacional electa por el macrismo porteño, Dina Rezinovsky, que directamente pidió la renuncia de Rubinstein.
«El secretario de salud Rubinstein resuelve ampliar el protocolo nacional para descartar niños y destruir mujeres. Se olvida que tras meses de debate el Congreso dio un rechazo total a la ley del aborto. Espero su renuncia y que se deje sin efecto esta resolución inconstitucional», escribió la diputada en Twitter.
En apoyo de Rubinstein salió el exsenador radical Ernesto Sanz, uno de los fundadores de Cambiemos. «Mi solidaridad, apoyo y afecto a Rubinstein, un funcionario ejemplar, un lujo de la salud pública. Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión», escribió el mendocino en Twitter.
Lo mismo hizo el exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra. «Mi apoyo absoluto y toda mi solidaridad a Rubinstein, un funcionario ejemplar. El protocolo que dictó responde al fallo de la corte y al código penal vigente, tratando de solucionar un problema grave de salud pública. Resulta inentendible su derogación», destacó.
Además de evitar la obstaculización de un aborto no punible por vía judicial, burocrática o médica, situación que se repite en el país incluso en los casos de abortos no punibles previstos por la ley, el nuevo Protocolo señala que para acceder a la interrupción legal del embarazo se requiere solamente del pedido de la mujer que busca practicarlo, con consentimiento informado y mediante una declaración jurada en la que afirma que su caso se encuentra entre las causales de no punibilidad previstas por la ley, como cuando el embarazo es producto de una violación o representa un peligro para la vida y la salud de la gestante.
Pero el nuevo protocolo también establece que la intervención debe hacerse en no más de diez días desde el pedido y que no puede ser rechazada por ninguna institución pública o privada, al considerar que la objeción de conciencia es individual y no puede ser institucional.
«Uno de los ejes prioritarios de trabajo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación es la política pública diseñada y sostenida para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en todos los casos contemplados por el Código Penal y refrendados por el Fallo F., A. L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», sostiene el anexo de la actualización publicada hoy.
Además de citar la normativa y doctrina local a la que se ajusta el protocolo, Rubinstein destacó que el protocolo atiende «las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo» y refuerza «la importancia del acceso rápido a la atención integral y a la práctica, haciendo hincapié en la atención en primer nivel y los tratamientos con medicamentos».
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