El nuevo sistema procesal debió haber entrado en vigencia el 5 de septiembre pasado. Es la segunda postergación y por el mismo motivo: falta de infraestructura y personal.
Pasó un nuevo año sin que se pueda implementar en la provincia el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal para menores de 18 años. El conjunto de normativas para adolescentes en conflicto con la ley fue aprobado por ley provincial en 2018 y tendría que haber empezado a regir desde el 5 septiembre de 2019, pero en esa oportunidad se decidió una prórroga para aplicarlo a partir de este mes mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Cumplido ese plazo, la Legislatura y el Ejecutivo provincial determinaron volver a posponer por 12 meses más, hasta septiembre de 2021, la habilitación del régimen penal juvenil.
Las razones de la prórroga son las mismas que las de hace un año: faltan recursos humanos y la infraestructura necesaria para poner en marcha la ley que adapta el proceso penal que rige para niños, niñas y adolescentes al sistema acusatorio, que fue aprobado en Salta en 2011. El nuevo régimen también reconoce principios, garantías y derechos fundamentales para ese grupo de personas.
Para llevar adelante el nuevo proceso, se deberían designar, al menos, 15 cargos entre fiscales penales juveniles, defensores oficiales y asesores de incapaces.
La demora en la implementación del sistema acusatorio penal juvenil implica, además, una asimetría en el acceso a la Justicia con respecto a los mayores de edad, a quienes en la provincia les cabe ese método judicial, que entre otras cosas conlleva una mayor rapidez en el trámite de las causas, que deben ser llevadas adelante por fiscales.
Agregue un Comentario